Las mesas de trabajo, o más bien de negociación, entre los equipos de México y Estados Unidos se suceden a toda velocidad. Desde que el presidente Donald Trump diese febrero como mes de margen sin imponer la tarifa del 25% sobre las exportaciones mexicanas a Estados Unidos, el Gobierno de Claudia Sheinbaum, en coordinación con el empresariado mexicano, trabaja a contrarreloj para alcanzar un nuevo acuerdo y lograr desactivar una bomba comercial que sacudiría la economía mexicana. El cruce de agendas que ha impuesto Trump, al supeditar los aranceles contra México a los logros en materia de seguridad y migración, elevan el grado de complejidad de las negociaciones. No obstante, en el Gobierno de México confían en que el buen hacer del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, redunde en acuerdos comerciales. Para ello, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el subsecretario de Comercio, Luis Rosendo Gutiérrez, se desplazarán a Washington la próxima semana. El horizonte más optimista contempla un acuerdo total; el más razonable, al menos una prórroga más en la imposición de aranceles.
Desde el Gobierno de México, según varias fuentes de alto nivel consultadas en distintas dependencias, se insiste en que para Washington la prioridad es controlar el tráfico de fentanilo y el crimen organizado. Cómo se traduce eso a la práctica sigue siendo una incógnita, pero las continuas detenciones y decomisos que se han hecho las últimas semanas van en esa línea. A la espera de conseguir mayores réditos, o más mediáticos, al menos, México contempla una serie de propuestas para desactivar la bomba arancelaria. Entre ellas, según fuentes empresariales, estarían una mayor vigilancia en aduanas; medidas fitosanitarias sobre las exportaciones de carne de puerco a EE UU; cambios en las reglas de origen del TMEC para frenar la importación de automóviles chinos a territorio mexicano y más barreras a las importaciones asiáticas, en específico, de China, Vietnam y Tailandia, así como una mayor vigilancia sobre las importaciones tecnológicas de Rusia. Poner freno a la presencia china en México es, en materia comercial, la obsesión de Washington.
Si a finales del año pasado la conversación en Washington giraba en torno a la migración y a los esfuerzos que México debía hacer para contener y recibir miles de migrantes deportados, la retórica de Estados Unidos se centra ahora en atacar a su vecino por el frente del fentanilo y la crisis de seguridad. Mientras todos en el Gabinete mexicano dirigen la mirada a los logros que pueda conseguir Harfuch contra el crimen, en materia económica la batuta la llevan el equipo de Ebrard y Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del Consejo Asesor Empresarial y que cuenta con una confianza absoluta de la presidenta.
Ebrard y la Secretaría de Economía, en cuyas dependencias se suceden reuniones que incluyen incluso a representantes de la Administración del Gobierno de Enrique Peña Nieto, enarbolan la experiencia previa en 2018, cuando negoció con el gabinete de Trump la cancelación de aranceles contra México y el compromiso de una mayor militarización de la frontera norte. Al menos dos fuentes del Gabinete, no obstante, apuntan que quien lidera el hilo directo con Washington, sin hacer mucho ruido, es el canciller Juan Ramón de la Fuente. Además, todos son conscientes de que resolver en el corto plazo el amago arancelario de Trump no depende tanto de la cartera de Economía como de los golpes contundentes que Harfuch consiga contra las bandas del narcotráfico.
En la trinchera comercial, tan pronto se anunció el arancel generalizado de EE UU a México, el 1 de febrero, el subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez, viajó a Washington para tener una primera toma de contacto con sus pares en la Casa Blanca. Fuentes de Economía confirman que, en las últimas semanas, Ebrard ya ha hablado en un par de ocasiones con el candidato a secretario de Comercio, Howard Lutnick. En el horizonte, además, se prevé que el funcionario se reúna la semana que viene en Washington con Lutnick, una vez que este sea ratificado en el cargo por el Senado.
En la agenda de trabajo de Economía de los próximos días se avizora otra reunión, esta con Jamieson Greer, próximo representante comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), a la espera también de su aval en el Senado. Durante el primer mandato de Trump, Greer fue jefe de personal del entonces representante comercial, Robert Lighthizer, y desempeñó un papel clave en el equipo encargado de asesorar sobre políticas comerciales. La figura de Lighthizer sigue teniendo un papel omnímodo en los encuentros y en las conversaciones entre México y Estados Unidos, así como la de Peter Navarro.
En la última milla del trabajo binacional, cada día cuenta. En juego están más de 500.000 millones de dólares de exportaciones mexicanas enviadas al mercado estadounidense al año, un flujo récord que se frenará si los amagos arancelarios cristalizan. Así, la primera línea de flotación del Gobierno de Sheinbaum deberá operar comercial, financiera y diplomáticamente para contener y revertir rápido lo que pretende ser un golpe de lleno a la economía mexicana.
