Al presidente Andrés Manuel López Obrador le han secuestrado las bases de Morena. Diversos aspirantes a las gubernaturas de los nueve estados que irán a elecciones en 2024 amenazan con promover en sus estructuras el voto contra su partido político, en caso de que no resulten ser sus abanderados. Y si no es así, por lo menos consideran que los suyos, de motu proprio, no apoyarán a sus competidores en el proceso interno del partido.
La imagen de un liderazgo “todo poderoso”, poseedor de un simbólico bastón de mando, se desmorona ante el escenario de conflictos internos que se observan en Morena, en el que los operadores locales aseguran que pueden responder a intereses que no sean los de su movimiento.
Así se ven las cosas en estados como Chiapas, Morelos y la Ciudad de México, donde quienes se dicen cabezas de estructuras territoriales no garantizan los votos para Morena en caso de que no resulten ellos como candidatos. En este grupo estarían el chiapaneco Eduardo Ramírez Aguilar –quien amenaza con romper y llevarse sus apoyos a otro movimiento– y la alcaldesa con licencia de Iztapalapa, Clara Brugada –a quien en parte se le atribuye el vacío que le hicieron a Claudia Sheinbaum en el Estadio Azul– y en menor medida el morelense Rabindranath Salazar, más alineado a lo que digan los liderazgos del movimiento.
Los tres son considerados operadores de “tierra” y podrían no ser candidatos de Morena por carecer de la fuerza necesaria en las encuestas o en el ámbito mediático y digital, aquel que los estrategas electorales califican como el “aire”. En otras palabras, Ramírez, Salazar y Brugada concentran el voto incondicional de los grupos poblacionales que los han acompañado durante su trayectoria, aunque les cuesta trabajo ganar nuevos votantes entre los ciudadanos afines a partidos opositores o bien entre los apartidistas.
Los procesos electorales en el siglo XX se conquistaban con el voto de las estructuras. El voto corporativo del PRI llegó a representar hasta el 30% de las votaciones y una cifra también de dos dígitos en el padrón. Pero las cosas cambiaron en los últimos años y la sociedad finalmente hizo valer su voto; así llegó López Obrador a la Presidencia, con el voto de los ciudadanos de su movimiento y de las clases medias que vieron en su proyecto de país una alternativa diferente a la de los regímenes de centroderecha.
López Obrador lo tiene bastante claro: la estructura de Morena no ganó la Presidencia. La fuerza de su movimiento radica principalmente en su persona. El avance del movimiento en los gobiernos estatales tiene mucho que ver con el trabajo que por décadas hizo en “tierra”, pero también con su presencia diaria en las conferencias mañaneras y con la penetración de sus mensajes en prácticamente todas las comunidades del país, mucho a través de las “benditas redes sociales”, en una operación puramente de “aire”.
Morena y sus principales liderazgos, llámense López Obrador y Claudia Sheinbaum, se preparan para decidir las candidaturas con apego a los criterios de paridad de género y también con base en la competitividad que arrojan las encuestas. Hasta ahora no hay indicios de que los “dueños” del bastón de mando tengan intenciones de ceder a las presiones de los aspirantes a las candidaturas; tampoco de que los hayan vetado por usar esa estrategia. La decisión, como sea, será aprobada por López Obrador, Sheinbaum y Mario Delgado, y se dará a conocer este fin de semana. Lo que suceda el viernes marcará el futuro de la 4T y de sus principales liderazgos.
Posdata 1
Uno de los casos más complicados es el de Puebla, donde son tres los aspirantes que se dicen dueños del trabajo de tierra: Alejandro Armenta Mier, Ignacio Mier Velazco y Julio Huerta Gómez. El último es primo del fallecido exgobernador Luis Miguel Barbosa, por lo que se dice dueño de su estructura. Los primos Armenta y Mier también llevan muchos años trabajando el territorio. Sobre los tres personajes pesa la sombra de que en el estado se designe como candidata a una mujer, quien según las encuestas que se analizan en el partido ganaría también bajo la marca de Morena.
Posdata 2
A partir de este lunes se aplicó el llamado “ambiente controlado” en el Sistema de Administración Financiera Federal, con lo que la Secretaría de Hacienda toma las riendas de todo el sistema de pagos de la Administración Pública, en detrimento de los compromisos financieros que las dependencias tienen con sus proveedores.
Dicho régimen suele aplicarse en las últimas semanas del año, por el cierre presupuestal, pero en 2023 se adelantó prácticamente un mes. En esta época los pagos a los proveedores del gobierno quedan en manos de la dependencia que encabeza Rogelio Ramírez de la O, y, por experiencia de los contratistas, estos difícilmente llegan a concretarse en este periodo.
