El INE lleva la trama de corrupción de Taddei a la FGR

El Instituto Nacional Electoral (INE) se alista para llevar la trama de presunta corrupción en la Administración de Guadalupe Taddei al terreno penal. La presidenta provisional del organismo, Blanca Cruz, anunció este martes que las diez consejerías que integran el Consejo General acordaron presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue los posibles delitos cometidos durante la gestión de la sonorense. La intención es que el escrito quede presentado a más tardar este miércoles.

La decisión escala las repercusiones del escándalo que involucra a Taddei y a proveedores de material electoral en un esquema de presunta corrupción en las adjudicaciones del instituto que precipitaron la renuncia de Taddei y la mantiene en el centro de las sospechas. La denuncia no señala directamente a la expresidenta del organismo, abarca a cualquier funcionario o exfuncionario que pudiera haber participado en las irregularidades. Entre los posibles investigados figuran quienes ocuparon y ocupan posiciones estratégicas en la estructura administrativa, desde la Secretaría Ejecutiva hasta distintas direcciones del instituto.

“Las 10 consejerías estamos en el acuerdo de que nuestros equipos jurídicos trabajen para presentar la denuncia correspondiente, dar vista a la Fiscalía General de la República para deslindar responsabilidades a quien corresponda”, ha explicado Cruz. La funcionaria evitó adelantar nombres o cifras de posibles implicados. La investigación, sostuvo, deberá permanecer abierta a los elementos que encuentre la autoridad ministerial. “Puede ser que no solamente se investigue a una persona, sino a varios funcionarios que estén señalados de distintas irregularidades”, refirió.

El anuncio llega en medio de una nueva revelación sobre presuntos acuerdos entre Taddei y el empresario José Alfredo Hernández Casillas, quien es señalado como el principal beneficiario de los contratos del instituto. Las últimas revelaciones muestran a la entonces presidenta del INE y al contratista revisando cifras y hablando sobre un supuesto reparto de ganancias millonarias relacionado con contratos vinculados a la credencial para votar.

Las grabaciones han añadido presión a una crisis que terminó por precipitar la renuncia de Taddei el pasado 25 de octubre, después de semanas de cuestionamientos por su relación con contratistas que incluye viajes de lujo a París, Francia, reparto de ganancias y diálogos en los que se advierten posibles actos de corrupción que comprometen la probidad de Taddei.

La presidenta provisional insistió en que no corresponde al Consejo General establecer quiénes son responsables ni anticipar el número de personas que podrían ser investigadas. “Desde la consejera, de quien ha ocupado la Secretaría Ejecutiva, quien ha estado en algunas direcciones, cualquier persona que en la atribución de la Fiscalía determine que es sancionable por alguna conducta tipificada tendrá que responder”, ha zanjado la presidenta interina. Además, ha recordado que, a la denuncia ante la Fiscalía, existen investigaciones abiertas en la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y en el Órgano Interno de Control. Cada instancia deberá determinar, dentro de sus atribuciones, si existen elementos para fincar responsabilidades administrativas o penales.

La denuncia ante la FGR será el primer paso para trasladar las responsabilidades a una instancia con facultades para investigar posibles delitos y fincar, en su caso, sanciones penales. Se espera que las pesquisas respondan un puñado de incógnitas que rodean el caso: hasta dónde llegaron los presuntos acuerdos y quiénes, dentro del instituto, los conocieron, los facilitaron o participaron en ellos. El INE, que durante años ha defendido su autonomía como una de las garantías centrales de la democracia mexicana, enfrenta ahora un desafío mayúsculo: limpiar su imagen y recuperar la credibilidad en medio de un proceso electoral en curso.