Ethos Político. Limpia en el Poder Judicial

Limpia en el Poder Judicial

Las juezas y jueces, magistradas, magistrados y consejeras y consejeros del Poder Judicial del estado de Guanajuato deben ir poniendo en orden sus asuntos pues ya tienen en el horizonte la limpia que deberá hacerse en el sistema de justicia local, gracias a la reforma constitucional federal que obliga a que quienes ocupen estos puestos en la administración de justicia deben emanar de una elección popular. En el Congreso del Estado, el Grupo Parlamentario del PAN ya adelantó pasos y ha propuesto una armonización constitucional que señala el 2027 como el año del parto del nuevo Poder Judicial.

El pasado 15 de febrero, al inaugurarse el segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional de la 66ª. Legislatura, el coordinador del GPPAN, Jorge Espadas Galván, presentó ante sus pares -al alimón con su aliada, la representante perredista, María del Pilar Gómez Enríquez- la iniciativa de reforma y adiciones a la Constitución Política del Estado de Guanajuato, sobre la integración y funcionamiento del Poder Judicial local. Como en el caso federal, propone, deberán ser electos por los ciudadanos sus integrantes, previas convocatoria y cumplimiento de requisitos que establecerá el Congreso del Estado; la organización de la elección corresponderá al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y se instaurará un Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial, con lo que desaparecerá, de paso, el Consejo del Poder Judicial, a su creación y elección de integrantes.

Con este movimiento, podría decirse que la articulación de esta reforma a la Constitución Local, obligada además por la reforma federal, deberá ser el gran producto de este nuevo periodo ordinario de sesiones que, entre otras cosas, se destacará por la glosa al primer informe de labores de la gobernadora, Libia Dennise García Muñoz Ledo, en marzo (donde se verá que tanta transparencia y rendición de cuentas hay en el nuevo comienzo), así como la revisión del informe de la Fiscalía General del Estado a presentarse a fines de febrero, por su nuevo titular, Gerardo Vázquez Alatriste, a quien tratan de grillar y debilitar actores políticos y sus amigos en medios, con un falso debate sobre su doctorado, que parte de la ignorancia y de la mala fe. 

El fiscal no ha violado ley alguna ni, hasta donde se observa, mentido sobre su doctorado, pues lo tiene. El artículo 95 de la Constitución Política del estado de Guanajuato refiere que para ser titular de la Fiscalía General del Estado se requiere: “tener ciudadanía mexicana en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos; tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación; contar con título profesional de licenciatura en derecho con antigüedad mínima de diez años; gozar de buena reputación y no tener o haber tenido condena por delito doloso”.

No se ve donde se le pida doctorado y segundo, una cosa es tener el grado de doctorado, que acredita una institución educativa y otra, registrar el grado ante el Registro Nacional de Profesionistas. Para ejercer la abogacía basta la licenciatura; se puede tener el doctorado (el grado lo decidió y otorgó una instancia educativa y no un burócrata en la SEP) y no el registro, que en efectos prácticos es sólo una constancia para el expediente. Así que se ha tratado de golpear al fiscal con inquina. La pregunta es qué intereses, en tiempos donde se busca atajar al crimen organizado, tratan de lastimar a Vázquez Alatriste. ¿De dónde sale esa manita negra?

Para cerrar el comentario sobre la reforma propuesta por el PAN y el PRD, falta ver si Morena (que coordina David Martínez pero tiene varias cabezas) presentará la suya o si el PRI va de pleno con la albiazul. Las discusiones, según se vislumbra, vendrá sobre la conformación y operación del sistema de fiscalización de togados y jueces, con el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial. Las dudas en algunos legisladores de la oposición al PAN radican en la conformación de una Comisión Unitaria del Tribunal de Disciplina Judicial, bajo una ley reglamentaria, para que sea autoridad sustanciadora y resolutora en primera instancia. Creen que puede haber una trampa ahí para salvar almas entre quienes llevarán las funciones judiciales.

Curioso resulta, además, que en el artículo 85 constitucional de la propuesta se pide que los aspirantes a magistrado o magistrada tengan un mínimo de 8 de promedio en su carrera de licenciatura e inmediatamente se les pida un nueve en “las materias” relacionadas con el cargo para el que se postulan en licenciatura, maestría o doctorado. La iniciativa, se entiende, tiene detalles que deberán ser observados con lupa. Este requisito podría estar violando derechos.

En el PRI, este fin de semana, su coordinador, Alejandro Arias, señaló en su tribuna una serie de críticas al gobierno federal y al gobierno estatal. Les preocupa a las dos diputadas, Ruth Tiscareño y Rocío Cervantes, y al propio Arias, la inseguridad que asola el estado y pondrán, se sabe, mucha atención a la reforma del poder judicial, que pasa a ser parte del problema y la solución; no serán aliados automáticos.

