La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó los hechos de violencia contra personas candidatas en el actual proceso electoral en México, y llamó al Estado a reforzar las acciones preventivas para garantizar comicios pacíficos.
En un pronunciamiento, destacó que ha tomado nota de información pública que indica que entre el 4 de junio de 2023 y el 7 de febrero de 2024, 33 personas con intenciones de postulación habrían sido asesinadas, de las cuales 16 eran aspirantes a una candidatura.
“Desde el mes de marzo de 2024 se registró, por lo menos, el asesinato de 15 personas precandidatas o candidatas. Adicionalmente el Estado informó sobre el homicidio de 9 personas aspirantes o que no contaban con registro de candidatura oficial, pero que habían manifestado su deseo de competir en la contienda electoral”, sostuvo.
La CIDH manifestó su preocupación porque a los asesinatos se suman otra serie de hechos de violencia, entre los que destacan amenazas y secuestros de precandidatos, candidatas y de dirigentes o militantes de distintos movimientos o afiliaciones políticas.
Aunque reconoció el esfuerzo desplegado por el Estado mexicano para prevenir y responder a estos actos de violencia, instó a las distintas autoridades públicas y a las diferentes fuerzas políticas de México a fortalecer las medidas necesarias para garantizar la seguridad e investigar los hechos de conformidad con las garantías del debido proceso.
“Estas investigaciones deben estar dirigidas a establecer los autores materiales de los hechos, así como el motivo específico de cada uno y los autores intelectuales”, enfatizó.
Agregó que el Estado informó a la CIDH que, en la actualidad, la protección a candidatos se otorga a priori ante la mera solicitud para evitar actos de violencia por trabas administrativas. Asimismo, desde el 2 de febrero, opera el Protocolo específico para atender solicitudes relacionadas con la seguridad de candidaturas en el marco del Proceso Electoral 2023-2024.
No obstante, llamó al Estado a continuar fortaleciendo estas medidas de prevención, tendientes a garantizar elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo.
