Discute Congreso del Estado iniciativas relativas a la electromovilidad y mejora regulatoria

La Comisión de Movilidad y Seguridad Vial realizó mesas de trabajo para analizar dos iniciativas de reforma a la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus Municipios en materia de electromovilidad y mejora regulatoria.

Electromovilidad

El primer análisis correspondió a la iniciativa que busca establecer un marco normativo que permita ordenar, promover y regular la electromovilidad en la entidad.

Los asistentes a la mesa de trabajo externaron una postura favorable respecto del propósito general de modernizar el sistema de transporte e incentivar la transición progresiva hacia tecnologías más sostenibles y eficientes en la entidad; señalaron que la electromovilidad requiere una articulación técnica cuidadosa para evitar sobrecargar a la administración pública y prevenir contradicciones jurídicas, por lo que resulta indispensable armonizar la propuesta con las reformas vigentes del Código Territorial.

También, manifestaron su preocupación respecto a trasladar de forma textual definiciones técnicas y conceptos operativos que provienen de acuerdos emitidos por órganos reguladores federales en materia energética, al explicar que copiar conceptos altamente especializados en una ley local genera el riesgo de desactualización inmediata y desfase normativo ante futuras modificaciones federales, recomendando en su lugar utilizar remisiones directas al marco normativo de la Federación para garantizar consistencia y flexibilidad jurídica en términos clave como infraestructura de recarga, estaciones gratuitas y vehículos eléctricos e híbridos.

Asimismo, advirtieron sobre las implicaciones operativas, financieras y de planeación que estas obligaciones imponen a los gobiernos locales, considerando la marcada disparidad en capacidades técnicas y presupuestales de los 46 municipios del estado, por lo que propusieron establecer un régimen transitorio que prevea una implementación gradual y ordenada de las responsabilidades.

Finalmente, comentaron que sustituir vehículos de combustión por unidades eléctricas particulares no resuelve de fondo los retos de congestión vial ni reduce de manera absoluta las emisiones globales de carbono, dado que gran parte de la energía se sigue produciendo mediante hidrocarburos; y mencionaron que los vehículos eléctricos son considerablemente más pesados por sus bancos de baterías y cuentan con mayor potencia inmediata, lo que propicia un desgaste acelerado de los pavimentos, lo que propicia un aumento de los costos públicos de mantenimiento urbano y se tiene riesgos potenciales a la seguridad vial.

Al hacer uso de la voz, la diputada Sandra Alicia Pedroza Orozco resaltó la importancia de cuidar la técnica legislativa y asegurar una debida articulación con los ordenamientos vigentes y que, al tratarse de conceptos técnicos en proceso de regulación federal, debe vigilarse el respeto a las competencias para evitar reformas locales constantes y reactivas a lo que determine la Federación.

Agregó que la incorporación de la electromovilidad es un paso necesario ante la evolución social y tecnológica, compartiendo la visión de que el vehículo eléctrico no debe asumirse como la solución definitiva a los problemas viales, sino entenderse como una alternativa complementaria que debe supeditarse al principio de jerarquía de la movilidad.

Mejora Regulatoria

La segunda mesa de trabajo discutió la propuesta en materia de simplificación y digitalización aprovechando estructuras que a la fecha despliegan atribuciones en materia de mejora regulatoria.

Los representantes de diferentes instituciones se pronunciaron a favor de la viabilidad jurídica y administrativa de la propuesta, al indicar que los cambios sugeridos no presentan impedimentos de constitucionalidad, convencionalidad ni de invasión de competencias; señalaron que la reforma constituye una actualización normativa indispensable para armonizar la legislación en materia de movilidad con la reciente reestructuración de la administración pública estatal, formalizando la integración de la recién creada Secretaría de Derechos Humanos al Consejo Estatal de Movilidad y Seguridad Vial.

Agregaron que esta adecuación institucional fortalece la certeza jurídica, mejora la coordinación intersecretarial y garantiza la transversalización de la perspectiva de derechos humanos en el diseño de políticas públicas; explicaron que la presencia de esta dependencia en el órgano colegiado rector de la movilidad da cumplimiento al principio constitucional de progresividad, haciendo operativa una obligación ya existente y asegurando que las decisiones del sector respeten integralmente el derecho a la movilidad sin alterar la naturaleza del Consejo.

Por otra parte, advirtieron sobre el riesgo de que la migración de servicios, avisos, denuncias y consultas a plataformas tecnológicas se convierta en una barrera de exclusión para grupos prioritarios e históricamente vulnerados, toda vez que la falta de acceso o habilidades tecnológicas no debe derivar en una regresión del ejercicio efectivo de sus derechos fundamentales; y sugirieron establecer una evaluación de accesibilidad obligatoria previa a la puesta en operación de cualquier trámite digitalizado.

Finalmente, la legisladora Sandra Alicia Pedroza Orozco comentó que conforme a lo analizado en la mesa de trabajo y en el texto de la propuesta en materia de movilidad, la reforma se limita estrictamente a una actualización normativa para sustituir la referencia al extinto INGUDIS por la Secretaría de Derechos Humanos, modificación que no genera impacto presupuestal ni afectaciones administrativas o de índole jurídica, por lo que instruyó a la secretaría técnica la elaboración del dictamen en sentido positivo.

En la reunión estuvieron presentes la diputada Sandra Alicia Pedroza Orozco y el diputado Ernesto Millán Soberanes. Ambos, acompañados por personas representantes de la Consejería Jurídica del Ejecutivo; Secretaría del Agua y Medio Ambiente; Secretaría de Gobierno; Secretaría de Obra Pública; Secretaría de Derechos Humanos; Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato; asesores de grupos parlamentarios; y personal de las diferentes áreas del Congreso del Estado de Guanajuato.