Donald Trump sufrió este miércoles el mayor varapalo judicial de su segundo mandato como presidente. El Tribunal Internacional de Comercio de Estados Unidos, el órgano jurisdiccional especializado con competencias en la materia, declaró este miércoles ilegales los aranceles generalizados a las importaciones impuestos por Trump en virtud de una ley de poderes de emergencia. En la práctica, la decisión hace saltar por los aires la guerra comercial generalizada. Los mercados celebraron la sentencia, puesto que los aranceles amenazaban con meter a Estados Unidos en recesión y provocar un aumento de los precios.
El Gobierno de Trump ya ha notificado que recurrirá la sentencia, dictada por un tribunal de tres jueces. En principio, el recurso debería presentarse ante un tribunal federal de apelaciones, pero el caso puede acabar llegando al Tribunal Supremo, que tiene una mayoría de seis jueces conservadores frente a tres juezas progresistas.
El fallo se produjo al resolver dos demandas en las que se argumentaba que Trump había invadido las competencias del Congreso, se había excedido en su autoridad, había dejado la política comercial a merced de sus caprichos y cambios de humor y había desatado un caos económico.
La decisión del tribunal con sede en Nueva York declara ilegales y anula la gran mayoría de los aranceles decretados por Trump, incluidos los impuestos del 25% a las importaciones de Canadá y México y del 20% a las de China con la excusa del fentanilo y la inmigración, y los falsos “aranceles recíprocos” a todo el mundo, anunciados el mal llamado Día de la Liberación, que se redujeron de forma generalizada en el 10% después de que el presidente rectificase y concediese una tregua parcial de 90 días ante la presión de los mercados.
“Las órdenes arancelarias impugnadas serán anuladas y se prohibirá permanentemente su aplicación. No se trata aquí de una medida cautelar estrictamente adaptada a las circunstancias; si las órdenes arancelarias impugnadas son ilegales para los demandantes, lo son para todos”, concluyen tajantes los tres jueces por unanimidad. Uno de ellos, Timothy Reif, fue nombrado por el propio Trump; otra, Jane Restani, por Ronald Reagan, y el tercero, Gary Kazman, por el demócrata Barack Obama.
“La cuestión que se plantea en los dos casos ante el tribunal es si la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 (IEEPA) delega estos poderes al presidente en forma de autoridad para imponer aranceles ilimitados a los productos de casi todos los países del mundo”, dice la sentencia de 49 páginas. “El tribunal no interpreta que la IEEPA confiera tal autoridad ilimitada y anula los aranceles impugnados impuestos en virtud de la misma”, añade.
La declaración de nulidad de los decretos arancelarios impugnados tiene eficacia inmediata, pero el tribunal, en otra resolución de tres páginas, da un plazo de 10 días para que se dicten las órdenes administrativas necesarias para hacer efectiva su decisión. No queda claro con ello si el Gobierno seguirá intentando aplicar las tasas ilegales durante ese plazo. Las negociaciones comerciales con otros países que están en marcha también quedan en el alero, al menos provisionalmente. Trump usaba los aranceles como herramienta de presión.
La sentencia no entra a analizar los aranceles del 25% a la importación de acero, aluminio, vehículos y componentes, dictadas en virtud de otras disposiciones. Hipotéticamente, Trump podría tratar de imponer nuevos aranceles a otros productos o utilizando otras delegaciones de poderes. La sentencia reconoce al presidente la posibilidad de aprobar aranceles por un periodo limitado de 150 días y con un techo del 15% en respuesta al déficit comercial, amparándose en otra disposición legal. La confusión parece asegurada.
Los jueces recuerdan que, con carácter general, la competencia para imponer aranceles corresponde al Congreso, no al presidente. La IEEPA permite al presidente regular las importaciones y exportaciones en respuesta a determinadas emergencias no bélicas, al tiempo que subraya que el hecho desencadenante debe ser una “amenaza inusual y extraordinaria”.
Trump aprobó diversas declaraciones de emergencia nacional y luego las usó para atribuirse el poder de gravar las importaciones en una interpretación muy discutible de la ley que el Tribunal de Comercio Internacional no considera admisible. Ningún otro presidente ha utilizado la IEEPA para imponer aranceles como los de Trump en las cinco décadas transcurridas desde la promulgación de dicha ley.
