La ruptura del PAN con el PRI fue anunciada en octubre como una decisión nacional y estratégica. Acción Nacional quería reinventarse, distanciarse del tricolor y presentarse ante el electorado como una alternativa propia después de un periodo de coaliciones. Pero el cálculo político en los Estados con miras a las elecciones de 2027 está empujando a ambas agrupaciones políticas en la dirección opuesta. Diez meses después de aquella ruptura, esa postura, como adelantó EL PAÍS, empieza a enfriarse en un puñado de territorios.
El PAN ha entreabierto la puerta. Jorge Romero, dirigente del partido de derecha, sostiene que deben competir con sus propias siglas, pero al mismo tiempo ha dicho que escuchará a las estructuras locales y analizará las condiciones particulares de cada Estado antes de definir la política de alianzas o coaliciones. Aunque en la retórica conserva la narrativa de que la última palabra la tendrá la dirigencia nacional, en paralelo acepta que competir solos no será una regla absoluta.
Romero ha insistido desde La Paz, en Baja California Sur, a propósito de la plenaria de la bancada panista para definir la agenda para el próximo periodo de sesiones en el Congreso mexicano, en que el PAN evaluará las circunstancias de cada Estado para decidir si construye acuerdos electorales o no.
Su par en el PRI, Alejandro Moreno, no tardó en recoger la señal. El dirigente del tricolor dejó caer, durante la reunión preparatoria de este jueves para el arranque del periodo legislativo, los guantes de batalla que mantenía desde el anuncio del divorcio panista. Celebró la posibilidad de volver a construir alianzas con Acción Nacional en los Estados: “Reconozco que lo que ha hecho la dirigencia del PAN es decir ‘Primero está México’. Porque antes de pensar en una marca partidista hay que pensar en el país y esas son aproximaciones que nos van a permitir tener acercamientos para que las dirigencias locales comiencen a construir”, lanzó.
El polémico líder mantiene sobre la mesa su apuesta por un frente opositor amplio para hacer frente a Morena en las elecciones de 2027 y 2030. No habló de reconstruir la coalición nacional que ambos partidos formaron en 2024 para disputar la presidencia, pero sí reivindicó la utilidad de competir juntos allí donde la suma de votos, estructuras y candidaturas pueda inclinar la balanza.
El pronóstico que Moreno ha sostenido desde el inicio de la ruptura empieza a materializarse: las alianzas nacionales pueden terminar, pero las necesidades electorales en los Estados tienen la última palabra. En noviembre, al mes siguiente del anuncio de Romero en el que firmó con lápiz su divorcio del PRI, el dirigente priista dijo a EL PAÍS, casi como un vaticinio, que “las alianzas llegaron para quedarse” y planteó casos concretos: “¿Cómo va a competir el PAN en Chihuahua o Nuevo León?”.
Cuando el PAN anunció su relanzamiento, la separación del PRI fue presentada como una operación profunda para restablecer su identidad, un lavado de cara para reivindicar su imagen y recuperar una marca que, según Romero, había quedado desdibujada por la alianza con el tricolor. También pretendía distanciarse de una coalición asociada a la derrota presidencial de 2024 para volver a competir con sus propios colores, candidatos y siglas.
El dirigente insistió en que no habría nuevas alianzas nacionales con el PRI. El PAN, dijo, apostaría por sí mismo. La rebelión se comenzó a asomar entre algunos liderazgos panistas de inmediato y aunque hubo un periodo de calma, en las últimas semanas la inconformidad se ha reactivado. Las dirigencias estatales, los alcaldes y líderes territoriales enfrentan una realidad y números distintos a los de la dirigencia nacional. En Chihuahua, Nuevo León, Sonora, Zacatecas, y otros Estados, la pregunta no es si el PAN quiere ir solo en la boleta, sino si puede ganar solo.
Desde el anuncio, los panistas locales advirtieron de que separar las marcas opositoras podía fragmentar el voto y entregar la elección a Morena, a Movimiento Ciudadano o al partido mejor posicionado. La rebelión dejó de ser una diferencia de estrategia y se convirtió en una disputa sobre la viabilidad electoral del proyecto panista. En noviembre, la reforma estatutaria del PAN dejó abierta una salida política que vacunó al partido de sus propias decisiones. Acción Nacional no tiene que hablar necesariamente de coaliciones, sino de “asociaciones” con otras fuerzas. El lenguaje cambió, pero la posibilidad de pactar quedó abierta como si se previera lo que se ha comenzado a dibujar.
El PRI llega debilitado, pero conserva estructuras territoriales, operadores y cuadros competitivos en el norte del país. El PAN mantiene mayor capacidad electoral en otros Estados, aunque en algunos escenarios, sus votos sumados a los del PRI pueden acercarlos a la victoria. Es por eso que los liderazgos locales se alistan a juntar las piezas de la coalición opositora.
Nuevo León es uno de los casos más claros. Las estructuras de ambos partidos han comenzado a mirar la posibilidad de una candidatura competitiva alrededor de Adrián de la Garza. En Sonora, el alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán, ha defendido que PAN y PRI difícilmente pueden derrotar por separado a Morena. En Chihuahua, el panismo local ha planteado la necesidad de una alianza para conservar el Estado.
La lista puede crecer conforme se acerque la elección. Los Estados se perfilan como los que marquen el número de alianzas por encima de lo que diga su dirigencia nacional: competir solos donde haya posibilidades de ganar y pactar con el PRI donde ambos necesitan sus votos, sus estructuras o sus candidatos. Ese es el escenario que ha enfriado aquel divorcio anunciado.
