Mientras el discurso oficial presumía un supuesto “récord histórico en obra pública”, las finanzas de Romita, Guanajuato se desplomaban entre auditorías reprobadas, deudas millonarias y proyectos inconclusos. La gestión de Oswaldo Ponce Granados (2018–2024) no solo dejó un rastro de inseguridad y violencia, sino también de anomalías financieras que contrastan directamente con el crecimiento acelerado de su patrimonio personal en el mismo periodo.
Documentos de auditorías federales y estatales revelan el patrón de irregularidades que caracterizó a su administración:
● Facturación irregular: Compras a proveedores fantasma por más de 4 millones de pesos.
● Conflicto de interés: Arrendamiento de vehículos municipales mediante contratos vinculados a presuntos intereses cercanos a la administración.
● Desvío de fondos federales: El presunto desvío de 18 millones de pesos pertenecientes al Ramo 33, recurso etiquetado primordialmente para el combate a la pobreza y la infraestructura básica.
● Pasivo laboral: Una deuda acumulada por demandas laborales que supera los 55 millones de pesos.
Al término de su mandato en 2024, la realidad del municipio distaba del informe de gobierno: proveedores con pagos pendientes, obras abandonadas y una crisis de liquidez que comprometió la operatividad local.
El contraste patrimonial: de los 100 mil a los 10 millones
En paralelo al deterioro de la hacienda pública de Romita, la vertiente empresarial del exalcalde —médico de profesión— registraba una rápida expansión. En 2022, a mitad de su gestión como alcalde, Oswaldo Ponce Granados constituyó junto a su esposa, Farah Sua López Vargas, la sociedad mercantil POLOZVAR, S.A. de C.V. La empresa fue registrada con un capital inicial de apenas 100 mil pesos y un objeto social amplio: desde servicios médicos y hospitalarios, arrendamiento de consultorios, hasta participación en licitaciones públicas y alianzas estratégicas. Sin embargo, esta sociedad no fue incluida en la última Declaración Patrimonial de Ponce Granados ni de López Vargas, lo que refuerza las dudas sobre la transparencia de su gestión.
Dos años después de la salida de Oswaldo Ponce Granados, la compañía dio un salto significativo. Hoy, la firma posee un inmueble próximo a inaugurarse en Avenida Aztecas No. 2, en Romita, valuado en alrededor de 10 millones de pesos y registrado a nombre de Farah Sua López Vargas. El edificio está listo para operar como una clínica privada de primer nivel en el municipio. Incluso en los registros de la CFE del propio inmueble aparece el nombre de López Vargas, confirmando su titularidad.El crecimiento económico de la empresa familiar ocurrió de forma paralela al desmantelamiento financiero de Romita, alimentando los señalamientos por presunto enriquecimiento ilícito y el uso del servicio público para beneficio personal.
Durante 2025 y 2026 comenzaron a hacerse públicos diversos señalamientos sobre las condiciones financieras en que fue entregado el municipio al concluir el gobierno de Ponce Granados.
Uno de los casos documentados en diversos medios corresponde a la revisión de la cuenta pública de 2023, en la que la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) observó compras de materiales, útiles y equipos menores de oficina por 4 millones 470 mil 020 pesos, debido a que no se habría acreditado la entrega de los productos.
De acuerdo con la publicación, las operaciones involucraron a Accouting Consultancy, Tax and Business Strategy, S.A. de C.V., por 3 millones 788 mil 365.87 pesos, entre otros proveedores..
La auditoría habría señalado que no se presentó evidencia suficiente del suministro de los artículos, su ingreso al almacén municipal ni su entrega a los usuarios finales. También se reportaron irregularidades en el procedimiento de adquisición.
En otro frente, la administración municipal encabezada por el actual alcalde, Pedro Kiyoshi Tanamachi Reyes, ha señalado un presunto faltante de recursos federales del Ramo 33, que habría afectado la ejecución y el pago de obras públicas.
En marzo de 2026, se informó que Tanamachi sostuvo que su gobierno contaba con documentación para acreditar el desfalco que atribuye a la administración anterior. Según sus declaraciones, alrededor de 24 millones de pesos en obra pública habrían quedado sin pagar al cierre del trienio, en relación con el uso de recursos del Ramo 33 para gasto corriente.
El alcalde también mencionó pasivos laborales superiores a los 50 millones de pesos, adeudos al Instituto Mexicano del Seguro Social, impuestos y suministro eléctrico.
Estas cantidades forman parte de los señalamientos de la administración actual y de las observaciones reportadas públicamente. Su alcance y las posibles responsabilidades administrativas o penales deben establecerse mediante las resoluciones correspondientes de las autoridades fiscalizadoras y de procuración de justicia.
