Este día, en sesión de la Comisión de Justicia, se dio cuenta con dos iniciativas y se avalaron sus metodologías de análisis.
Se trata de la propuesta de reforma a la Ley del Notariado para el Estado de Guanajuato, con el propósito de actualizar el marco jurídico, reforzar la función notarial, cerrar vacíos legales y armonizar la legislación estatal con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
Para su estudio se remitirán a la Secretaría de Gobierno, a la Consejería Jurídica, al Colegio Estatal de Notarios, a la Universidad de Guanajuato, a la Universidad de La Salle Bajío y a la Universidad Iberoamericana de León, quienes contarán con 15 días hábiles para remitir sus comentarios. La diputada Susana Bermúdez Cano solicitó que se contemplara su estudio en conjunto con las otras dos propuestas legales que hay en la materia. Su solicitud fue avalada.
La segunda, una propuesta de reforma al Código Civil estatal que busca establecer que el Registro de Deudores Alimentarios sea de consulta pública y reducir de 90 a 60 días el periodo de incumplimiento necesario para que una persona sea considerada deudora alimentaria, se enviará a la Secretaría de Gobierno y a la Consejería Jurídica. Además, se solicitará a la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas un estudio de impacto presupuestal.
Para ambas propuestas se habilitarán enlaces en el portal de internet para la consulta y la participación ciudadana, y se llevarán a cabo mesas de trabajo.
Además, recibió cuatro propuestas de punto de acuerdo. La primera y la tercera, por tener temas que coinciden, se pidió unirlas. Se trata del que busca exhortar a la persona titular de la Fiscalía General del Estado que instruya la revisión integral de las observaciones, señalamientos, omisiones y posibles irregularidades manifestadas; a la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas del Estado de Guanajuato para que revise la posible calidad de víctimas directas o indirectas, acceso a asesoría jurídica, acompañamiento institucional, medidas de ayuda, asistencia, atención, protección, orientación, acceso a la información y demás derechos reconocidos en la legislación aplicable y al Consejo del Poder Judicial estatal, para que revise las manifestaciones contenidas en el documento referido.
Asimismo, el que pretende pedir a la Fiscalía General estatal que realice una revisión integral, objetiva y exhaustiva de las carpetas de investigación, averiguaciones previas, determinaciones ministeriales y actuaciones relacionadas con los casos expuestos en el punto de acuerdo presentado el 16 de junio de 2026, verificando especialmente las posibles omisiones de investigación, falta de respuesta efectiva, deficiencias en notificaciones, valoración de datos de prueba y demás actos señalados por las personas involucradas.
También a la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas para que revise la situación de las personas y garantice, el acceso efectivo a orientación, asesoría jurídica, acompañamiento, ayuda, asistencia, atención y protección; al Consejo del Poder Judicial para que revise las manifestaciones relacionadas con posibles irregularidades en notificaciones y a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato para que dé trámite pronto y expedito, determine su competencia y resuelva conforme a derecho las quejas presentadas.
El congresista Rolando Fortino Alcántar Rojas se refirió a las atribuciones que tienen las comisiones legislativas, así como a las propias de la Comisión de Justicia. En ese sentido, comentó que quedaba de manifiesto que esta instancia legislativa no cuenta con atribuciones para participar en la gestión de negocios de causas judiciales en general, mucho menos cuando deriva de litigios entre particulares como era el caso de la materia y objeto de los dos puntos de acuerdo sujetos al análisis los cuales derivan de la petición realizada por la persona abogada representante de una de las partes en dichos asuntos litigiosos entre particulares.
Resaltó que pretender intervenir emitiendo un exhorto para que las instituciones involucradas en los asuntos revisen, aclaren e informen sobre los mismos a fin de beneficiar a una de las partes constituía un acto arbitrario de autoridad, por lo que solicitó que se dictaminara en sentido negativo. Su propuesta fue avalada.
El segundo, para pedir a la persona titular de la Fiscalía General estatal que, en el ámbito de su autonomía constitucional y sin prejuzgar sobre investigación, determinación ministerial o control judicial alguno, adopte las medidas institucionales necesarias para asegurar que las investigaciones cuando se relacionen con conflictos colectivos de trabajo, observen los principios de legalidad, objetividad y debida diligencia; a la persona titular de la Secretaría de Gobierno para que, por conducto de la Defensoría Pública Penal del Estado, ponga a disposición de las cinco personas extrabajadoras referidas los servicios gratuitos de orientación y, en caso de que lo soliciten y no cuenten con defensa particular, de defensa penal adecuada y de calidad, preservando en todo momento la confidencialidad y el secreto profesional.
