Ethos Político. Desigualdad trágica

Desigualdad trágica 

La reciente advertencia de la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, sobre la “capacidad de fuego” de los criminales a la hora de enfrentar a las fuerzas del orden en el estado, ha puesto en el centro del debate una realidad alarmante: la desventaja de las policías del estado frente a los grupos delincuenciales que tienen mayores capacidades de ejercicio de la violencia gracias al tráfico de armas que prospera desde la inacción de autoridades de los Estados Unidos y mexicanas; una realidad que ya superó hace rato la teoría de que los agentes del orden municipales y estatales no deben portar armas automáticas reservadas al Ejército, Armada y Fuerza Aérea, ya sea porque no están capacitados o porque los viejos revolver o semiautomáticas que usan bastan. El momento histórico ya no corresponde con la doctrina tradicional.

En los últimos días han sido asesinados en emboscadas seis policías en servicio que ya no regresaran más con sus familias. Cuatro de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato y dos más de las fuerzas municipales de Jerécuaro, que deben sumarse a decenas más asesinados por los criminales en semanas y meses pasados, inclusive ultimados al lado de sus pequeños hijos en estado franco. Los criminales los tienen como patitos en estand de tiro.

Claro que no basta sólo armarlos de forma más poderosa, pues también debe revisarse los modos en que patrullan; mejorar sus vehículos y profundizar las tareas de inteligencia y vigilancia. Pero… estar mejor armados sí equilibraría al menos la pelea a la hora de repeler o enfrentar a los criminales. Y aunque la idea es polémica porque en México le soplamos al jocoque, también debe revisarse todo lo que se generó sobre derechos humanos y uso de la fuerza, que limita las respuestas ante las agresiones. El crimen organizado se ha convertido ya en un enemigo pleno del Estado, no sólo es un elemento disruptivo en la seguridad pública, ya es un problema de seguridad nacional. Asesina policías y políticos, intimida al poder público y aspira al poder.

Los diputados del Congreso del Estado y federales están obligados a buscar una salida que garantice que no haya abusos del poder policiaco hacia los inocentes, pero que sí otorgue dientes ante el mal. La vida de todos está en juego.

Esta semana, el asesinato de cuatro policías estatales en Uriangato, atacados con armas largas automáticas, ha sido un trágico recordatorio de esta desigualdad. La gobernadora, Libia Dennise, ha señalado que las corporaciones policiales no tienen permiso para portar armas de alto poder, lo que las deja en una posición vulnerable frente a los delincuentes. Este desequilibrio no solo pone en riesgo la vida de los agentes, sino que también socava la capacidad del Estado para combatir eficazmente el crimen organizado.

La situación en Guanajuato no es única. En muchos estados de México, las fuerzas de seguridad enfrentan desafíos similares. Sin embargo, la respuesta de la gobernadora García Muñoz Ledo ha sido clara y contundente: es necesario revisar y reformar el marco jurídico para permitir que las fuerzas del orden puedan portar armas que les permitan enfrentar en igualdad de condiciones a los criminales. La Guardia Nacional no está en todos lados ni reacciona de inmediato. 

Esta propuesta, aunque polémica, refleja una necesidad urgente de adaptar las estrategias de seguridad a la realidad actual. No se trata solo de equipar mejor a la policía, sino de garantizar que los agentes tengan las herramientas necesarias para proteger a la ciudadanía y a sí mismos. La valentía y el compromiso de los policías que enfrentaron al convoy armado en Uriangato son dignos de reconocimiento, pero también de reflexión sobre las condiciones en las que operan.

En última instancia, la seguridad pública es una responsabilidad compartida que requiere la colaboración de todos los niveles de gobierno y de la sociedad. La advertencia de la gobernadora García Muñoz Ledo debe ser un llamado a la acción para fortalecer nuestras instituciones y garantizar que aquellos que nos protegen puedan hacerlo de manera efectiva y segura.

Este miércoles, cierra su periodo ordinario de sesiones el Congreso del Estado. Entrega a la gobernadora su prepuesto para 2025 y lo hará con reformas a la Ley de Hacienda para que cobre nuevamente la tenencia, además de otros instrumentos para incrementar los recursos públicos. Los aumentos duelen a los ciudadanos, que ven acumularse los costos en su vida, en lo federal, ahora lo estatal y ya avanzan también los municipales, como el alza al transporte en León. 

Luego de esta tarde del miércoles y hecha la tarea, donde sobresale el esfuerzo del pastor de la bancada panista, primera minoría, Jorge Espadas, por alcanzar acuerdos con la oposición para que no haya sobresaltos, los diputados locales ya deben ponerle seriedad al estudio de la inseguridad, el rol del Estado y las leyes que se necesitan, lejos de la estridencia de pequeñas reformas para atender minorías por mera pose, sin cambios reales al sistema de desigualdad e injusticia.

A ellos no les corresponde atender las reformas para que la policía esté mejor armada, pero si puede iniciar la iniciativa y enviarla al Congreso de la Unión y ponerse a revisar cómo equilibrar la lucha desde las leyes locales. De que hay modo, hay modo. De paso, entender que en este momento las disputas de partido son un estorbo cuando mueren miles de guanajuatenses cada año, muchos de ellos gente inocente. Es indigno traficar votos con los muertos. En esto todos deben estar juntos, con seriedad y responsabilidad.

Ayer, los legisladores aprobaron la minuta para reformar la Constitución Federal y dotar a las policías de capacidades de investigación y coadyuvar con las fiscalías; el monopolio del Ministerio Público se ha roto. Por ello, resultó notorio que el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Alejandro Arias Ávila, recordara que en el Congreso del Estado reposa la armonización que impulsa su partido “coincidente” con la reforma al 21 constitucional con la finalidad de otorgar facultades concretas de Investigación del delito a los cuerpos policiales del estado y los municipios, así como de realizar la función de Inteligencia Policial. 

No hay tiempo que perder. El 2025 debe iniciar con cambios, en apoyo a una gobernadora que está enfrentando a la criminalidad como no se hizo en el sexenio pasado, a ver.