Las tasas a las importaciones fueron recurridas ante el Tribunal de Comercio Internacional tanto por una docena de Estados demócratas como por The Liberty Justice Center en representación de un grupo de empresas (V.O.S. Selections, Genova Pipe, MicroKits, FishUSA y Terra Cycling) que alegaban haber sufrido perjuicios económicos por los aranceles. La sentencia es común para ambos casos.
Los jueces analizan, por un lado, los aranceles mundiales y los de retorsión, es decir, de represalia contra otros países y, por otro, los referidos al tráfico de drogas y la entrada de inmigrantes.
En cuanto a los aranceles mundiales y de retorsión, señalan que la ley concede poderes al presidente en caso de emergencia para “regular el comercio”. En algunos casos, eso se puede hacer con aranceles, pero “bajo cualquier interpretación que sea compatible con los principios de separación de poderes en los que se basan las doctrinas de la no delegación y las cuestiones importantes, no autoriza nada tan ilimitado como los aranceles mundiales o de retorsión”, argumentan. “Cualquier interpretación de la IEEPA que delegue una autoridad arancelaria ilimitada es inconstitucional”, sentencian.
Por su parte, en el caso de los aranceles dictados por Trump tomando como pretexto el tráfico de fentanilo o la entrada de inmigrantes, lo que argumentan los jueces es que en ese caso no se cumple la exigencia legal de que dichos impuestos sirvan para “hacer frente a una amenaza inusual y extraordinaria”.
Los jueces dicen que imponer impuestos a mercancías legalmente importadas no sirve para “hacer frente” a los problemas de inmigración o narcotráfico. No consideran válido el argumento del Gobierno de Trump de que los aranceles hacen frente a esos problemas al suponer una medida de presión para los Gobiernos de México, Canadá y China. “Las órdenes tendrían que ‘hacer frente’ a ese problema específico, no crear una ‘palanca’ aparentemente para hacerlo”, razonan. Si se admite el argumento de la presión indirecta de Trump, “entonces todo está permitido”. Los jueces no discuten que esa estrategia pueda ser efectiva y funcionar, pero sentencian que simplemente no está permitida por la ley.
“El tribunal sostiene que la IEEPA no autoriza ninguna de las órdenes arancelarias mundiales, de retorsión o contra el tráfico [de inmigrantes o drogas]”, dice el fallo en su parte dispositiva. “Las órdenes arancelarias mundiales y de retorsión exceden cualquier autoridad otorgada al presidente por la IEEPA para regular la importación mediante aranceles. Los aranceles contra el tráfico no son válidos porque no abordan las amenazas establecidas en dichas órdenes”, añade, antes de decir que esa conclusión da derecho a los demandantes a que se dicte sentencia de forma sumaria, sin más trámites.
La decisión es quizá el mayor revés sufrido hasta ahora por Trump en los tribunales durante su segundo mandato, en el que el presidente está poniendo a prueba los límites del poder presidencial dentro de su deriva autoritaria.
Una de las demandas había sido presentada en abril por una docena de Estados demócratas liderados por Nueva York. Consideraban que Trump había impuesto ilegalmente aumentos de impuestos sin precedentes a los estadounidenses, saltándose la autoridad del Congreso.
“Demandamos a la Administración Trump por su ridícula política arancelaria, ¡y GANAMOS!“, tuiteó la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul. ”Un arancel es solo un impuesto encubierto. Nueva York está luchando para detener estos aranceles y devolverle el dinero a su bolsillo", añadió.
“Esta es una gran victoria para las familias trabajadoras, las empresas y el Estado de derecho”, escribió la fiscal general de Nueva York, Letitia James. “El presidente no puede ignorar la Constitución e imponer subidas de impuestos masivas al pueblo estadounidense”, añadió.
Un portavoz de la Casa Blanca afirmó que “no corresponde a jueces no elegidos decidir cómo abordar adecuadamente una emergencia nacional”. “El trato no recíproco de otros países hacia Estados Unidos ha alimentado los déficits comerciales históricos y persistentes de nuestro país”, declaró el portavoz Kush Desai en un comunicado citado por Bloomberg. “Estos déficits han creado una emergencia nacional que ha devastado comunidades estadounidenses, dejado atrás a nuestros trabajadores y debilitado nuestra base industrial de defensa, hechos que el tribunal no ha cuestionado”, añadió.
Trump se mantuvo activo en su red social, Truth, con mensajes variopintos, pero no tuiteó nada relativo a la sentencia durante el miércoles.
