El Pleno del Congreso local aprobó reformas a Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para que tengan educación sexual y prevención del embarazo, así como para la detección temprana de problemas de salud mental. En la reforma se incluyen los conceptos de igualdad sustantiva como el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales; así como primera infancia que se define como el periodo que comprende desde el desarrollo prenatal hasta 5 años 11 meses.
Política 17 de mayo de 2024 Redacción
El Pleno del Congreso local aprobó reformas a Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para que tengan educación sexual y prevención del embarazo, así como para la detección temprana de problemas de salud mental.
En la reforma se incluyen los conceptos de igualdad sustantiva como el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales; así como primera infancia que se define como el periodo que comprende desde el desarrollo prenatal hasta 5 años 11 meses.
Se establece dentro de las políticas para la atención y desarrollo integral durante la primera infancia que las autoridades estatales y municipales, así como los organismos autónomos, establecerán políticas públicas enfocadas en la atención y el desarrollo integral durante la primera infancia; las cuales estarán orientadas a mejorar el desarrollo cognitivo, social y emocional; y a atender las brechas de desigualdad existentes entre estratos sociales, regiones geográficas, género y a la diversidad inherente a cada persona.
Se agrega a la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional como autoridad en la aplicación de la citada norma, la cual tendrá, entre otras atribuciones, brindar atención y protección que privilegie la seguridad y libertad de niñas, niños y adolescentes migrantes en tránsito y deportados que se encuentren en territorio guanajuatense, ponderando el interés superior de la niñez.
Se precisa que la Secretaría de Educación tendrá como atribución establecer mecanismos para que las autoridades educativas, escolares y los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, notifiquen situaciones de abandono o deserción escolar a la Procuraduría de Protección; llevar a cabo acciones afirmativas que garanticen el derecho a la educación de niñas o adolescentes embarazadas; promover el conocimiento en materia de educación sexual, prevención del embarazo infantil y adolescente, así como las consecuencias del mismo en los proyectos de vida de niñas, niños y adolescentes; y diseñar y promover estrategias para el uso responsable de tecnologías de la información y de la comunicación.
Se contempla que la Secretaría de Salud deberá implementar campañas de información en materia de educación sexual y prevención del embarazo infantil y adolescente; y en coordinación con la Secretaría de Educación del Estado, fomentar acciones para la detección temprana y la atención oportuna de niñas, niños y adolescentes con problemas de salud mental para la restitución de su derecho a la salud.
Se indica que, en ningún caso, el presupuesto aprobado para la difusión, promoción, ejecución, supervisión y evaluación del Programa Estatal y acciones en favor de niñas, niños y adolescentes podrá ser inferior al aprobado en el ejercicio fiscal anterior.
Se precisa que los ayuntamientos tendrán que constituir las Comisiones de Primera Infancia en el Sistema Municipal de Protección.
Dentro de los Derechos de niñas, niños y adolescentes se agrega el derecho a la igualdad sustantiva y ante la Ley; el derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad; y el derecho a ser protegidos contra todas las formas de abuso físico, psicológico o sexual, descuido o trato negligente, malos tratos y explotación, incluida la económica, y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social.
Se establece como responsabilidad de la Procuraduría de Protección dar seguimiento a la situación en la que se encuentren niñas, niños y adolescentes una vez que haya concluido el acogimiento y, en su caso, la adopción; y se precisan las obligaciones y las prohibiciones en materia de adopción.
Se fija la obligación de las autoridades estatales y municipales, así como los organismos autónomos a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños o adolescentes se vean afectados por situaciones como el descuido, negligencia, abandono o abuso físico, psicológico o sexual; la corrupción de personas menores de dieciocho años; la trata de personas menores de dieciocho años, explotación sexual infantil con o sin fines comerciales, o cualquier otro tipo de explotación; el tráfico de menores; el castigo corporal o humillante; entre otras.
En cuanto a la protección de la identidad e intimidad se precisa que las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, deben garantizar la protección de la identidad e intimidad de niñas, niños y adolescentes cuando su imagen sea utilizada con fines de información, difusión o propaganda, así como que su participación esté libre de cualquier tipo de denigración o violencia física, simbólica, emocional o psicológica, aun cuando medie autorización por escrito de quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia.
