Jorge Romero Herrera, presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), acusó al gobierno de Morena de pactar con el crimen organizado y pidió a los participantes del Foro América Libre, Unidos por la Democracia, difundir en sus países los señalamientos de la oposición sobre la situación mexicana.
Durante su intervención en la cuarta edición del encuentro, el dirigente sostuvo que las autoridades comparten el poder con organizaciones delictivas. “En México existe un narcopacto”, afirmó, y aseguró que ese vínculo permite al narcotráfico ocupar puestos públicos y espacios de decisión.
El líder panista centró su discurso en cuatro asuntos, las restricciones a la libertad de expresión, la ausencia de división de poderes, la persecución política y los acuerdos que atribuye a funcionarios con grupos criminales. “En México vamos derechito, así, en línea recta, al camino del autoritarismo total”, expresó.
Sobre los derechos de las audiencias, indicó que su partido apoya una regulación, pero cuestionó que el gobierno determine qué contenidos constituyen hechos y cuáles corresponden a opiniones. Según su interpretación, los medios enfrentarían multas por incumplir esas disposiciones y, ante reincidencias, la desconexión.
Bajo ese argumento, Romero señaló que Morena “está generando un ministerio de la verdad” y advirtió sobre censura en radio y televisión. También denunció persecución contra periodistas, opositores e integrantes de la sociedad civil que cuestionan a las autoridades.
Respecto al Congreso, aseguró que el oficialismo obtuvo mayorías artificiales que la ciudadanía no le otorgó y subordinó sus decisiones al Ejecutivo. “En México el Poder Legislativo se ha convertido en una oficialía de partes”, afirmó el dirigente blanquiazul.
Frente a la reforma judicial, sostuvo que las listas de candidatos, conocidas como acordeones, determinaron quiénes ocuparon los cargos. Afirmó que los juzgadores responden a nexos políticos y advirtió sobre las dificultades que, a su juicio, enfrentaría cualquier ciudadano en un litigio contra alguien cercano al gobierno.
Romero también abordó el caso de Ernesto Ruffo, primer gobernador panista de Baja California, a quien calificó como preso político y aseguró que continúa bajo una persecución injusta pese al cambio de medida cautelar que le permite permanecer en casa.
El dirigente nacional afirmó que Ruffo tenía menos de 0.5 por ciento de participación accionaria y carecía de facultades administrativas en Ingemar, empresa relacionada con uno de los casos más grandes de huachicol fiscal en el país. Romero también aseguró que ningún funcionario de las áreas involucradas enfrenta siquiera una investigación.
Como parte del encuentro agradeció a la Fundación Konrad Adenauer y a Hans-Hartwig Blomeier su contribución para realizarlo. Tras solicitar que los asistentes lleven sus denuncias al exterior, ofreció respaldo a las causas democráticas de otras naciones. “En el PAN siempre contarán con un aliado”, expresó.
