La diputada del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, Ruth Tiscareño Agoitia,reconoció que detrás de cada puesto de venta en la vía pública hay una familia que trabaja todos los días para llevar el sustento a su hogar, pero cuestionó opacidad en el manejo del espacio público aquí en la capital por parte del gobierno municipal.
En ese sentido, aclaró que no se discute si el comercio ambulante debe existir o no, y que lo que se cuestiona es la incapacidad del gobierno municipal para decirle a la ciudadanía qué está pasando con el comercio en la vía pública y con el dinero que genera.
Presentó una propuesta de Punto de Acuerdo en la primera sesión de la Diputación Permanente a fin de exhortar al gobierno capitalino a que de respuestas claras en torno a permisos para comercio ambulante y cuánto se recauda por ese concepto.
Tiscareño Agoitia se refirió a notas periodísticas recientes dan cuenta de cifras que no corresponden con la realidad y que, además, son contradictorias entre sí en lo que respecta a permisos vigentes para comercio ambulante.
“Las autoridades municipales primero nos dijeron que únicamente existían 12 permisos vigentes para comercio ambulante, pero basta caminar cinco minutos por el Centro Histórico para entender que esa cifra simplemente no corresponde con la realidad”, indicó.
Enseguida sostuvo que, después, el propio director de Fiscalización declaró públicamente que existen 833 comerciantes semifijos, 48 comerciantes fijos y 27 ambulantes regularizados, y subrayó entonces que preguntarse cuál es la verdad resulta inevitable.
Para la congresista, si la contradicción entre cifras “ya resulta preocupante”, es peor cuando se preguntó cuánto paga cada comerciante por ocupar la vía pública, porque la respuesta fue que no podían precisarlo, que había que preguntarle a la Tesorería.
“Es decir, sí cobran... pero no saben cuánto. Otorgan permisos... pero no pueden informar cuánto ingresa”, resumió antes de recordar a diputadas y diputados que se trata de un Centro Histórico que es Patrimonio Cultural de la Humanidad.
Comentó que sobre permisos vigentes se habla incluso de padrones distintos entre dependencias municipales y, después de insistir en que su exhorto no busca perseguir a comerciantes, ni retirar puestos de la vía pública, indicó que de lo que se trata es de que gobierno municipal haga su trabajo.
“Que exista un padrón actualizado, que se tenga información pública verificable, que se conozca cuánto se recauda y que los recursos públicos puedan ser fiscalizados”, sintetizó.
Sostuvo que la transparencia no debería incomodar a ningún gobierno, porque cuando un gobierno administra correctamente, la información se entrega de inmediato y no hay contradicciones si se cuenta con registros confiables.
Al final de la presentación de su propuesta de Punto de Acuerdo, la diputada del GPPRI afirmó que “la confianza pública no se construye con discursos”, sino “con información, con legalidad y con transparencia”, y subrayó que exigir cuentas nunca será un exceso.
