El gobernador de Sinaloa descarta renunciar tras las acusaciones de Estados Unidos de vínculos con el narco

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ha rechazado este jueves que vaya a renunciar al cargo tras las acusaciones por parte de la justicia estadounidense de nexos con el crimen organizado. “No”, ha respondido al ser preguntado por periodistas si daría un paso al costado ante la investigación. “No adelantemos vísperas. Todo en su momento“, ha matizado en el municipio de Navolato, a unos 30 kilómetros de Culiacán. El nombre de Rocha Moya, de 76 años, encabezó las acusaciones de un fiscal de Nueva York y de la DEA, en las que también fueron señalados otros nueve altos cargos sinaloenses, entre ellos un senador y el alcalde de Culiacán. Todos ellos morenistas, como Rocha Moya. El gobernador ha afirmado que tampoco dará la cara por los otros: ”Cada quien por sí mismo”.

Los señalamientos de Estados Unidos suponen el mayor golpe contra la narcopolítica en México, al ir dirigida contra funcionarios todavía en el cargo. Estos vinculan a los 10 altos cargos -incluidos mandos de seguridad, de la fiscalía y de la policía- con una presunta conspiración con líderes del Cartel de Sinaloa para importar narcóticos a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos. El gobernador de Sinaloa ha asegurado que no tiene “nada que temer”, ya que se considera “una persona completamente limpia”. Asimismo, ha recibido el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha cuestionado el peso de las evidencias enviadas por Estados Unidos para requerir la extradición.

En la misma línea, casi de inmediato respondió la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que defendió que los documentos entregados “no cuentan con elementos de prueba para poder determinar la responsabilidad” de los funcionarios. La Cancillería informó además de que un día antes recibió la solicitud de detención provisional con fines de extradición por parte de Estados Unidos. La Fiscalía General de la República (FGR) expuso en la tarde que analizará la documentación aportada por la Cancillería para conocer si realmente existen pruebas contra los acusados. Los cargos previstos por Estados Unidos implican condenas que van desde los 40 años de prisión a la cadena perpetua.

La presidenta, Claudia Sheinbaum, ha dicho en su conferencia matutina de este jueves que "si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones es político”. Era un punto que mantuvo Rocha Moya poco después de toparse con la difusión de esas acusaciones. El gobernador de Sinaloa fue el primero de los acusados en rechazar “categórica y absolutamente” las incriminaciones de Estados Unidos. En un comunicado difundido en redes, se escudó en su partido y en la soberanía nacional para defenderse de lo que ha considerado “un ataque”.

Fue una postura mantenida también por el resto de acusados. Ejemplo de ello fue el senador morenista Enrique Inzunza, quien relacionó la decisión de la Justicia estadounidense con esa defensa de la soberanía. “Este ataque tiene intenciones muy claras. No es solo en contra nuestra, es en contra de la Cuarta Transformación [...] Seamos claros: es también un ataque y una insidia dirigida a Morena y a nuestro máximo referente político y mexicano de excepción: el [ex]presidente Andrés Manuel López Obrador”, apuntó en un tuit.