El grupo parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Inclusión para las Personas con Discapacidad en el Estado de Guanajuato, con el propósito de fortalecer las obligaciones de accesibilidad y garantizar alternativas de atención cuando las condiciones de las instalaciones impidan realizar un trámite o recibir un servicio.
La iniciativa fue presentada en el apartado de asuntos generales de la pasada sesión por la diputada Sandra Alicia Pedroza Orozco. Se comentó que las barreras físicas pueden impedir el acceso a oficinas públicas, dificultar el desplazamiento dentro de los inmuebles o imposibilitar el uso de los espacios destinados a la atención ciudadana, lo que puede ocasionar visitas fallidas y afectar el ejercicio oportuno de derechos.
En el documento se expresa que se pretende que la falta de accesibilidad de un inmueble no sea motivo para dejar sin atención a una persona, sino que las autoridades adopten las medidas necesarias para ofrecer una alternativa viable, sin trasladarle el costo de los ajustes razonables.
Se detalla que se propone precisar los lineamientos mínimos de accesibilidad aplicables a la infraestructura básica, el equipamiento y el entorno urbano de los espacios públicos y privados de uso público.
En ese sentido se plantea establecer que la accesibilidad sea universal, obligatoria y adaptada para todas las personas, e incluir medidas como señalización, facilidades arquitectónicas, tecnologías, información accesible, sistema Braille, Lengua de Señas Mexicana, ayudas técnicas, perros guía o animales de servicio y otros apoyos, incluido el escalón universal cuando sea necesario.
Asimismo, se indica que la accesibilidad y los ajustes razonables son figuras complementarias. Mientras la primera debe considerarse en la planeación y adecuación de los espacios, los segundos responden a necesidades específicas que pueden persistir incluso cuando existen condiciones generales de accesibilidad.
Se refiere que derivado de una solicitud de acceso a la información pública, se reportó que las oficinas destinadas a la atención de usuarios y las áreas administrativas revisadas no contaban con la implementación del escalón universal, datos que permiten visualizar los retos de implementación de las disposiciones vigentes.
Finalmente, se contempla que las autoridades competentes realicen progresivamente las adecuaciones presupuestales necesarias para cumplir con las disposiciones propuestas.
La iniciativa se turnó a la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables para su estudio y dictamen.
