El diputado Sergio Alejandro Contreras Guerrero presentó un punto de acuerdo para exhortar al Órgano Interno de Control del Municipio de León para que inicie y conduzca una investigación formal, exhaustiva e imparcial respecto de la simultánea participación del ciudadano Octavio Humberto Aguilar Salmerón como prestador de servicios privados de obra para la presidenta municipal, como contratista del gobierno municipal a través de la empresa TerraLab Consulting S.A. de C.V. y como consejero ciudadano del Instituto Municipal de Planeación de León, a efecto de determinar la posible actualización de conflictos de interés, causales de impedimento para contratar, faltas administrativas y, en su caso, hechos con probable relevancia penal, integrando las acciones y promociones de responsabilidad que conforme a derecho procedan.
De igual manera, a la Auditoría Superior del Estado para que, en el marco del proceso de fiscalización y revisión de la cuenta pública citado municipio, correspondiente a los ejercicios fiscales 2023 y 2024, revise de manera específica los procedimientos de contratación, adjudicación, ejecución y pago realizados a la empresa TerraLab Consulting S.A. de C.V., vinculados con los contratos DGJA-CPS-004-2023, DGJA-CPS-004-2024, SE-264024, SE-433024 y SE-435024, a fin de determinar si existieron irregularidades en la gestión financiera, administrativa y legal, así como las responsabilidades y afectaciones al erario a que haya lugar.
El congresista señaló que la información obtenida del portal de transparencia del municipio de León y diversas investigaciones periodísticas documentan que Octavio Humberto Aguilar Salmerón, responsable del diseño y construcción de una residencia particular de la presidenta municipal, obtuvo contratos del gobierno municipal por un monto superior a 3.5 millones de pesos mediante la empresa TerraLab Consulting S.A. de C.V., durante el mismo periodo en que mantenía una relación profesional privada con la alcaldesa.
Contreras Guerrero comentó que el arquitecto se desempeñaba como consejero ciudadano del IMPLAN, situación que hace necesario esclarecer si se configuraron conflictos de interés, causales de impedimento para contratar o posibles faltas administrativas derivadas de la concurrencia de intereses privados y funciones vinculadas con la administración municipal.
Asimismo, planteó la necesidad de verificar si en los procedimientos de adjudicación directa se acreditó la inexistencia de impedimentos legales, se realizaron las investigaciones de mercado correspondientes, se justificó la contratación bajo las mejores condiciones para el municipio y se cumplió con los deberes de abstención y control previstos en la legislación aplicable.
El diputado también refirió que, debido a que los contratos corresponden a servicios de mantenimiento de parques, viveros y áreas verdes, resulta indispensable revisar el cumplimiento efectivo de los trabajos contratados y determinar si los servicios fueron prestados conforme a las condiciones pactadas y con resultados verificables.
Finalmente, Contreras Guerrero subrayó que se pretende que las autoridades competentes investiguen los hechos, esclarezcan la posible existencia de conflictos de interés, deslinden responsabilidades administrativas o legales y, en su caso, promuevan las acciones correspondientes.
El punto de acuerdo se turnó para su estudio y análisis a la Comisión de Hacienda y Fiscalización.
