Este miércoles se llevó a cabo la tercera mesa de trabajo, convocada por la Comisión de Justicia, con autoridades, para dialogar sobre tres iniciativas de reforma al Código Penal relacionadas con la interrupción del embarazo: una para eliminar la criminalización absoluta del aborto, otra para despenalizarlo hasta las 12 semanas de gestación y la última para despenalizar el aborto voluntario.
La diputada Sandra Alicia Pedroza Orozco manifestó que la iniciativa era distinta a las dos anteriores que presentó, porque no se estaba ante si se despenaliza o no, sino por establecer bajo los criterios que se harán.
Comentó que la Corte determinó que varios artículos del Código Penal son inconstitucionales y deben corregirse, por lo que no se agregan nuevos castigos ni se reconfigura el Código, sino que únicamente se ciñen a los que señaló la Corte, al considerar que es la vía correcta.
Precisó que se deja decidir a las mujeres sobre su propio cuerpo, pero se castiga la violencia y la imposición del aborto, para finalizar diciendo que el aborto es un tema de salud y justicia social.
De manera general, los participantes comentaron que, para un mayor panorama de certeza, se debe considerar que, tal como están planteadas, generan ambigüedad y que el aborto forzado ya se encuentra previsto.
La legisladora Miriam Reyes Carmona señaló que se analiza una iniciativa profundamente sensible y necesaria, que no puede analizarse desde el prejuicio y la comodidad política sino desde los derechos y la dignidad humana.
Es una reforma integral que busca armonizar el marco legislativo de Guanajuato con los criterios nacionales e internacionales en materia de derechos reproductivos. Se plantea dejar de tratar como delincuentes a las mujeres y a las personas gestantes que deciden interrumpir un embarazo dentro de las primeras 12 semanas de gestación, ya que penalizarlo no evita los embarazos ni los abortos, sino que los vuelve más inseguros.
Por su parte, Pedroza Orozco manifestó que los legisladores no están facultados para determinar cuándo inicia la vida y cuándo no, por lo que no coincidían con la postura enviada por el Supremo Tribunal de Justicia.
En su oportunidad, el legislador David Martínez Mendizábal mencionó que es un tema polarizado como sociedad, que están involucrados no solamente planteamientos sino creencias, que viene desde los noventa y se han planteado básicamente dos posturas, que en ambas hay argumentos de la ciencia.
Al respecto, manifestó que el aborto en la primera etapa no puede permanecer en la criminalidad porque significa una decisión libre e informada, que el derecho penal no debe utilizarse para imponer una maternidad forzada, que la criminalización afecta con mayor fuerza a mujeres rurales, que la interrupción del embarazo debe ofrecerse como parte de los servicios de salud. Para concluir, comentó que lo inminente es una declaratoria de inconstitucionalidad.
La diputada Susana Bermúdez Cano comentó que ninguna iniciativa cumple con el objetivo que proponen, que no se pretende modificar la definición de aborto, que actualmente señala que es “la muerte provocada del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez”, por lo que está garantizado lo que dice la Constitución Política local; por lo que resaltó que no se pueden leer de manera aislada y entran en conflicto diversos artículos.
En la reunión estuvieron presentes las personas diputadas Susana Bermúdez Cano, Sandra Alicia Pedroza Orozco, Carlos Abraham Ramos Sotomayor, David Martínez Mendizábal, Jesús Hernández Hernández, Rolando Fortino Alcántar Rojas y Miriam Reyes Carmona.
Además, los acompañaron representantes de la Fiscalía General, de la Procuraduría de los Derechos Humanos y personas asesoras parlamentarias.
