Una de las características del México reciente fue la tersura de sus procesos políticos. Salvo en casos extremos, la mayor parte de los vencidos electoral o políticamente podían quedarse con la honra, los privilegios y los bienes adquiridos, fueran estos de procedencia lícita o ilícita. En una especie de perdón y olvido tanto general como reiterado, a lo largo de varios sexenios, el derrotado y sus familiares, amigos y cercanos, podían irse con tranquilidad a gozar de lo habido y obtenido. Las excepciones a esta regla son conocidas. En algunos casos, los menos, hubo asesinatos. En otros, también escasos, destierros breves no muy incómodos. Y en determinados momentos hubo cárcel que no significó, necesariamente, la pérdida de la fortuna.
A pesar de que las formas políticas de las últimas décadas llegaron a considerarse características propias del régimen político priista, se reiteraron de tal manera que dejaron su huella y permanencia en los sucesivos regímenes de la transición. Los coches, las casas en el país y en el extranjero, las cuentas bancarias, las obras de arte, los títulos y premios, y tantos otros símbolos del éxito logrado mediante el poder político quedaron intocados. La regla dominante fue aceptar a quienes llegaban, permitirles el más amplio ejercicio de sus atribuciones y callar sobre todo aquello que con anterioridad hubieran visto u oído. Quien estuvo dispuesto a dejar el espacio a los recién llegados podía irse tranquilo para, tal vez, volver tan fresco y encumbrado como cuando tuvo que irse.
La política mexicana dejó de ser cruenta para quienes participaban en sus formas y sus ritos y no, desde luego, para quienes como opositores pretendieron descarrilar las operaciones en marcha. La normalización de los silencios y los perdones hizo suponer a las élites que sus participaciones se reducían a unos recursos de sustitución bien acotados y regulados. A juegos en los que las derrotas no trascendían a la vida, el patrimonio, la honra o la libertad sino, en el peor de los casos, sólo al orgullo. Pienso, sin embargo, que tan constreñidas condiciones ya perdieron su vigencia. Que está de vuelta la política descarnada. De situaciones en las que los procesos de cambio, electorales o no, implicarán cárcel, destierro u otros males.
Si bien es cierto que a lo largo del periodo presidencial de Andrés Manuel López Obrador se han manifestado grandes contradicciones entre diversos grupos y personas, también es verdad que buena parte de ellos no provienen de estos años. Las diferentes posiciones y luchas sobre el poder político, económico, social o cultural, por ejemplo, no iniciaron recientemente. La participación de la delincuencia en más ámbitos públicos, la aparición de nuevos actores y el desplazamiento de otros que contaban con posiciones relativamente sólidas, la incapacidad para generar soluciones a los conflictos mediante mecanismos racionalizados, ejemplifican lo que acontece.
Lejos de suponer que aquello a lo que asistimos es nuevo, debemos admitir que es una combinación de fenómenos y ajustes recientes con los existentes, con la variación de que el vencedor no sólo considerará lícito tener lo que le es “propio”, sino que con los derrotados debe hacer algo más que privarlos del poder. Que por lo que ya han hecho o pueden llegar a hacer en su contra o de los suyos, por las redes que tienen constituidas o por otras razones semejantes, tienen que excluirlos del juego político con algo más que con la pérdida de los cargos o posiciones que ocupan. Considerar que quien había sido adversario o contrincante, ahora tiene la calidad de enemigo y, por ello, tiene que ser destruido. Que ha llegado el momento de mirar al otro desde la perspectiva tan bien señalada por Carl Schmitt, un pensador que poco a poco ha ido recuperando una condición de guía de conducta política y no ya sólo de reflexión sobre ella.
