Presenta iniciativa para crear un Programa Estatal de Trabajo Comunitario para la Reinserción Social

El diputado Antonio Chaurand Sorzano, integrante del grupo parlamentario de Morena, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Ejecución de Medidas Judiciales y Sanciones Penales del Estado de Guanajuato, para establecer un Programa Estatal de Trabajo Comunitario para la Reinserción Social.

En la exposición de motivos, el legislador mencionó que su propuesta contempla dotar a las personas privadas de la libertad y a quienes han cumplido su condena de herramientas laborales, formativas y sociales que faciliten su reincorporación a la comunidad y al ámbito productivo, fortaleciendo los procesos de reinserción bajo un enfoque fundado en el respeto a los derechos humanos.

El congresista señaló que Guanajuato registra una ocupación penitenciaria del 90.3%, equivalente a 6 mil 663 personas privadas de la libertad, de acuerdo con datos del Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios Estatales 2025, además de que el 64.6% de la población penitenciaria en la entidad cuenta con hijas e hijos, que se traduce en un impacto que abarca a más de 8,500 niñas, niños y adolescentes.

Agregó, que a nivel nacional más del 65% de la población en centros penitenciarios tiene como nivel máximo de estudios la educación básica o carece de escolaridad, a la par de que diagnósticos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señalan deficiencias en la oferta de actividades educativas y laborales en diversos centros del estado.

Chaurand Sorzano manifestó que por lo anterior se propone un esquema de carácter voluntario y formativo, que no representará una pena adicional ni sustituirá las sanciones de trabajo en favor de la comunidad dictadas por autoridades judiciales y que para su implementación, se contempla la vinculación entre el sistema penitenciario, las administraciones municipales, instituciones educativas, organismos de asistencia social y asociaciones civiles en acciones de reforestación, conservación de espacios públicos y servicios a la comunidad.

También, precisó que la iniciativa considera la conformación de un Comité Evaluador responsable de coordinar y vigilar las actividades, además de certificar las competencias adquiridas por las personas participantes, incorporando criterios de equidad e inclusión en el desarrollo del programa.

Finalmente, el proyecto subraya que la privación de la libertad no debe representar la interrupción definitiva de las capacidades educativas, laborales y sociales de las personas, sino una vía para fortalecer el desarrollo personal y la integración comunitaria.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen.