En el apartado de asuntos generales de la sesión de la Diputación Permanente, diputadas y diputados intervinieron para abordar distintos temas.
La congresista María Eugenia García Oliveros hizo uso de la voz para hablar del caso del docente de Acámbaro y manifestó que era necesario actualizar y revisar los protocolos, garantizar que se apliquen correctamente y que cualquier maestro o adulto que incurra en conductas inadecuadas debe ser investigado, pero, además, profundizó sobre los casos que no se hacen virales, en los que no hay evidencia o cuando niñas, niños y adolescentes no tienen la posibilidad de alzar la voz.
En ese sentido, hizo un llamado a las autoridades educativas a revisar y valorar la implementación de mecanismos preventivos, de vigilancia, acompañamiento y atención que permitan procurar de manera permanente el bienestar y la integridad de las niñas, niños y adolescentes dentro de las aulas.
Asimismo, se refirió a un evento realizado en San Miguel de Allende donde externó que el alcalde de ese municipio utilizó su intervención para sacar, dijo, sus traumas existenciales y descalificar a quienes no coinciden con su visión política. Remarcó que el evento se trataba de sumar, y su actitud no coincidió con el mismo, al precisar que una es tener diferencias políticas y otra muy distinta convertir un proyecto económico en un escenario de confrontación.
Posteriormente, comentó que el gobierno de México brinda protección a los compatriotas mexicanos que, de manera mayoritaria, se encuentran en Estados Unidos, y que la Secretaría de Relaciones Exteriores ha reforzado las capacidades en los consulados de mayor demanda.
En rectificación de hechos, la congresista Yesenia Rojas Cervantes expresó que ningún mexicano debe recibir malos tratos en los consulados, como lo sucedido en San Bernardino con un connacional de Veracruz.
En su intervención, el diputado Luis Ricardo Ferro Baeza externó que el 25 de agosto concluye su responsabilidad como coordinador del grupo parlamentario del Partido MORENA, además de precisar que durante el periodo al frente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política se impulsó un Congreso de puertas abiertas, cercano a la ciudadanía y a las instituciones, donde se priorizó el diálogo y la construcción de acuerdos por el bienestar de Guanajuato por encima de las diferencias políticas.
Por su parte, el legislador Juan Carlos Romero Hicks mencionó que la libertad de expresión y el derecho a la información constituyen pilares fundamentales del orden constitucional, manifestando su preocupación ante la paradoja de un Estado que busca protegerse a sí mismo frente al escrutinio público, cuando su verdadera función es garantizar los derechos de la ciudadanía frente al poder.
En rectificación de hechos, el legislador David Martínez Mendizábal se refirió a la Ley de Telecomunicaciones y comentó que se solicitan dos cosas: que especifique perfectamente cómo la audiencia va a intervenir en su derecho de réplica y que cada medio publique su Código de Ética, y que ambas cosas estaban en la citada norma. Apuntó que el gobierno de Guanajuato, en un estudio que obtuvo el primer lugar en gastos en materia de comunicación, ahí sí corre el riesgo de coartar con dinero.
En respuesta, Romero Hicks apuntó que, en efecto, hay que proteger a las audiencias y agradeció que le diera la razón.
Finalmente, el diputado Ernesto Millán Soberanes manifestó su inconformidad ante las presuntas irregularidades y retrasos en la edificación del nuevo complejo administrativo estatal en el Parque Bicentenario, toda vez que se trata de un proyecto con una inversión superior a los mil millones de pesos y que pese a haberse pactado originalmente un plazo de 330 días para su conclusión a mediados de 2025, la obra apenas registra un avance aproximado del 50%, sin que existan sanciones claras por el evidente incumplimiento de los tiempos establecidos.
Consulta las intervenciones íntegras en https://www.youtube.com/live/Rb_m1AXmAws?si=uA8BqSK55KLCz0nu