Se establecen las condiciones mínimas que deberán cuidar las autoridades estatales y municipales que sustancien procedimientos de carácter jurisdiccional o que realicen cualquier acto de autoridad en los que estén relacionados niñas, niños o adolescentes.
Se incluye a la titular del Instituto para las Mujeres Guanajuatenses como integrante Sistema Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Se deberá constituir la Comisión de la Primera Infancia cuya integración garantizará la transversalización de acciones de los programas públicos.
Se precisa como atribución del Sistema Estatal de Protección, que el Sistema Estatal de Información deberá contener los registros y datos que establezca el Reglamento de la ley, incluyendo los relativos a niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales y en situación de orfandad.
Al hablar como autor del dictamen, el congresista David Martínez Mendizábal comentó que se culmina un proceso legislativo sobre la búsqueda de mejorar las condiciones de vida de las infancias y adolescencias en Guanajuato, además de indicar que fue un trabajo realizado en equipo por las distintas personas que integran la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables y personal de áreas distintas del Congreso del Estado de Guanajuato y organizaciones de la sociedad civil enfocadas a trabajos en materia de infancias.
El legislador indicó que los trabajos realizados para cumplir con lo estipulado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación fueron un hecho sin precedentes en el país, por concentrar en un documento las opiniones de las infancias sobre las modificaciones a la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato, lo que significa que el Poder Legislativo de la entidad está comprometido en realizar las mejores prácticas parlamentarias.
Finalmente, refirió que el producto final es un copilado de 20 iniciativas presentadas por diferentes grupos parlamentarios que se centran en el reconocimiento humano al derecho de la alimentación, llevar a cabo acciones para atender las emergencias de salud para dicho sector de la población, supervisar las aplicaciones y juegos en aparatos tecnológicos, proteger a las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en desamparo familiar, instrumentar mediadas para una vida libre de violencia, protección a la niñez migrante, entornos escolares y económicos, entre otros aspectos indispensables para el desarrollo pleno de dicha población.
Hicieron uso de la tribuna para hablar a favor las diputadas y diputados Martha Edith Moreno Valencia, Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, Rafaela Fuentes Rivas, Gustavo Adolfo Alfaro Reyes y Cuauhtémoc Becerra González.
La legisladora Martha Edith Moreno Valencia manifestó que el dictamen representaba un gran avance en la defensa, lucha y derechos de las niñas, niños y adolescentes. Se refirió a las propuestas que realizó en la materia, como fortalecer sus derechos a vivir libres de violencia; se complementó el derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso garantizando la protección y prevalencia del interés superior de la niñez; la atención a los menores en estado de orfandad.
“Es nuestro deber como representantes trabajar y luchar con determinación por construir un Guanajuato donde cada niño, cada niña y adolescente pueda caminar libre por las calles, pueda jugar en los parques y pueda dormir tranquilo en su hogar”, finalizó.
En su oportunidad, la congresista Ruth Noemí Tiscareño Agoitia habló sobre las infancias que tienen que laborar y prácticamente se les obliga a abandonar su niñez para conseguir dinero. En ese sentido, externó su convicción por defender los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en lo particular, en la lucha por la erradicación del trabajo infantil; y agregó que, con el voto a favor se daba un paso en la construcción de un Guanajuato que a pesar de sus dificultades nunca ha perdido la esperanza y esa esperanza, dijo, está en las niñas, niños y jóvenes.
La diputada Martha Guadalupe Hernández Camarena apuntó que se impactan en beneficio de las niñas, niños y adolescentes guanajuatenses, regulaciones normativas que hacen efectivo el principio de interés superior de la niñez.
Agregó que, entre las modificaciones se incorpora el reconocimiento del derecho humano a la alimentación, nutritiva, suficiente y de calidad; se establecen acciones para la detección y atención de problemas de salud mental de las niñas, niños y adolescentes; se regula la supervisión respecto de las aplicaciones o apps y juegos con aparatos tecnológicos dentro de los planes de estudios, a fin de evitar el consumo de contenido de poca calidad educativa.
También, dijo, se establecen mecanismos para la protección aquellos que se encuentran en desamparo familiar; se brinda atención especializada a quienes viven en situación de orfandad a causa de emergencias; se garantiza el derecho de acceso a una vida libre de violencia y su integridad personal; se fortalece la atención y protección de las niñas, niños y adolescentes migrantes; se previene y atiende el abandono y deserción escolar, entre otros.
