El muro que Sheinbaum no quiere construir

Dos años de cruenta guerra entre carteles en Sinaloa ofrecen una terrible lección. La pax narca no es una alternativa porque, cuando el espejismo se diluye, cobra en sangre la simulación. El único camino para la paz es la justicia, no la intervención unilateral, como reclamó en días recientes la presidenta Claudia Sheinbaum en alusión a Estados Unidos, pero tampoco los abrazos obradoristas.

Donald Trump utilizó este martes la tribuna de Naciones Unidas para atacar nuevamente a México, en donde situó el epicentro de la amenaza de los carteles, a los que equiparó con el brutal terrorismo de ISIS. El presidente de Estados Unidos está en campaña. Sobajar a su vecino del sur es una de sus bazas electorales. Pero la presidenta Sheinbaum poco hace para construir una defensa, un muro anti-Trump.

A Trump le faltará honestidad de propósitos —no le mueve la buena vecindad, ni le preocupan las adicciones—, mas resulta cuesta arriba desmontar su descalificación: el Gobierno de México sí es incapaz de establecer el imperio de la ley. Y Sinaloa es un caso extremo que ilustra que ni cuando se quiere, cuando se despliegan miles de efectivos como ha enviado Claudia, se puede. Es que no es por ahí.

Alcanzar la paz supondrá decisiones difíciles para un régimen al que se le da partidizar la justicia y —más complejo aún— demandaría una corrección de varias bandas al dictado de Andrés Manuel López Obrador. Es eso, por difícil que suene, o la emisión perenne, y desde luego estéril, de frases donde la palabra soberanía se deshilachará de tanto usarse en vano para responder a Trump, o a Estados Unidos cuando se vaya Trump.

Es todo menos extraño que México parezca atrapado en un bucle. Hace cuarenta años, desde Washington se propalaban duros señalamientos contra el Gobierno mexicano. El tema entonces era la corrupción del sistema policiaco, pero también de gobernadores de estados del litoral del Pacífico, y de alguno que otro funcionario en un nivel aún más alto, incluidos generales.

Entonces, como ahora, carteles —antes dedicados casi exclusivamente al narcotráfico, hoy más diversificados— presumían imponer su ley en entidades (en Sinaloa, Jalisco, entre otras) mientras las autoridades mostraban displicencia frente a denuncias del poderío criminal; y más desdén aún mostraban cuando alguien elevaba quejas sobre la complicidad entre narcos y policías, o entre narcos y políticos.

Sin hacerse cargo entonces, como ahora, de la parte que le toca como grandes consumidores y proveedores de armamento, Estados Unidos creaba operativos para atacar a los narcos que en el mejor de los casos llevaban de aliado al gobierno mexicano. De eso hace medio siglo al menos, y cuando el obradorismo llegó al poder, decidió tolerar a los cárteles, que crecieron y se multiplicaron, “atacando las causas”.

López Obrador y su sucesora, Sheinbaum, apostaron a los programas sociales para evitar que los jóvenes fueran seducidos por los criminales. El primero no hizo nada específico para impedir la leva, mientras que la segunda ha agregado a la estrategia la captura y/o eliminación de “generadores de violencia”, táctica a la que atribuyen la supuesta baja de más de 50% en dos años en el índice de homicidios.

Cuestionamientos aparte sobre la validez de tal cifra, hay una realidad que el propio Gobierno reconoce. Tan dramática y esperanzadora disminución, si fuera el caso, no se ha traducido en similar percepción de baja en la inseguridad, y menos en debilitamiento de la capacidad de los criminales para robar en carreteras, asesinar en plena luz del día o regentear la extorsión en todo tipo de mercados.

En pocas palabras, si acá resuena lo que Trump dice en la ONU, que México es el epicentro de los carteles y que estos constituyen una amenaza terrorista, los presuntos logros de la presidenta Sheinbaum en sus dos primeros años valen bien poco para desmontar la sentencia del mandatario estadounidense. Sheinbaum habría logrado que haya la mitad de homicidios sin mermar el poderío de los criminales.

Sheinbaum ha respondido también recientemente a Estados Unidos que México no precisa que le señalen insuficiencias, y menos un Gobierno con mucho que explicar sobre el narcotráfico en su país. Este cruce de expresiones se ha vuelto paisaje, aunque nadie se atreva a pronosticar si la agenda de Washington llegará al extremo de hacer en su “patio trasero” una extracción “a lo Maduro” con algún obradorista.

Porque Trump es impredecible, lo que restaría es que Sheinbaum se decida a avanzar en lo que sí controla, o sí debería controlar. Y ahí es donde a la presidenta le ha faltado audacia. El obradorismo optó por una Guardia Nacional militarizada, por una fiscalía con sesgo militante, por no reforzar las capacidades de policías y fiscales en los estados y, de remate, por desmontar lo que había del Poder Judicial federal.

Los mexicanos, no Trump, reclaman urgentemente más seguridad y justicia. A la presidenta le quedan cuatro años para dar un giro en el modelo de combate a los criminales y de paz en las comunidades. Sheinbaum seguramente no vería los frutos de esa corrección, pero el legado se le reconocería. Tendría que empezar por hacerse cargo de un Poder Judicial que perdió fuelle y no es confiable para nadie.

En días pasados, el propio régimen reconoció que, un año después de puesta en práctica, la reforma judicial provocó la salida de los juzgados del 60% de personal capacitado, y que uno de cada diez jueces en funciones no pasa las pruebas de competencia para el ejercicio de sus funciones. Si agrega que la Corte está en pugna para ver quién la ha de dirigir en septiembre de 2027, el reto es atronador.

Un Poder Judicial así no garantiza sino altos niveles de impunidad. Si a ello se suma que el gobierno, desde la presidenta Sheinbaum hasta la fiscal Ernestina Godoy, repiten sin cesar que descartan la posibilidad de que se investiguen denuncias sobre presunta corrupción, lo mismo en torno al huachicol y el extitular de la Marina, que sobre los amigos de los hijos de López Obrador, la señal a los criminales es obvia.

Los delincuentes reciben el mensaje de que en estos tiempos solo se criminaliza a quienes no están con el régimen. Y que acaso, muy de vez en cuando, caerá en las redadas policiales algún alcalde, nunca un gobernador y menos un senador del grupo gobernante.

Si Sheinbaum quiere que los carteles se vean acotados, ha de enderezar al Judicial, ordenando una reforma a la reforma que ella ejecutó para que recupere cuadros capacitados y vocación imparcial. O sea, ir contra lo que quería López Obrador. Y ha de exigir que el actuar de la Fiscalía General de la República sea profesional, y no de consigna, así como colaborar con estados para tener policías y fiscales que sirvan a los ciudadanos, no a los criminales.

Pero sobre todo, la presidenta debe decidirse a procesar a los políticos de su partido que hayan cometido delitos, y más aún si se ligaron a la delincuencia organizada, sin importar el grado de cercanía que tengan con López Obrador o su nivel de visibilidad en Morena. Apertrecharse en índices a la baja de nada le va a servir a la presidenta para socavar las acusaciones de Trump, ni para colmar los anhelos de los mexicanos.

Y Sinaloa se lo recuerda a diario: por más soldados que envíe, mientras no combata el pacto entre política y narco, mientras no procese a quienes le fallaron a los sinaloenses, y mientras no dote de capacidades a la policía local y a la fiscalía del estado, el poderío de los cárteles tendrá a la población de esa entidad contra la pared, y hará insustanciales sus índices a la baja y sus proclamas soberanas.