La renuncia anunciada de varios ministros de la Corte enreda aun más la polémica reforma judicial

La polémica reforma judicial que el Gobierno de Claudia Sheinbaum quiere aprobar en México está sumiendo al país en una crisis institucional cuyo final no se atisba todavía. El choque entre el Poder Judicial y el Ejecutivo deja cada día un capítulo de tensiones, recursos y nuevas iniciativas constitucionales. Varios ministros de la Suprema Corte han anunciado su renuncia, pero aún tienen tiempo para debatir los recursos planteados por los partidos de la oposición y el martes votarán sobre la constitucionalidad o no de esta reforma. La respuesta de la presidenta ha sido firme: lo que están haciendo es “inconstitucional”, ha dicho, y les ha acusado de renunciar al cargo para acogerse al beneficioso retiro que tienen estos magistrados, algo que la propia reforma rebajará. El Ejecutivo y su mayoría parlamentaria podrían ganar esta contienda, pero no se aventura un camino fácil. La reforma judicial se ha convertido en una herencia envenenada para la nueva presidenta, a solo un mes de que iniciara su mandato. No solo enfrenta la presión de los trabajadores en las calles, sino disensos silenciosos en el seno de su partido y la dificultad de implementar una reforma que pone patas arriba todo el sistema judicial.

El modelo elegido por México consiste en la elección popular de todos los jueces del país, desde los estatales hasta los federales, así como los magistrados que integran los tribunales superiores, pero todavía se desconocen detalles para llevar a cabo esta inmensa elección, que también plantea dificultades a los organismos electorales. Fue un empeño del anterior presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien pidió al pueblo un voto mayoritario que lo refrendara. Y lo logró. Pero es su sucesora, del mismo partido, quien tendrá que poner en marcha todo el sistema, combatir la oposición que ha despertado y poner a prueba sus destrezas políticas para enfrentar la crisis institucional. Miles de jueces tendrán que renunciar a su puesto, una carrera que en ocasiones tiene ya algunas décadas, para someterse al voto ciudadano. Está en juego, dicen los contrarios, la imparcialidad judicial, porque se tocan pilares básicos que la garantizan, como son la rebaja del salario y la posibilidad de remoción de los puestos. No pocos especialistas, como Josafat Cortez, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), consideran que lo que está ocurriendo es “una purga en el sistema judicial que mina la independencia y trastoca la división de poderes”, bajo la idea de “democratizar” la justicia.

La tensión entre los poderes Ejecutivo y Judicial fue una constante en el anterior sexenio. Con frecuencia se acusó a los ministros de la Corte y a muchos otros jueces de servir a sus privilegios y a ideologías conservadoras alejadas de las necesidades del pueblo. El gobierno vio frenadas algunas de sus reformas claves, como la energética, la electoral o la que tenía que ver con la Guardia Nacional, todas ellas paradas en tribunales tras los recursos de inconstitucionalidad de la oposición. En ese contexto se presentó la reforma judicial y se pidió el refrendo popular en las elecciones, en lugar de plantear un gran debate entre todos los actores políticos que condujera a consensos para implantar una reforma de tan alto calado. Pero igual que en las anteriores, frustradas por los tribunales, esta misma se ha encontrado de frente a la Corte.

En un intento por impedir que los altos togados puedan pronunciarse sobre las reformas constitucionales aprobadas por el Legislativo, el partido del Gobierno planteó días atrás otra nueva reforma constitucional. La enésima vuelta de tuerca, reformar la Constitución para vetar la intervención de los guardianes constitucionales. Tienen mayorías parlamentarias, pero los partidos de la oposición han alertado del riesgo que la iniciativa supone, al conceder semejante discrecionalidad a las mayorías parlamentarias, sin análisis constitucional en los tribunales especializados.

La reforma establece además dos nuevos organismos, uno para la administración de la judicatura y un tribunal de disciplina para sancionar a aquellos jueces que se aparten de la norma. Pero los expertos consideran que la ambigüedad de lo redactado hasta ahora podría convertir a este tribunal en el último eslabón para controlar todo. “Este tribunal también será electo y eso puede leerse como el último filtro para purgar a los jueces que no se adapten a las preferencias del Gobierno”, explica Cortez.

La última ficha que han movido los ministros de la Suprema Corte se lee como un intento de frenar todo eso. En su proyecto, consideran que no será democrática una elección sobre miles de jueces desconocidos para la ciudadanía, por lo que sugieren que al menos estos, los de distrito y magistrados de circuito (pertenecientes a las judicaturas locales) no tengan que someterse a votación popular; del mismo modo critican el cambio de reglas antes de finalizar el puesto, y plantean que solo se sometan a ellas las nuevas incorporaciones a la carrera judicial. Un sistema adecuado de promoción, prohibición de los despidos injustificados y mantener los salarios son otros de los pilares que echan en falta en la reforma del Gobierno. Ese proyecto se votará el martes.

Mientras la Suprema Corte analiza los recursos presentados y se posiciona sobre ellos, el Congreso sigue votando sus iniciativas. Una pescadilla que se muerde la cola. El Ejecutivo teme que la reforma judicial se atore en los tribunales, por tanto, sacan otra reforma constitucional para impedir que los ministros se pronuncien en estos casos. Pero esta reforma también estaría sujeta a los recursos planteados y al escrutinio de la Corte, sin que se vea en qué momento puede concluir esta rueda. “Estábamos todavía tratando de entender cómo se iba a implementar la reforma judicial, quiénes conformarían los comités de evaluación de los candidatos y todas las incertidumbres que todavía no se han despejado, cuando se abrieron estas nuevas batallas legales por la constitucionalidad de las reformas constitucionales”, dice Guadalupe Salmorán Villar, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Considera que este movimiento “despoja de sus propias facultades a la Suprema Corte”. “Antes había tensiones entre ambos poderes”, añade, pero con esta iniciativa, “el poder Ejecutivo trata de someter al Judicial”. Lo que están planteando los ministros en este proyecto presentado es que “está en juego la forma del Gobierno y de Estado recogida en la Constitución”, explica. Salmorán opina que el nuevo gobierno interpretó esta reforma como un mandato popular emanado de las elecciones, “y han decidido seguir con ello y convertir el Congreso en un eco de la presidencia”. “[El modelo elegido] es una extravagancia internacional que nace de una revancha política ante las intervenciones jurídicas sobre algunos proyectos del gobierno que se vieron frenados”, acusa la experta. Y asegura que en el ámbito judicial hay “fuerte preocupación, frustración e impotencia”.