El IEEG empezó su proceso electoral 2026-2027 con ceremonia cívica, banderazo, discursos sobre certeza y objetividad... y, en paralelo, una bomba de tiempo llamada "Propuesta de Acción Afirmativa Reforzada". Bonito nombre para algo que, en corto, significa: en 13 municipios donde nunca ha gobernado una mujer ningún hombre podrá ni siquiera asomarse a la boleta.
Algunas precisiones para el lector que no sigue el tema de cerca: el IEEG es el organismo público autónomo encargado de organizar las elecciones locales en Guanajuato. En 2027 se renovarán, entre otros cargos, las presidencias municipales de los 46 ayuntamientos del estado. La "acción afirmativa reforzada" es un instrumento distinto de la cuota de género clásica: mientras la cuota garantiza que las mujeres aparezcan en las boletas, la versión reforzada reserva ciertos municipios para que únicamente candidatas mujeres puedan contender, con el argumento de que en esos territorios la competencia libre ha reproducido durante décadas la exclusión. La propuesta del IEEG se apoya en un diagnóstico propio, no en una facultad que la ley le conceda expresamente, y esa distancia entre el problema real y la vía elegida para resolverlo es lo que ha encendido el conflicto.
Lo positivo, para no hacernos los desentendidos: el diagnóstico no es una ocurrencia. Trece municipios sin una sola alcaldesa dicen que no es atribuible a la suerte, la Comisión contra la Violencia Política Electoral a las Mujeres del IEEG parece haber detectado un patrón. Y el patrón, al parecer, tiene cómplices: la propia investigación del Instituto opina, y parece encontró, que los partidos han colocado sistemáticamente a las mujeres a competir donde ya sabían que iban a perder. O sea, la cuota existía en el papel; el poder, no. Si a eso se le suma que el sistema de bloques de competitividad -el mecanismo que ya debía resolver esto- lleva años sin solucionar, uno entiende por qué Luis Gabriel Mota, María Concepción Esther Aboytes Sámano y Gustavo Hernández Martínez, integrantes de la Comisión y Brenda Canchola la consejera presidente, se hartaron y quieren pasar del "inténtenlo con ganas" al "aquí no hay de otra".
Lo negativo, y aquí ya entra la cobija que se les queda corta a todos: el instituto está resolviendo con lineamiento propio algo que, según 4 tribunales en otros estados, le corresponde al Legislativo. En Jalisco y Aguascalientes los OPLE intentaron exactamente esto —reservar municipios por su cuenta— y los tribunales les recordaron, con la debida delicadeza, que no se vale inventar restricciones que la ley no contempla. Hidalgo y Morelos sobrevivieron porque un juez o un Congreso ya los había empujado antes. Guanajuato no tiene ese padrino y Mónica Soto (exmagistrada del Tribunal Electoral), ya se fue. Va solo, con su propio diagnóstico como único paracaídas, y ya sabe usted cómo pueden terminar esas apuestas.
Y aquí es donde entra la consejera presidente Brenda Canchola, quien desde el primer discurso del proceso —todavía con el confeti de la ceremonia cívica en el piso— dejó claro que la paridad de género es, palabras suyas, una "obligación legal innegociable". No "un tema a discutir", no "una propuesta en análisis": INNEGOCIABLE, pues. Así, con la puerta cerrada antes de que empiece la conversación. Es una postura admirable si uno cree en la firmeza como virtud; es una imprudencia, por decir lo menos, si uno recuerda que el árbitro de una elección no debería llegar a la cancha con la camiseta de un equipo puesta, sobre todo cuando Morena y PAN -que rara vez coinciden en algo- ya anunciaron que se van a tribunales.
Y ahí puede estar el verdadero costo político, más allá de si gana o pierde el acuerdo: un IEEG que arranca el proceso 2026-2027 con los jugadores irascibles con la autoridad que debe organizarles la elección, no es un buen presagio institucional. Se puede tener la razón en el fondo y aun así incendiar la forma. La consejera Canchola apostó por lo primero; los tribunales, que no reparten medallas por buenas intenciones, van a resolver sobre lo segundo.
Mientras tanto en el INE… El arranque formal del proceso electoral fue, como manda el guion, ocasión para exigir respeto a las reglas, responsabilidad en el uso de prerrogativas y buena disposición para encauzar las diferencias por las vías institucionales. Todo muy pulcro, sí. Aunque las dudas sobre la renuncia de la secretaria ejecutiva Claudia Arlett Espino no se disipan con discursos. No termina de cuadrar en ese guion: tal vez se entendería mejor si se lee junto al presupuesto que el INE pide y a las restricciones que se avecinan.
