Regular servicio de grúas para evitar abusos, es competencia estatal: GPPRI

El diputado Alejandro Arias condujo tres Mesas de Trabajo de la Comisión de Seguridad Pública para analizar igual número de iniciativas, una de ellas impulsada por el GPPRI para regular el servicio de grúas y evitar abusos a conductoras y conductores que cometen una infracción. 

En el análisis a que convocó dicha comisión legislativa, participaron representantes de la Consejería Jurídica y de las Secretarías de Gobierno y de Obra Pública de gobierno del estado, así como asesores de diputadas que la integran.

La propuesta legislativa está contenida en tres párrafos que se adicionan al artículo 157 de la Ley de Movilidad para precisar que el servicio de grúas no es de carga, sino de arrastre y para que quienes cometieron una infracción puedan hacer el traslado de su vehículo al corralón o designar al permisionario estatal de grúas de su preferencia para evitar abusos en tarifas, siempre y cuando no se encuentren bajo efectos del alcohol ni hayan cometido un delito.

Asimismo, para que la inobservancia a esa disposición sea sancionada conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas.

Del cuerpo de asesores del GPPRI tomó la palabra Juan Manuel Álvarez, quien habló de lo que padecen conductoras y conductores que cometen una infracción ante abusos de autoridades y concesionarios que deciden cómo proceder cuando cometen una infracción que amerita corralón para su vehículo “por falta de normas claras, de falta de reglamentación”. 

Además de remarcar que el servicio de grúas no es de carga, sino de arrastre y salvamento, como se propone en la iniciativa que fue presentada al Pleno de la LXV Legislatura en diciembre del 2022, también enfatizó que no se invade competencia municipal y que el Congreso local puede legislar en la materia.

Ello, ante la opinión de representantes de gobierno y dependencias estatales que refirieron lo contrario durante sus participaciones.

Las otras dos Mesas de Trabajo que condujo el diputado Alejandro Arias fueron para analizar una propuesta de reforma a la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato para armonizarla con la Ley General en materia de coordinación en los tres órdenes de gobierno, y en el campo de la mejora regulatoria la otra.