Finalmente, comentó que era una reforma integral en materia de los derechos de niñas, niños y adolescentes, reconociéndolos en todo momento como sujetos de derecho.
Por su parte, la congresista Rafaela Fuentes Rivas externó que se deben tomar las acciones legislativas necesarias para mejorar el funcionamiento de los instrumentos públicos con la finalidad de mejorar la protección de la niñez y la adolescencia guanajuatense, además de que el dictamen involucra a la sociedad por tomar en cuenta a los actores centrales de la ley que se busca modificar.
Mencionó la importancia de fortalecer las asociaciones de la sociedad civil e instituciones que se han dedicado a la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de Guanajuato a través de diversas acciones en las que destaca la seguridad presupuestaria y una activa participación ciudadana que ayuda a incidir de mejor manera en las problemáticas dictadas por la sociedad.
En su intervención, el legislador Gustavo Adolfo Alfaro Reyes manifestó que cuando se trata del bienestar de aquellos que serán las bases de la nación no se deben escatimar esfuerzos ni voluntad para lograr los avances que les permitan acceder a un mayor grado de protección.
Afirmó que estas modificaciones marcarán un hito en la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, ya que se establecen nuevas bases para, entre muchas otras cosas, reconocer los derechos de la primera infancia; disminuir la deserción escolar; promover el acceso a las nuevas tecnologías; garantizar la igualdad sustantiva; cuidar a las niñas, niños y jóvenes migrantes; fortalecer el objeto de las adopciones; y fortificar el derecho de las niñas niños y adolescentes a tener una alimentación sana y nutritiva.
Finalmente, reconoció que se haya enriquecido el dictamen en función de proteger los derechos de identidad e intimidad de las niñas, niños y jóvenes, principalmente durante los procesos electorales, e impedir la explotación laboral infantil.
En su participación, el congresista Cuauhtémoc Becerra González refirió que la Ley General de las Niñas, Niños y Adolescentes establece que las autoridades de los niveles federales, estatales y municipales deben ejecutar políticas de fortalecimiento familiar para evitar la separación del sector de un entorno que debería de ser un espacio en el que se eduque y se forme a los futuros ciudadanos en personas de bien.
Indicó que actualmente se tiene una lucha contante con los casos de orfandad que existen en el estado por las múltiples causas que generan consecuencias negativas en la vida de las personas menores de edad que no tienen el acompañamiento genuino de un padre o una madre, por lo que es necesario velar por el interés de todas las personas que conforman este sector de la población.
Para concluir, el legislador señaló que las personas que viven más de fondo la problemática de orfandad son aquellos que se desenvuelven en entornos de pobreza, discriminación y exclusión, factores que pueden hacerlo más vulnerables al abuso, explotación y al abandono, por ello el voto a favor del dictamen que estipula la creación de un sistema de información sobre los casos referidos.
Al ser sometido a votación en lo particular se presentaron reservas por parte de las diputadas Hades Berenice Aguilar Castillo y Martha Edith Moreno Valencia.
Aguilar Castillo propuso modificar el artículo 21-1 para que la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional tenga como atribución proteger a los migrantes jornaleros. Mencionó que estaban frente a una oportunidad histórica para visibilizar al sector de la migración jornalera, por lo que propuso se incorporara en la fracción 2 del artículo 21-1 la obligación de la citada Secretaría para brindar atención y protección que privilegie la seguridad y libertad de niñas, niños y adolescentes migrantes en tránsito, deportados y jornaleros.
Al hablar a favor de la reserva, el diputado David Martínez Mendizábal comentó que busca visibilizar a las niñas, niños y adolescentes pertenecientes a los grupos jornaleros, debido a que el sector referido tiene su propia problemática por las condiciones específicas a las que se enfrentan y los obstáculos que se presentan en temas de salud, educación y alimentación.
Su reserva no fue aprobada.
Por su parte, la congresista Martha Edith Moreno Valencia se refirió a la violencia vicaria y la importancia de visibilizarla, por lo que propuso adicionar el artículo 48-3 para establecer en las obligaciones de las autoridades que cuando tengan conocimiento de que una niña, niño o adolescente por su relación de parentesco con una mujer víctima de violencia vicaria dictarán las medidas cautelares y de protección que sean necesarias para salvaguardar su vida su salud integridad física y psicológica. La reserva no fue aprobada.
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