La Comisión para la Igualdad de Género realizó una mesa de trabajo para analizar dos diferentes iniciativas de reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Guanajuato y a la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Guanajuato; todas ellas con la finalidad de armonizar diversos ordenamientos en materia de atención, prevención y erradicación de las violencias de género, igualdad sustantiva y lenguaje incluyente, en el marco de la conmemoración del 8 de marzo.
Los asistentes a la mesa de trabajo externaron una postura favorable al manifestar que las reformas representan un paso trascendental y una obligación de armonización normativa para consolidar la igualdad sustantiva, erradicar la brecha salarial por razones de género y garantizar a las mujeres, adolescentes y niñas el derecho a una vida libre de violencias; precisaron que este esfuerzo legislativo conjunto, entre el Poder Ejecutivo, los órganos de gobierno y las comisiones del Congreso, articula un cambio de paradigma estructural a través de tres ejes rectores: la prevención y atención de las violencias, la transversalidad de la igualdad sustantiva y la obligatoriedad del lenguaje incluyente y no sexista como herramienta indispensable para desmantelar asimetrías de poder y hacer visibles a grupos históricamente excluidos.
En cuanto a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, señalaron la pertinencia de reconocer formalmente el término en plural violencias para reflejar sus múltiples manifestaciones, tipos y ámbitos, diferenciándolo con claridad del fenómeno general; sugirieron perfeccionar la definición de víctima para no mezclar en una misma redacción a las víctimas directas con las indirectas, incorporar el concepto de masculinidades positivas e igualitarias e incluir la violencia mediática junto con la digital para abarcar agresiones difundidas por servicios de mensajería y medios de comunicación, asegurando la debida correspondencia con los tipos penales vigentes en la entidad.
Expresaron que las formalidades y desarrollo de las sesiones del Consejo Estatal deben reservarse a su propio reglamento interno, evitando sobrecargar el texto legal; aclararon que la exigencia de cartas de no conflicto de interés no debe imponerse a las personas titulares de dependencias públicas, sino acotarse a representantes de la sociedad civil; apuntaron que la operación de los refugios de protección debe asignarse con precisión competencial a la Secretaría de las Mujeres; enfatizaron que los informes periódicos no deben catalogarse como un fin u objetivo en sí mismo de la Alerta de Violencia de Género, sino como instrumentos de transparencia y medición sobre los avances en su implementación.
Respecto a la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, indicaron que la incorporación del principio de igualdad sustantiva debe trascender lo meramente declarativo para traducirse en obligaciones presupuestales y operativas concretas a nivel municipal y estatal; recomendaron fortalecer su integración transversal en la formación docente, la capacitación del personal del sector salud y las políticas de trabajo digno, asegurando una idéntica remuneración por trabajo de igual valor y garantizando que las convocatorias y diagnósticos de evaluación institucional abran la participación no solo a asociaciones civiles especializadas, sino a personas expertas independientes para asegurar respuestas efectivas en la práctica.
Finalmente, sugirieron realizar un control exhaustivo de vigencia normativa para verificar que el paquete de reformas no colisione con modificaciones aprobadas recientemente en el Congreso local; y concluyeron que el mayor valor de esta reforma radica en construir mecanismos institucionales robustos, indicadores medibles y diagnósticos precisos que permitan evaluar el impacto real de las políticas públicas en la vida cotidiana de las mujeres.
Al hacer uso de la voz, la diputada Susana Bermúdez Cano externó que las iniciativas no se limitan únicamente a una adecuación conceptual o de lenguaje en plural, sino que plantean una transformación de fondo respaldada de manera conjunta por las distintas fuerzas políticas que integran la Comisión para la Igualdad de Género y la Junta de Gobierno y Coordinación Política.
Precisó que se amplía el espectro de protección institucional al incorporar términos clave como persona agresora para dar mejor seguimiento a quienes ejercen agresiones, consolida el principio de paridad de género y extiende la cobertura de los refugios y albergues para salvaguardar no solo a las mujeres víctimas, sino también a sus hijas, hijos, personas menores de edad y familiares en situación de discapacidad o dependencia.
Asimismo, destacó la relevancia de fortalecer la planeación presupuestal mediante asignaciones y recursos debidamente etiquetados con perspectiva de género, accesibilidad universal y mecanismos específicos dirigidos a mujeres, adolescentes y niñas en condiciones de vulnerabilidad.
En la reunión estuvieron presentes las diputadas Susana Bermúdez Cano (presidenta), Ana María Esquivel Arrona y Yesenia Rojas Cervantes. Acompañados por representantes de la Consejería Jurídica del Estado, Secretaría de las Mujeres, Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, personas asesoras parlamentarias y personal de las distintas áreas del Congreso del Estado de Guanajuato.
