La diputada Ruth Tiscareño presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Derechos Culturales para incorporar herramientas que permitan “hacer de la lectura un derecho verdaderamente accesible e incluyente”.
Sostuvo que “todavía existen importantes barreras que limitan el acceso a la lectura para diversos sectores de la población, particularmente para las personas con discapacidad visual y para quienes forman parte de comunidades lingüísticas distintas al español”.
En ese tenor, afirmó que su propuesta busca que entre las políticas culturales figure la producción y promoción de publicaciones en sistema braille, audiolibros y otros formatos accesibles que permitan acercar la lectura a quienes enfrentan dificultades para acceder a los medios tradicionales.
También, que en esa tarea participen autoridades estatales y municipales competentes “de acuerdo con la disponibilidad presupuestal existente”, precisó y subrayó que se trata de una propuesta que “surge de una visión de derechos humanos”.
“Con ello, buscamos que la legislación estatal responda a los retos de nuestro tiempo y aproveche las herramientas tecnológicas que hoy permiten ampliar significativamente el acceso al conocimiento”, agregó la congresista.
Dijo que a través de las herramientas tecnológicas “adquirimos conocimientos, fortalecemos nuestras capacidades críticas, ampliamos nuestra visión del mundo y participamos de manera más activa e informada en la vida pública”, y resaltó la relevancia que en ese sentido cobran el audiolibro y un libro en braille.
Uno puede representar una oportunidad de aprendizaje para quien no puede acceder fácilmente a un texto impreso, y el otro puede significar autonomía, independencia y acceso al conocimiento para una persona con discapacidad visual.
Recordó que cuando una persona encuentra obstáculos para leer, también enfrenta trabas para ejercer otros derechos, y que la igualdad no consiste sólo en otorgar los mismos derechos, sino en generar las condiciones para que puedan ejercerse plenamente”, remarcó que “la inclusión no debe entenderse como una concesión” y que “debe asumirse como una obligación democrática”.
“Y una política pública incluyente puede significar que miles de personas ejerzan plenamente un derecho que muchas veces damos por sentado”, remató.
