Las entidades federativas que presentaron los niveles de impunidad más bajos fueron Michoacán (76.26%), Querétaro (78.74%), Guanajuato (79.82%). Al cierre de 2023, únicamente tres defensorías manifestaron contar con personal especializado en la investigación del delito, entre ellas, Guanajuato.
Política01 de noviembre de 2024 Redacción
La organización México Evalúa reveló en su informe “Hallazgos 2023: Seguimiento y evaluación de la justicia penal en México” que la impunidad en delitos como homicidio doloso, extorsión y desaparición aumentó entre el 2022 y el año pasado.
En el caso del homicidio doloso, la impunidad aumentó de un 95.7% en 2022 a un 96.86% en 2023.
Del mismo modo, el delito de desaparición creció en impunidad al pasar de 96.5 a 99.51%, y la extorsión pasó de un 96.4% a 98.36%.
Otros delitos con índices alarmantes de impunidad fueron el secuestro, que alcanzó un 87.08% y la violación con un 94.5 por ciento.
México Evalúa subrayó que, aunque se registraron leves disminuciones en la impunidad de delitos, por ejemplo, feminicidio (de 88.6 a 86.78%), violencia familiar (de 98.6% a 96.8%), abuso sexual (de 96.1% a 95.85%) y narcomenudeo (de 94.1% a 91.92%), tanto en el fuero común como en el federal, la cifra general de impunidad permanece muy similar con respecto a la medición del 2022.
En general, la impunidad en el fuero común se redujo apenas 2.7 puntos, pasando de 96.3% a un 93.6%, mientras que en el ámbito federal hubo ligeras variaciones durante la administración actual.
Sin embargo, el problema persiste, pues en 2022 el 95.5% de los delitos federales quedaron impunes, una ligera reducción respecto al 96.1% del informe anterior, aunque es una cifra que se ha mantenido relativamente constante desde 2018, año en que el porcentaje fue de 94.6 por ciento.
“Las entidades federativas que presentaron los niveles de impunidad más bajos fueron Michoacán (76.26%), Querétaro (78.74%), Guanajuato (79.82%), Baja California Sur (80.46%), Sonora (80.71%), Coahuila (84.90%) y Baja California (86.94%)”, indicó la ONG.
En el informe, México Evalúa también señaló que la estructura del sistema judicial del país no ha tenido una evolución al ritmo que sí lo ha tenido la violencia.
Aunque la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional son las dependencias que cuentan con una mayor confianza, con 47.5%, 41.5% y 30%, respectivamente, las instituciones encargadas de impartir justicia presentan altos índices de percepción de corrupción, que van desde el 62.8% para las fiscalías estatales hasta el 66% para los jueces, dificultando aún más la posibilidad de obtener justicia efectiva.
“En México, la cifra negra, o el porcentaje de no denuncia, no se ha reducido ni en un punto porcentual en los últimos once años, lo que es un indicativo de la baja confianza ciudadana, que va acompañada de la falta de expectativa de resultados. Las principales razones por las cuales la población manifiesta un desinterés en acercarse a denunciar son atribuibles a las autoridades: procesos largos y tediosos, un trato no adecuado hacia las víctimas (incluso revictimizante) y una baja expectativa de obtener una resolución o beneficio tras acudir ante las autoridades”, denunció México Evalúa.
La ONG aseguró que, además del problema de corrupción, el sistema mexicano enfrenta el reto de la falta de presupuesto para su operación, personal capacitado y recursos tecnológicos para agilizar los procesos.
“Al cierre de 2023, únicamente tres defensorías manifestaron contar con personal especializado en la investigación del delito: Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí, mientras que siete indicaron contar con personal pericial: Aguascalientes, Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México y Morelos”, se informó.
Además, se mostró que, a nivel nacional, durante el año revisado, cada persona defensora pública atendió, en promedio, 246 asuntos, así como representó a 174 personas procesadas; mientras que, a nivel federal, cada defensor público estuvo a cargo de 38 asuntos y representó, en promedio, a 61 personas procesadas.
“En cuanto a la carga de trabajo, observamos disparidades significativas entre las diferentes instituciones y los estados. Las fiscalías enfrentan cargas de trabajo particularmente altas, con un promedio nacional de 310 carpetas de investigación por fiscal en 2023, un aumento notable respecto de las 181 en 2022”.
Se destacó que, en algunas entidades como Campeche y Guanajuato, hay cargas de más de 1,500 carpetas por fiscal.
Mientras que los jueces penales también experimentan cargas de trabajo variables. A nivel nacional, el promedio fue de 356 causas penales por juzgador en 2023, pero estados como Puebla (1,096), Tabasco (818) y Baja California (739) la carga es más alta.
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