La oposición ha perdido la última batalla. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha terminado con la polémica de la sobrerrepresentación en el Congreso. La máxima autoridad en la materia ha declarado infundados los argumentos presentados por PAN, PRI, MC y otros movimientos opositores sobre la presunta ilegalidad de la supermayoría del bloque oficialista. Los magistrados han ratificado este miércoles que Morena y sus aliados del PT y del PVEM tengan el 73% de la Cámara de Diputados. Con ello, supera la mayoría calificada indispensable para hacer enmiendas a la Constitución sin negociar con la oposición. La más inmediata será la polémica reforma judicial.
Por mayoría de votos, con el voto en contra de la magistrada Janine Otálora Malassis, el Tribunal ratificó la mayoría calificada de Morena y aliados en la Cámara de Diputados, pues la fórmula para asignar la representación proporcional ha sido la misma en cinco procesos electorales anteriores y que se aplica desde 2009.
Con esta confirmación del acuerdo del Instituto Nacional Electoral, las curules asignadas al partido guinda, al PT y al PVEM suman 364, con lo que cuentan con una holgada mayoría calificada para aprobar reformas constitucionales como la próxima iniciativa judicial que podría ser votada a mediados de septiembre.
La magistrada presidenta del TEPJF explicó que la fórmula para asignar la representación proporcional en San Lázaro combina el resultado de la votación nacional emitida para cada partido con “una distorsión que no es maligna, es válida”, porque hay una confusión de que el porcentaje de votación tiene que ir directamente al número de curules y eso no lo establece la Constitución.
“No hay robo de votos, no se está fragmentando el voto, se están asignando más diputaciones de manera proporcional y es según la Constitución con el resultado de la votación”, aseveró.
Al hacer un breve resumen de su posicionamiento, señaló que el tribunal no da candidaturas ni curules; el INE no violó la Constitución y rechazó que algunos grupos de la oposición acusen que se está destruyendo la democracia mexicana, “porque es la decisión del pueblo con respeto a la decisión de las mayorías”.
De la Mata presentó su proyecto, señalando que en México contamos con un sistema mixto con prevalencia del principio mayoritario, en el cual se admite un cierto grado de distorsión entre votos y escaños, dentro de los márgenes permitidos por la propia Constitución.
“Por lo tanto, la pretensión de los recurrentes de que se obtenga una Cámara de Diputaciones con una representatividad proporcional pura, parte de una premisa falsa. Nos guste o no nuestro modelo actual no es proporcionalidad pura, sino mixto”, subrayó tras agregar que la función del TEPJF es ser “guardián constitucional y árbitro imparcial, para garantizar que se respeten lo establecido por la Constitución.
Señaló que la fórmula aplicada en las últimas asignaciones ha generado una distorsión que trasciende la funcionalidad del sistema constitucional y afecta los principios fundamentales de representación, diseñados justamente para representar fielmente la voluntad popular.
“En ese sentido, es crucial identificar y corregir los elementos que están provocando esta distorsión para asegurar que prevalezca el orden constitucional”, atajó.
Por lo anterior, consideró que en los agravios planteados por quienes impugnaron existen razones suficientes para concluir que la aplicación e interpretación de las normas han creado una sobrerrepresentación de un partido mayoritario en la integración de órganos legislativos.
Sin embargo, permitir que los partidos coaligados determinan cómo se debe contabilizar un triunfo uninominal, genera una distorsión al sistema electoral y a la voluntad popular.
Por su parte, el magistrado Felipe Fuentes puntualizó que este pleno no puede ser corrector de la voluntad ciudadana, pues ya existían reglas que exigían ser observadas y que no pueden ser modificadas.
Aunque el magistrado Reyes Rodríguez votó a favor de la asignación de los diputados pluris, señaló que “en el orden jurídico vigente los límites sólo son viables aplicarlo por partido y no por coalición”.
No obstante, concluyó que realizar esta interpretación sistemática y funcional “nos deja ver una clara realidad: en su estado actual, el sistema electoral de México carece de coherencia estructural”.
Luego de que cada uno de los magistrados dio su postura respecto al proyecto presentado por Felipe de la Mata, se hizo evidente que el sistema mixto electoral que tiene México para asignar las curules tiene defectos, pero todos los cambios tienen que corregirse después y no en este momento.