Finalmente, a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo para que brinde orientación y, en su caso, representación respecto de los derechos laborales vinculados con el reparto de utilidades, la terminación de las relaciones de trabajo y los efectos de los convenios conciliatorios que hubieren celebrado.
En este punto, el congresista Rolando Fortino Alcántar Rojas manifestó que se trataba de un asunto entre particulares de naturaleza laboral con motivo del despido de cinco trabajadores por parte de su centro de trabajo, en el que el Poder Legislativo carece de competencia para intervenir.
Agregó que los derechos de acceso a la justicia y defensa de los trabajadores están a salvo, ya que los pueden ejercer mediante la defensoría pública en materia penal, cuyos servicios jurídicos son obligatorios y gratuitos, por lo que solicitó que se dictaminara en sentido negativo la propuesta. Su solicitud fue avalada por mayoría de votos.
El último para exhortar al fiscal general, para que, por conducto de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Desaparición Forzada y Desaparición cometida por particulares, fortalezca y garantice las medidas de seguridad y protección de las familias y colectivos durante las acciones de búsqueda en campo, asegurando el apoyo ministerial pericial, policial y de otras fuerzas de seguridad que resulten necesarias; asimismo, para que revise y esclarezca las posibles omisiones en materia de seguridad denunciadas por integrantes del Colectivo Unidos por los Desaparecidos de León con motivo de los hechos ocurridos el 11 de agosto de 2026 en la colonia Las Hilamas, y garantice el cumplimiento de las responsabilidades que la legislación estatal atribuye expresamente a la Fiscalía General en materia de protección y apoyo de las personas buscadoras. En este punto se pedirá información al fiscal general sobre lo citado en la propuesta con plazo de 15 días hábiles.
Otros asuntos
Como parte del orden del día, se dio seguimiento a la metodología de la iniciativa de reforma al Código Penal para modificar los tipos penales de acecho para incluir como medio comisivo el uso de herramientas tecnológicas y de afectación a la intimidad para incluir las conductas típicas de crear o alterar mediante el uso de inteligencia artificial, aplicaciones o programas tecnológicos digitales. Al respecto, se acordó llevar a cabo una mesa de trabajo el 30 de septiembre a las 10:00 horas.
Mismo trámite tuvieron las metodologías de análisis de 13 iniciativas de reforma a las siguientes leyes, todas para el Estado de Guanajuato: Ley para la Administración y disposición de bienes relacionados con hechos delictuosos, Ley de Archivos, Ley Arancelaria para el Cobro de Honorarios Profesionales de Abogados y Notarios y de Costas Procesales, Ley que Regula las Bases del Permiso para el Establecimiento de las Casas de Empeño en el Estado de Guanajuato y sus Municipios, Ley de Expropiación, de Ocupación Temporal y de Limitación de Dominio para el Estado de Guanajuato, Ley de Justicia Administrativa, Ley de Justicia Cívica, Ley sobre el Uso de Medios Electrónicos y Firma Electrónica para el Estado de Guanajuato y sus Municipios, Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles, Ley de Representación Gratuita en Materia Civil, Ley que Regula los Establecimientos dedicados a la Compraventa o Adquisición de Vehículos Automotores en Desuso y sus Autopartes, así como en los que se Comercializan, Manejan o Disponen de Metales para Reciclaje y Ley de la Defensa Pública Penal, todas en materia de atención prevención y erradicación de las violencias de género, igualdad sustantiva y lenguaje incluyente.
Al respecto, la congresista Susana Bermúdez Cano solicitó que se agenden dos mesas de trabajo con las autoridades consultadas: la primera mesa el miércoles 7 de octubre y la segunda el miércoles 14 de octubre de 2026, ambas a las 10:00 horas.
Asimismo, sobre la elaboración del proyecto de iniciativa de reformas al Código Civil estatal, en materia de capacidad jurídica de las personas con discapacidad derivadas del reporte ejecutivo formulado por la persona titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se acordó que la suscripción de la iniciativa se dé al término de las mesas de trabajo.
Finalmente se avaló la duplicidad de plazo para dictaminar 12 iniciativas de reforma a distintas normas jurídicas. En cuanto a la solicitud de duplicidad de término de la iniciativa de reforma al Código Penal para eliminar las excusas absolutorias en casos de feminicidio, se señaló que ya fue dictaminada, por lo que era improcedente.
En la reunión estuvieron presentes las personas diputadas Susana Bermúdez Cano, Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, Karol Jared González Márquez, Carlos Abraham Ramos Sotomayor (presidente) y Rolando Fortino Alcántar Rojas.
