Con gran celeridad avanzan los preparativos para el periodo extraordinario de sesiones que se iniciará el próximo martes y en el que se discutirán cuatro reformas político-electorales, que deben estar aprobadas y promulgadas antes del 1º de junio, a fin de que puedan aplicarse en los comicios de 2027.
En una edición vespertina, el Diario Oficial de la Federación publicó anoche el decreto de la Comisión Permanente por el que convoca a la Cámara de Diputados y al Senado a ese periodo extraordinario.
Al mismo tiempo, la Permanente recibió la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum que modifica la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Lgipe) a fin de establecer mecanismos para detectar a candidatos a puestos de elección popular vinculados al crimen organizado. Es una de las cuatro iniciativas enlistadas en el temario avalado por la Permanente.
La parte medular de esa propuesta es crear la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, dentro del Instituto Federal Electoral (INE), misma que mantendrá coordinación e intercambio con los partidos políticos e instancias del Estado vinculadas con seguridad, inteligencia, procuración de justicia y supervisión financiera.
En la exposición de motivos se detalla que la evaluación será voluntaria para los partidos y para quienes aspiren a candidaturas. No será obligatorio para registrar candidaturas, sino una herramienta preventiva e informativa, a fin de detectar nexos con actividades delictivas antes de las postulaciones.
Los partidos podrán presentar listas completas o parciales de aspirantes a ser evaluados, pero deberán comprobar que éstos otorguen de manera expresa su consentimiento a la revisión de sus perfiles.
La iniciativa de Sheinbaum contiene salvaguardas para proteger la presunción de inocencia y evitar afectaciones a pesquisas en curso.
Por ello, la comisión de verificación del INE sólo recibirá información sobre posible riesgo, sin expedientes, carpetas de investigación o información financiera específica.
Una vez que reciba la valoración de las dependencias participantes –entre ellas la UIF– sobre un “riesgo razonable” de vinculación con el narco, o en general la delincuencia organizada, lo notificará de manera confidencial al partido político o al aspirante independiente.
La decisión final sobre una candidatura queda en manos de cada fuerza política, indica la propuesta, y deja claro que la identificación de un “riesgo razonable” no equivaldrá a una acusación penal ni sustituirá facultades ministeriales o judiciales.
Sin embargo, si durante las revisiones las autoridades detectan información relevante sobre posibles delitos, estarán obligadas a iniciar o continuar las investigaciones correspondientes conforme a sus atribuciones legales.
La presidenta de la Comisión Permanente, Laura Itzel Castillo, informó que ayer mismo turnó la iniciativa a la Cámara de Diputados.
Las otras tres iniciativas contempladas son dos reformas constitucionales: para diferir a 2028 la elección de jueces y magistrados y para echar abajo elecciones en que hubieran intervenido fuerzas extranjeras, y una más para perfeccionar los mecanismos de nulidad de comicios.
