Hablemos de la política de despacho. La inesperada renuncia de Mónica Soto Fregoso a su silla de magistrada en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha caído como un obús en mitad del campamento que se apertrecha con carrilleras y argumentos jurídicos para lo que viene. En vísperas de que las actividades formales del proceso electoral inicien el próximo diez de septiembre, el sobresalto ha sido general y los consejeros del Instituto Nacional Electoral, mudos (ahora) de sorpresa, intuyen las implicaciones. No es para menos. Con la retirada de Soto Fregoso, la arquitectura del Tribunal queda expuesta a la parálisis de los empates y al viejo peligro de que el destino de las resoluciones recaiga en una sola mano, (bueno, no es precisamente que Mónica Soto haya representado la tan cacareada autonomía que se requiere en un órgano jurisdiccional, ya se sabe de qué lado cayó cuando validó la elección judicial pese a los acordeones, otro expediente que le costó caro en credibilidad al Tribunal). Los consejeros Carla Humphrey y Martín Faz Mora lo advierten con sobriedad ante la tormenta en formación: sin órganos debidamente integrados no hay certeza jurídica ni seguridad para nadie en esta liza.
Dicen los cánones que a esos puestos de alta responsabilidad sólo se renuncia por causas graves, pero el silencio y la prisa imperan. Entretanto, desde la cima del poder, la presidenta bendice la salida, descarta que la borrasca afecte los comicios de 2027 y desliza que podría haber algún futuro acomodo público para la dimitente. (Remember…. El obsequio al régimen de la resolución de la sobrerrepresentación en el Congreso, el 72.8% de escaños con 54.72% de los votos obtenidos, por ejemplo).
Mientras los generales se retiran con discreción, la crujiente y ahora “renovada” maquinaria del INE reclama su gigantesca ración de pólvora y oro. Nada menos que 47 mil diez millones de pesos para el año que viene; un muro de dinero que choca de frente contra los discursos oficiales de austeridad federal. La presidenta del organismo, Guadalupe Taddei, defiende el botín con el argumento de que es una propuesta "responsable" para organizar comicios íntegros. Pero en la herradura del propio Consejo General se disparan las diferencias. Carla Humphrey, otra vez, afila la bayoneta y denuncia la falta de justificación en unas cuentas que, de una solicitud a la siguiente, saltaron casi 39 por ciento: de los 25 mil 956 millones pedidos para 2026 a los más de 36 mil millones del anteproyecto para 2027, antes de que la cifra terminara de inflarse hasta los 47 mil millones con partidos y precautorios incluidos.
No es la única queja en este banquete. Las nuevas siglas del juego, como el partido Paz, asisten con impotencia al desigual reparto del pastel: una distribución donde Morena se lleva la parte del león con unos 3 mil 600 millones de pesos, mientras a los recién llegados les toca conformarse con las migajas del dos por ciento. Desigual, protestan; justo reconocimiento al arraigo en las urnas, replican los veteranos desde sus cómodos despachos. No es casualidad que, mientras una alta ex-funcionaria seguramente será premiada con un futuro empleo por su lealtad, a quienes sostienen el trabajo cotidiano se les descarte con un oficio. Ambas decisiones responden a una misma cultura institucional: esa que confunde eficacia con sumisión.
Y si, en la base de la pirámide, donde la realidad muerde sin piedad, 836 trabajadores han sido borrados de la nómina en lo que va del año. Verificadores, técnicos, analistas y asesores: la gente que corre el lápiz en las oficinas centrales de la institución. El INE se apresura a encogerse de hombros, con un discurso deshumanizante que minimiza la sangría, bajo el pretexto de que sólo se trata de empleos temporales, contratos por honorarios que expiran con las fases del ciclo electoral, así piensan, como si la lealtad y el pan de la tropa tuvieran fecha de caducidad. Alocución que replica instintivamente la delegada de por acá ante sus pocos corifeos. Sostienen desde arriba que la capacidad operativa está intacta y recuerdan que entre 2022 y 2025 se registraron más de once mil bajas similares. Es la vieja historia de siempre en este rincón del mundo: mientras los presupuestos se inflan en la cumbre para sufragar partidos y prebendas, a los de abajo se les despide con un boletín oficial y una palmadita en la espalda.
El punto más crítico, desde esta perspectiva, no está en las cifras sueltas sino en el gesto: mientras la cúpula solicita casi 40 por ciento más recursos de una petición a la siguiente -blindada, eso sí, con el argumento de que 2027 exige organizar cuatro procesos electorales a la vez-, los de a pie fueron notificados por la vía más barata: el vencimiento del contrato. Nadie discute que un año con cuatro elecciones cueste más. Lo que sí merece pregunta es ¿por qué esa lógica de excepcionalidad no alcanzó para retener a los 836 operadores que, se supone, iban a organizarlas?
