La representación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Guanajuato habría entrado en proceso de relevo con la salida de su titular, Juan Francisco Vera Ayala, apenas ocho meses después de haber asumido el cargo y en medio de la controversia generada por el aseguramiento de alrededor de 59 millones de litros de combustible en San José de Iturbide.
De acuerdo con versiones extraoficiales difundidas este miércoles por medios nacionales, Vera Ayala habría dejado la delegación federal y su lugar sería ocupado por Norma Quevedo Vázquez, funcionaria con trayectoria dentro de la institución.
Sin embargo, hasta el cierre de esta información, la FGR no había emitido un comunicado formal confirmando el relevo. Incluso, reportes difundidos la noche del miércoles señalaron que el área de comunicación de la Fiscalía aseguró no contar con información que confirmara que Vera Ayala hubiera dejado el cargo.
La versión del relevo fue publicada por La Jornada, que citó fuentes de la propia FGR para señalar que Vera Ayala habría sido cesado a raíz del operativo del 17 de septiembre y que Norma Quevedo Vázquez se perfila para sustituirlo.
El misterioso decomiso
El eventual movimiento en la representación federal ocurre apenas una semana después de uno de los operativos contra hidrocarburos de mayor dimensión reportados en Guanajuato.
El 17 de septiembre, autoridades federales y estatales ejecutaron una orden de cateo en un inmueble localizado en la comunidad de La Fragua, en San José de Iturbide, donde fueron localizados diez tanques de almacenamiento, tres unidades de carga, contenedores y documentación relacionada con la investigación.
La información oficial del Gobierno de Guanajuato señaló inicialmente el aseguramiento de aproximadamente 59 millones de litros de presunto hidrocarburo, correspondientes a gasolina regular, gasolina premium y diésel. La diligencia fue autorizada por un juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal y ejecutada por el Ministerio Público Federal con apoyo de autoridades estatales.
La cifra exacta reportada por la FGR fue de 59 millones 36 mil 870 litros: alrededor de 33.5 millones de litros de gasolina regular, 7.2 millones de gasolina premium y 18.2 millones de diésel.
El anuncio tuvo además una fuerte repercusión política y mediática, pues el aseguramiento se dio a conocer durante la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Guanajuato.
Ese 18 de septiembre, desde Irapuato, la presidenta destacó el operativo y señaló que la investigación debía establecer de dónde provenía el combustible y hacia dónde era distribuido. Sheinbaum también afirmó que la FGR contaba con avances para identificar a los responsables y que debían producirse detenciones, más allá del aseguramiento físico del producto.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó entonces que en el predio no había personas detenidas durante el cateo y que correspondería a las investigaciones determinar quién estaba detrás de la operación.
La investigación dio un giro
El problema surgió cuando, después del anuncio inicial, la empresa Gas Natural del Noroeste, vinculada a Grupo SIMSA y operadora de la terminal, sostuvo que contaba con los permisos correspondientes para el almacenamiento y que los productos depositados en las instalaciones pertenecían a otras compañías.
Ante ello, la propia FGR modificó el alcance público de su primera narrativa.
La Fiscalía informó que las empresas relacionadas con el combustible no habían acreditado de manera completa y fehaciente la licitud de su origen, manejo y destino, por lo que la investigación debía continuar para determinar la propiedad, procedencia y trazabilidad financiera y fiscal de los hidrocarburos.
La fiscal general Ernestina Godoy ordenó entonces que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) ejerciera la facultad de atracción de la carpeta, trasladando el control de la investigación fuera de la representación estatal.
Y este miércoles apareció un nuevo elemento que modifica todavía más el panorama.
De acuerdo con fuentes de la FGR citadas por La Jornada, todo parece indicar que los 59 millones de litros asegurados no serían “huachicol fiscal”, aunque la investigación continúa abierta y no existe todavía una conclusión oficial definitiva sobre la legalidad, procedencia y trazabilidad del combustible.
Es decir, el aseguramiento sí ocurrió y los 59 millones de litros sí fueron puestos bajo resguardo de las autoridades; lo que permanece en investigación es si el producto constituía realmente combustible ilegal y cuál era su origen y destino.
El propio comunicado del Gobierno de Guanajuato había advertido desde el primer momento que las cantidades eran aproximadas y que serían necesarios dictámenes periciales para establecer la cantidad definitiva, naturaleza, procedencia y legalidad del producto.
Vera Ayala, apenas ocho meses en el cargo
Juan Francisco Vera Ayala llegó a la representación de la FGR en Guanajuato en enero de 2026, en sustitución de Ignacio Alejandro Vila Chávez, por lo que su eventual salida se produciría apenas ocho meses después de asumir la responsabilidad federal en la entidad.
Su gestión quedó marcada en sus últimos días por el operativo de San José de Iturbide y por el posterior traslado de la investigación a la FEMDO.
Hasta ahora, ninguna autoridad federal ha establecido públicamente que el eventual relevo sea una sanción derivada del aseguramiento. La coincidencia temporal, sin embargo, ha colocado ambas circunstancias en el centro de la atención pública.
De confirmarse la salida, quedaría además pendiente conocer si se trató de una remoción, renuncia o movimiento administrativo, así como las razones concretas que llevaron a la decisión.
Norma Quevedo, el nombre para sustituirlo
En las versiones que circulan dentro y fuera de la institución aparece como relevo Norma Quevedo Vázquez, funcionaria con experiencia en la estructura de la entonces Procuraduría General de la República y posteriormente de la FGR.
De acuerdo con información pública retomada por medios que han reportado el movimiento, Quevedo Vázquez se desempeñó como subdelegada de Procedimientos Penales de la PGR en Morelos entre 2016 y 2017, y posteriormente como subdelegada de Procedimientos Penales “A” en Campeche, en 2019.
Su eventual llegada a Guanajuato ocurriría, además, en un momento particularmente sensible para la representación federal, pues la investigación sobre el combustible de San José de Iturbide ya se encuentra bajo la conducción de la FEMDO y continúa la revisión de documentación, empresas involucradas y posibles responsabilidades.
Por ahora, el dato central es que el aseguramiento de los 59 millones de litros permanece vigente como una diligencia ministerial, pero su carácter de combustible ilegal todavía no ha quedado acreditado públicamente de manera definitiva.
Y mientras la FEMDO busca establecer qué había realmente detrás de la gigantesca reserva de hidrocarburos encontrada en La Fragua, la delegación de la FGR en Guanajuato enfrenta también un relevo que, aunque todavía no ha sido confirmado oficialmente, ya es reportado como inminente por distintas fuentes.
El caso, que fue presentado inicialmente como un golpe histórico contra el huachicol, entra así en una segunda etapa: la de demostrar jurídicamente qué era exactamente el combustible asegurado, quién era su propietario, de dónde provenía, hacia dónde se dirigía y si existió realmente una operación ilícita detrás de los millones de litros encontrados.
