Los soldados del Ejército Mexicano se quedan solos en la GN, la Marina retira a 3 mil 671 elementos, muchos de mando, que había enviado desde 2019 a realizar labores de seguridad pública
Política23 de mayo de 2024 Redacción
A raíz de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (controversia constitucional 137/2022), y cuya sentencia debía cumplirse desde el 1 de enero pasado, la Secretaría de Marina-Armada de Méxicoretirará de las filas de la Guardia Nacional a 3 mil 671 elementos que estaban en áreas estratégicas como vías de comunicación terrestres y seguridad aeroportuaria.
Un total de 102 de estos marinos eran los mandos superiores responsables de la buena operación de la corporación de seguridad pública en sitios como los señalados. Esos altos cargos pasarán a manos de elementos de la Secretaría del Defensa Nacional.
Los marinos “veteranos” destacan de entre las milicias mexicanas por un buen nivel académico y de formación, espacialmente los que han ascendido en la escala de mando.
La Defensa ha previsto que en algunos lugares donde los marinos serán retirados no tendrá personal de buen nivel para sustituir a los elementos de la Armada de México, por lo que instruyó (mediante orden escrita de la que Crónica posee copia) a que se “realice un reajuste de los efectivos (…) para cubrir los cargos que dejará vacante el personal (de Marina) que será concentrado y, en caso de no contar con suficientes cuadros de mando, designe personal con menor jerarquía”.
La resolución de la Corte nace de una controversia constitucional interpuesta por senadores de oposición, esto luego de que con leyes y lineamientos se hiciera a un lado a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y se instaurara un organigrama en el que todas las operaciones de la Guardia Nacional dependían directamente del alto mando militar.
La Corte analizó la militarización de facto que se estaba realizando en una instancia presuntamente civil, relegando a Rosa Icela Rodríguez, quien es formalmente la Comisionada a cargo de la Guardia. Finalmente, en abril de 2023, resolvió que la controversia constitucional era válida y le dio la razón a los senadores inconformes.
La Secretaría de la Defensa Nacional ha debido asumir desde esta resolución que su papel es transitorio y formativo, es decir, que interviene para permitir que la Guardia Nacional y su estructura civil maduren. La Marina, a raíz de la misma resolución, optó por dar un paso de costado y dejar a la Sedena en control de ese proceso.
La separación de mandos militares cuya participación en labores de seguridad pública no esté plenamente justificada debió darse desde el 1 de enero de 2024, esto para acatar al pie de la letra lo dictado por la Corte. No obstante, el proceso apenas inició.
La entrega de los puestos de vigilancia en carreteras, aduanas, aeropuertos y otros que hoy están bajo control de marinos deberá darse a más tardar el 30 de mayo próximo.
La orden para reemplazar a los marinos, emitida específicamente por la Jefatura General de Coordinación Policial de la Guardia Nacional, está fechada el 17 de mayo pasado y se envió por escrito a todos los rincones del país después de una serie de comunicaciones electrónicas que advertían de la necesidad de prescindir de los marinos en la operación cotidiana de la corporación.
La instrucción ha sido que el personal de Marina debe regresar a sus bases navales, lo que para muchos (más de mil) significará regresar a las entidades de las que salieron ya hace 5 años.
Hay 8 mil 632 elementos más de la Guardia Nacional que pasaron por la Marina, pero se trata de jóvenes reclutados directamente para incorporarse a labores de seguridad pública, es decir, nunca tuvieron una verdadera formación de marinos.
Los estados que se verán afectados por la retirada de los marinos serán, entre otros, Baja California, Coahuila, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Zacatecas y Sonora.
En sesión de la comisión dictaminadora, la diputada se pronunció por analizar a fondo la pertinencia de autorizar dos financiamientos por ese monto total. Se debe garantizar que no se trata de un gasto corriente disfrazado de inversión pública productiva, puntualizó.
El diputado Víctor Manuel Zanella Huerta comunicó que el presupuesto del 2026 parte de la premisa de la responsabilidad fiscal, junto a que la orientación del gasto público va acorde a las exigencias reales del Estado, al bien común y bienestar de las personas guanajuatenses.
El Grupo Parlamentario de Morena se pronunció en defensa de los derechos de la ciudadanía durante la sesión de las Comisiones Unidas de Hacienda y Gobernación, oponiéndose a los aumentos que considera desproporcionados en impuestos y derechos estatales que lastiman el ingreso familiar. Los morenistas aseguraron que se consumó una decisión que da la espalda a la realidad económica de miles de guanajuatenses.
Al fijar posicionamiento en torno a los dictámenes del Paquete Fiscal 2026, la diputada Rocío Cervantes afirmó que, si bien el GPPRI apoya en lo general las propuestas que contiene, “en lo particular nos reservamos nuevos supuestos y derechos que están planteados por encima del 4 por ciento que ha venido autorizando este Congreso y que fue la recomendación que se hizo desde que iniciaron los trabajos” para su análisis.
Este viernes, en sesión de la Comisión de Hacienda y Fiscalización se aprobaron los dictámenes de las iniciativas de decreto suscritas por la gobernadora del estado a efecto de que se le autorice al Poder Ejecutivo la contratación de financiamientos. El primero por 4 mil millones de pesos para financiar el proyecto denominado Acueducto Solís-León; el segundo, por la misma cantidad para financiar proyectos estatales de inversión pública productiva. El dictamen fue aprobado por unanimidad en lo general y por mayoría en lo particular.
Cada año, decenas de perritos son abandonados por peregrinos en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe. Los abandonan a propósito o los pierden, luego de hacerlos acompañar en sus peregrinaciones. El rostro oculto de algunos guadalupanos.
El Pleno del Congreso del Estado designó a María del Rocío Vargas León y Ernesto Ramírez Balderas como integrantes del Consejo Consultivo de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG), quienes ocuparán el cargo por el término de tres años, a partir de que rindan protesta.
La presidenta municipal, Lorena Alfaro García, refrendó su compromiso y el de su Administración para continuar con los proyectos de mejora del Centro Histórico y de apoyo a los comerciantes, quienes dan vida al corazón de la ciudad al ofrecer productos y servicios que contribuyen a la buena imagen de Irapuato ante visitantes y habitantes.
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