A Jaime Rochín lo perfilan "quemado"

Conforme se acerca el momento en que el Congreso del Estado tomará ruta definitiva para nombrar a quien llevará la titularidad de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG), la aspiración de Sergio Jaime Rochín Del Rincón se diluye en el ánimo de varios legisladores, quien a pesar de buscar el cargo, no ha dejado su puesto en la Comisión para Víctimas de Guanajuato, mostrándose como admirador del “chapulineo”, haciendo uso mediático de su encargo para mantenerse como “figura pública y crítica” ante cualquier tema que le haga ver como adalid de los derechos humanos, comentando en redes sociales casos tan sensibles como el de Mateo Santiago, eso sin contar que entre la izquierda hay quienes lo ven como inoculado en Guanajuato gracias a sus amigos del foxismo y calderonismo, un pasado que no se quiere en la 4T.

Quienes en Las Enredaderas observan su actuar, creen que está usando su posición y recursos públicos para elevar su presencia mediática y cabildear a favor de su aspiración a la PRODHEG. Además de que no cayó muy bien su deslinde de todos los procesos, que precisamente en la procuraduría le siguen a denuncias por presuntos actos de violación de derechos en la Comisión que preside, porque si bien en muchos ha sido exonerado el ente, en muchos sigue en revisión. Preocupa la cantidad de quejas. Creen sus críticos que primero debe “poner orden en casa”, ya que decidió seguir cobrando ahí.

También hay legisladores que creen hubo un enorme error del magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Héctor Tinajero Muñoz, al haber recomendado, a los diputados, vía carta con papel oficial y firmando en calidad de titular del Poder Judicial, a Karla Alejandra Escárcega Robledo para ocupar el cargo. Creen que es una intrusión en el proceso de una de las cabezas de uno de los poderes del estado en una decisión que compete al Legislativo y que de paso discrimina, desde su cargo, a otros ciudadanos aspirantes. Otra cosa es el cabildeo personal, en todo caso.

Se despliega la política social de Libia

Ha iniciado la entrega de las llamadas tarjetas rosas en Guanajuato, destinadas a las mujeres, una política social que levanta críticas por parte de Morena en la entidad, pero de la que no hace ruido ese partido cuando gobiernos de sus colores lo hacen, como en Estado de México. Allá si se puede, acá no.

Así las cosas, podría decirse que inicia el despliegue de los esfuerzos del gobierno de Libia Dennise García Muñoz Ledo por llevar apoyos sociales a población vulnerable. Y no será sólo de forma virtual o por mera entrega de tarjetas; no, lo hará tocando tierra, recorriendo plazas y calles el personal de la Secretaría del Nuevo Comienzo, que lidera Rosario Corona Amador, que hoy dará detalles de esta estrategia junto a la gobernadora en su espacio de los lunes “Conectando con la Gente”. Mañana martes inicia la gira de las “Caravanas de la Gente”.

Sí, en Silao, en un acto que será en el Jardín Principal, la gobernadora, Libia Dennise García Muñoz Ledo, presentará este programa donde módulos de diferentes dependencias ofrecerán diversos servicios “de manera ágil y directa”, como atención a las mujeres, asesoría jurídica gratuita, orientación personalizada para acceder a programas sociales y trámites del Registro Civil y del Registro Público Vehicular (REPUVE), entre muchos otros.

El acto tendrá el cobijo de la alcaldesa Melanie Murillo, de gran cercanía con la mandataria estatal (cabe recordar que ella fue la oradora de parte de los alcaldes en la presentación de la estrategia de seguridad CONFIA). Las Caravanas de la Gente llegarán a los 46 municipios de Guanajuato, una estrategia de atención ciudadana directa a la población de la que no se tiene registro, a ese nivel, en el historial político del estado.

Libia Dennise no piensa dejar que se coma Guanajuato la superdelegada federal, Alma Alcaraz, que trae un ejército y grandes recursos federales y anda empadronando a miles de guanajuatenses.

Sin embargo, un tema también anida en la mente de la primera gobernadora en Guanajuato, se avecina un fuerte recorte de recursos federales para el estado y los municipios. Héctor Salgado Banda ya debe estarle haciendo escenarios y soluciones para esta disminución de recursos que ponen en riesgo muchos programas estatales. ¿La causa de los futuros recortes?, bueno, ya en la Secretaría de Hacienda han comenzado a proyectar la disminución de ingresos a las arcas públicas ante la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos a productos nacionales; para empezar, ya están a los bienes que son de acero y aluminio, que llevarán a la baja las exportaciones de muchas empresas y por ende el pago de menos impuestos. Si en marzo la cosa se pone peor, agárrense todos.