El Gobierno de Claudia Sheinbaum busca convencer a un mayor número de empresas privadas a reconsiderar el negocio petrolero y asociarse con estatal Pemex. La estrategia busca detener la declinación de su producción de crudo a través de la creación de nuevas empresas mixtas, aunque el plan todavía enfrenta retos decisivos: diseñar contratos que resulten rentables para los inversionistas y reconstruir la confianza de un sector que aún mira con cautela las reglas del juego.
Con un renovado sentido de urgencia y ante una sala llena de empresarios, el equipo energético de la mandataria ha lanzado este miércoles una batería de mensajes en un intento de recuperar la certidumbre. En ese contexto, la secretaria de Energía, Luz Elena González, destacó que la abultada deuda con proveedores de la estatal se ha reducido en 830.000 millones de pesos (casi un 80%) en los últimos 18 meses y que ya están operando 10 contratos mixtos con privados para reforzar distintas partes de la cadena de producción, desde que se abrió una primera convocatoria en diciembre. “Queremos acelerar las cosas: aumentar la capacidad de producción con participación mixta, que permita fortalecer la explotación de hidrocarburos”, resumió durante un foro que reunió a empresarios energéticos y autoridades, en una escena poco común en los años recientes de Gobiernos morenistas.
“Se cumplió con los proveedores”, ha agregado la funcionaria, en referencia a uno de los principales pasivos –y obstáculos– para corregir la tendencia de declive de la producción de Pemex, que, además, ha complicado la relación de la empresa con sus contratistas.
En el segundo trimestre de 2026, la extracción de crudo se estabilizó en un promedio de 1,36 millones de barriles diarios, después de dos años de caídas. La deuda financiera también registró su menor nivel desde 2015, aunque todavía asciende a 77.500 millones de dólares. A ello se suman unos 1,5 billones de pesos en obligaciones laborales crecientes —equivalentes a unos 88.000 millones de dólares—, derivadas de una pesada plantilla cercana a 130.000 trabajadores, además de los onerosos compromisos por jubilaciones y pensiones.
“Hoy nos podemos sentar de frente —como lo estamos haciendo— para discutir sobre lo que viene para el país. Estamos trabajando en mejorar la posición financiera de la empresa y vamos a seguir hacia allá”, añadió el director General de Pemex, Juan Carlos Carpio. El funcionario, que asumió el cargo en mayo, detalló que la petrolera busca crear asociaciones en áreas tan diversas como exploración, operaciones en aguas profundas, desarrollo de sísmica, refinación y nuevas tecnologías, bajo esquemas que permitan “compartir riesgos, costos, inversiones y beneficios”, pero sin ceder el control del Estado sobre los proyectos.
El mensaje fue recibido con cautela entre los empresarios. Aunque algunos reconocieron que los funcionarios han enviado señales para intentar recuperar la confianza, esperan ver las propuestas aterrizadas sobre la mesa. Ahí aparecen los primeros reparos: Carpio ha prometido establecer mesas de trabajo para definir los modelos de asociación, un mecanismo más asociado a la burocracia pública que a la velocidad de los consejos de administración. La agilidad con la que puedan concretarse los acuerdos será crucial, sobre todo cuando Pemex se dispone a embarcarse en el ambicioso plan de explotar sus ingentes reservas de gas natural mediante fractura hidráulica (fracking).
Sobre este tema, José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), principal representante del sector privado en el país –y organizador del foro–, recalcó que el sector está en espera de los lineamientos para abordar sus planes de inversión. “Son recursos naturales que tiene el país y es importante que los aprovechemos. Desde luego que hay el interés en invertir por parte del sector privado tanto nacional como extranjero. Estamos listos”, afirmó
Los funcionarios han insistido en que se están construyendo modelos de negocio a la medida de las características de cada proyecto, en reconocimiento de que las necesidades de una operación de exploración y extracción de hidrocarburos son distintas de las de un contrato de servicios.
Un precedente considerado hasta ahora como uno de los casos más exitosos de colaboración público-privada del Gobierno no está en Pemex, sino en la Comisión Federal de Electricidad (CFE). González señaló que la empresa eléctrica ha acelerado la aprobación de más de un centenar de permisos adicionales para proyectos del sector con miras a estar operativos en 2027; incluidos 55 plantas con tecnología renovable: 17 privadas y 38 bajo esquemas mixtos. Aunque México todavía enfrenta cuellos de botella en su sistema eléctrico y episodios de apagones, la experiencia de la CFE puede ofrecer pistas para el nuevo intento de la petrolera.
