La acusación contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de colaborar con el Cartel de Sinaloa, un caso sin precedentes por la implicación de Estados Unidos a un gobernador en activo que tensa hasta un lugar aún desconocido las relaciones entre ambos países, se desprende directamente de la causa penal abierta contra Los Chapitos. Esta facción de la organización criminal, integrada por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán y sus seguidores, tiene un juicio abierto en Estados Unidos desde abril de 2023. Los diez imputados la semana pasada—Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cázerez y una parte significativa del aparato de seguridad de Sinaloa— comparten causa con los hermanos Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar—que siguen libres— y otros 24 nombres ligados al grupo a los que, justamente, se les acusa de beneficiar con protección política a cambio de dinero y triunfos electorales.
El nombre del caso en la Corte del Distrito Sur de Nueva York es “Estados Unidos contra Guzmán Salazar” y comenzó el 4 de abril de 2023. Además de los dos hijos del Chapo Guzmán, otros acusados de importancia son el ya asesinado Óscar Noé Medina González, El Panu, uno de los principales subalternos de Iván Archivaldo; Néstor Isidro Pérez Salas, El Nini o El 09, jefe de seguridad de la facción y la última extradición del sexenio de Andrés Manuel López Obrador; o Kun Jiang, un empresario chino acusado de ser uno de los proveedores principales de precursores químicos utilizados por la organización criminal para la fabricación de fentanilo. Los cargos son variados, pero incluyen organización criminal, lavado de dinero y tráfico de fentanilo.
La ampliación contra Rocha Moya, Inzunza Cázerez y otros funcionarios como trabajadores de la Fiscalía Estatal de Sinaloa se registró el pasado 29 de abril, el mismo día en que el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública la acusación. “Mientras que algunos de los acusados han colaborado con diversos narcotraficantes, en general han estado más estrechamente vinculados a una facción del cartel, a la que en el presente documento se hace referencia como Los Chapitos. Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Ovidio Guzmán López, denominados colectivamente en el presente documento como los líderes de Los Chapitos”, se lee en el documento.
El contenido de la acusación contra Rocha Moya y el resto de funcionarios públicos describe varias reuniones, como la de Iván Archivaldo y Ovidio con Rocha Moya durante su campaña de 2021 para la gubernatura, en la que supuestamente le prometieron asegurar su victoria a cambio de colocar a funcionarios afines al cartel en la Administración estatal; el encuentro de Enrique Díaz Vega, que luego fue secretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, con Iván Archivaldo, Jesús Alfredo y otros miembros de alto rango del cartel para entregarles una lista con nombres y direcciones de los oponentes políticos de Rocha Moya; o una reunión postelectoral del gobernador electo e Inzunza Cázarez con líderes de Los Chapitos para acordar cómo el cartel tendría el control de la Policía Estatal de Sinaloa a cambio del apoyo recibido en la campaña, entre otras.
Este documento es una acusación formal ante un gran jurado de Estados Unidos, un grupo de ciudadanos elegidos al azar a los que se les presenta un caso y decide si hay una causa probable para comenzar un juicio, como ha ocurrido con Rocha Moya y el resto de los imputados.
Una de las figuras más controvertidas de este sistema judicial son los testigos colaboradores, básicamente personas, con frecuencia delincuentes, que cooperan con las autoridades judiciales dando información clave sobre sus organizaciones y compinches a cambio de beneficios legales como reducciones de condena o reubicaciones familiares. Este tipo de testimonios, junto con análisis financieros, fueron las pruebas fundamentales en la condena de Genaro García Luna, antiguo secretario de Seguridad durante el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), acusado también de proteger al Cartel de Sinaloa.
En el caso de Los Chapitos, es público que dos de sus líderes se han adherido a esta figura. Ovidio Guzmán López se declaró culpable en julio de 2025 frente a una corte de Illinois, Chicago, donde estaba su acusación, dos meses después de que al menos 17 familiares de Chapo Guzmán se entregasen a las autoridades de Estados Unidos en la frontera de Tijuana, California, en lo que, se dijo, era parte de un acuerdo de cooperación y protección derivado con Guzmán López. Un año antes, Joaquín Guzmán López, su hermano, se había entregado a Estados Unidos con un regalo: la cabeza de Ismael El Mayo Zambada, antiguo socio de El Chapo. Esta traición llevó a la guerra civil dentro del Cartel de Sinaloa que asola el Estado desde hace más de año y medio.
