Autoridades estatales y federales ejecutaron una orden de cateo en un inmueble ubicado en la comunidad de La Hacienda; el lugar es investigado por presuntos delitos con precursores químicos.
La diligencia fue realizada por integrantes de la Comisaría de Investigación de Campo, adscrita a la Subsecretaría de Inteligencia Operacional de la Secretaría de Seguridad y Paz, con la participación del Grupo Táctico Guanajuato, la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Guardia Nacional, agentes del Ministerio Público Federal y personal pericial de la Fiscalía General de la República.
Como parte de la estrategia Coordinación Operativa de la Nueva Fuerza de Inteligencia Anticrimen (CONFÍA), la intervención se originó a partir de una carpeta de investigación. Los trabajos realizados permitieron reunir datos de prueba para que el Ministerio Público Federal solicitara y obtuviera de la autoridad judicial la autorización para ingresar al predio.
Durante la inspección del inmueble fueron localizados y asegurados:
● 12 tambos de plástico azul, con capacidad aproximada de 200 litros cada uno. La mayoría contenía una sustancia líquida amarillenta; algunos presentaban residuos o se encontraban a menos de la mitad de su capacidad y dos no pudieron ser abiertos durante la diligencia.
● Cinco garrafas de plástico transparente, con capacidad aproximada de 20 litros cada una, que contenían una sustancia líquida incolora.
● Diversas tinas y cubetas.
● Dos cilindros con gas remanente aún no identificado y una zona con indicios de combustión.
El predio se encontraba aparentemente abandonado, con presencia de vegetación, polvo y acumulación de basura. Los hallazgos serán analizados para determinar el origen de la zona quemada.
El inmueble y todos los indicios quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República, autoridad responsable de continuar con las diligencias y determinar lo que corresponda conforme a derecho.
La Secretaría de Seguridad y Paz continuará aportando capacidades de inteligencia e investigación y fortaleciendo la coordinación con las autoridades federales para prevenir riesgos, proteger a las comunidades y combatir las actividades relacionadas con el uso ilícito de precursores químicos.
