Para Rosa Elvira, cuatro décadas de trabajo en el Consulado de México en Los Ángeles están a punto de terminar de la peor manera. Su último día laboral será el 21 de agosto. El despido es consecuencia de una política diplomática de Estados Unidos que durante la última década ha reducido el periodo de vigencia de las visas que otorgan a los trabajadores consulares bajo contrato. Pero perder el empleo no es la única preocupación de esta mexicana. El permiso migratorio vencerá el próximo verano y, si decide permanecer en el país una vez que expire, se convertiría en una migrante irregular.
“Me quedaría en una situación de vulnerabilidad, como indocumentada y sin trabajo”, lamentó Rosa Elvira a finales de julio durante una audiencia en esa oficina diplomática. Ella no reveló su apellido. Su todavía jefe, el cónsul Carlos González, escuchó su petición y recibió un escrito dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum en el que ella solicita, al menos, permanecer en el cargo hasta diciembre, cuando se prevé que concluya la vigencia de los permisos laborales.
El de Rosa Elvira no es un caso aislado. Se calcula que alrededor de 400 empleados que atienden a miles de inmigrantes mexicanos en 53 consulados en Estados Unidos están a punto de perder su empleo por el vencimiento de sus visas A-2. Ellos son los encargados, sobre todo, de recibir la documentación y gestionar los trámites de sus compatriotas que solicitan pasaportes, matrículas consulares, actas de nacimiento o credenciales para votar. De ahí que se tema que este despido masivo comprometa, precisamente en un momento de fuerte convulsión política, el funcionamiento de una red consular responsable de atender a más de 38 millones de mexicanos que viven en EE UU.
Hasta hace una década, unos 1.700 trabajadores consulares contaban con visas A-2 de vigencia indefinida, cuya renovación anual dependía de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México. Gracias a ese esquema, empleados como Rosa Elvira hicieron carrera y echaron raíces en Estados Unidos. Los catalogan como Prestadores de Servicios Profesionales Independientes (PSPI).
El panorama cambió en 2016, cuando la Administración de Barack Obama modificó las condiciones de esos permisos: limitó su vigencia a cinco años y eliminó la posibilidad de renovarlos. Desde entonces, el Gobierno mexicano ha conseguido prórrogas temporales mediante negociaciones diplomáticas. Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador lograron extender esos permisos y ahora la Cancillería intenta mantener ese margen de maniobra. Estas medidas, sin embargo, no evitaron que el número de trabajadores con esas visas se redujera drásticamente, a unos 400, menos de una cuarta parte de la plantilla original.
Las conversaciones tienen lugar en un momento de creciente tensión diplomática entre ambos países, marcada por la revisión que Washington inició sobre los 53 consulados mexicanos en su territorio, una medida que podría desembocar en el cierre de algunas oficinas. Washington sostiene que su vecino del sur habría intentado influir en las elecciones de medio mandato de noviembre, una acusación que las autoridades mexicanas han negado.
El canciller Roberto Velasco Álvarez describió el problema como una “situación compleja”. Explicó que, tras la falta de una solución de fondo durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, la Administración de López Obrador inició negociaciones con Washington para retrasar la salida obligada de estos trabajadores.
“Hemos venido negociando desde el sexenio pasado que se extienda la permanencia de este personal en Estados Unidos y con ello hemos logrado que, durante más de ocho años, se extienda la vigencia de esas visas”, afirmó el funcionario durante la conferencia matutina de la presidenta Sheinbaum del 7 de julio. “Vamos a seguir buscando opciones, tanto por la vía diplomática como por la vía administrativa... Si es necesario que algunas personas regresen a México (y ver) qué alternativas se les pueden ofrecer en la Secretaría de Relaciones Exteriores”.
Otro factor complica más el tema: no todos tienen previsto volver de inmediato a México, ya sea solos o junto con sus familias. Un funcionario del servicio exterior mexicano que habló con EL PAÍS bajo condición de anonimato explicó que algunos exempleados consulares incluso han optado por permanecer como indocumentados tras perder la visa A-2. “Tienen muchos años en Estados Unidos; tienen hijos, parejas, toda una vida aquí. No quieren volver a empezar allá”, señaló. “Hay más problemas para los de mayor antigüedad”.
Pero es precisamente ese arraigo lo que busca impedir la política diplomática adoptada en 2016, una postura que la Administración de Trump no está dispuesta a modificar. “Las visas A-2 son para viajes temporales a Estados Unidos con el propósito de desempeñar exclusivamente funciones o actividades oficiales en nombre de un gobierno extranjero, y no tienen como objetivo facilitar que sus titulares ‘echen raíces’ en Estados Unidos”, señala una declaración escrita que el Departamento de Estado envió a EL PAÍS.
Ni esa dependencia ni la Secretaría de Relaciones Exteriores respondieron a las preguntas de este medio sobre cuántos trabajadores consulares mexicanos han perdido sus visas A-2 ni cuántos más las perderán en los próximos meses.
El único despido que la Cancillería mexicana ha reconocido es el de Rosa Elvira, todavía empleada del Consulado en Los Ángeles. “En el caso de ‘Rosita’, el Departamento de Estado nos notificó que su acreditación finalizaría el 21 de agosto por virtud de su edad”, explicó el cónsul Carlos González en aquella audiencia en la que ella le pidió ayuda para no perder su empleo. “Esto es producto de una decisión del Gobierno de Estados Unidos… No es necesariamente parte de nuestra jurisdicción”, aclaró el funcionario.
La fuente de la Cancillería mexicana consultada por este periódico sostuvo que el esquema de visas A-2 también resultaba conveniente desde el punto de vista económico para el Estado mexicano. Al mantener a estos trabajadores bajo ese régimen, se limitaba el reconocimiento de su antigüedad laboral, se reducían sus prestaciones y se les mantuvo durante décadas con salarios bajos, pese a que han asumido buena parte de la carga de trabajo en los consulados.
Una de las alternativas que llegó a considerar el Gobierno de López Obrador, según la fuente consultada, era incorporar a la nómina de la Secretaría de Relaciones Exteriores a estos empleados. Esa propuesta, sin embargo, jamás se concretó.
