Firewall ciudadano: claves y controles. El niño y la alcaldesa

Un ejercicio de pedagogía cívica para lectores que aún se resisten a confundir la política con el circo.

Hay imágenes que deberían venir con manual de instrucciones y advertencia sanitaria. Una de ellas es el reciente video donde la alcaldesa de Guanajuato, Samantha Smith, usa a un menor de edad como si fuera un loro para repetir consignas que polarizan. La escena, ocurrida en el Salón Presidentes, —vaya nombre tan torpemente elegido para una escena tan poco presidencial—, no es un descuido. Es un síntoma. Y los síntomas, dicen los médicos, se atienden a tiempo o se convierten en epidemia.

No estamos ante una señora que perdió los estribos en un mitin. Estamos ante una autoridad que, con toda la premeditación del mundo, decide que el camino más corto para conectar con su pueblo pasa por ponerle un micrófono a un niño y enseñarle a decir groserías. Porque el "¡A la chingada!" que la alcaldesa ha coreado en sus actos no es un exabrupto; es la confesión pública de que sus ideas no tienen la suficiente ropa para salir a la calle sin provocar escalofríos. Entendamos: La vulgaridad no es autenticidad, es el refugio de quien no tiene argumentos y, lo peor, el anzuelo barato para pescar voluntades en el estercolero de las redes sociales.

Pero el asunto se vuelve jurídicamente obsceno cuando mete a un niño en el fango. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes no es un adorno, y el artículo 4° constitucional no es un papel de baño. El "interés superior del menor" tampoco es un eslogan para colgar en la oficina; es un mandato Constitucional que prohíbe usar a los niños y niñas como títere de peleas políticas. Al mostrar su rostro y prestarle su voz para un discurso de odio, la señora Smith no solo podría constituir una vulneración a los derechos del niño: En lugar de enseñar al niño que la política es el arte del acuerdo, la alcaldesa le dio una clase práctica de cómo convertir el insulto en moneda de cambio.

¿No es curioso que quienes se dicen "cercanos al pueblo" tengan tan baja opinión de él? Porque el pueblo, señora, no necesita que usted le hable en clave de cantina para reconocerla. Sin duda, el pueblo sabe distinguir entre la cercanía y el arrastre. Parece que usted confunde la llaneza con el escándalo, y al hacerlo, ofende a sus gobernados, asumiendo que solo entienden la política cuando les llega envuelta en papel de grosería y con la firma de un menor de edad al que usted, de paso, convierte en cómplice de su propia degradación.

Esta práctica, que algunos asesores, llaman "lenguaje disruptivo", no es más que la renuncia a gobernar. Gobernar es explicar, convencer y argumentar. No es entrenar a un infante para que diga lo que a usted conviene. Si sus propuestas no caben en un discurso sin insultos, el problema no es el diccionario, sino la miseria de sus contenidos.

La ciudadanía, esa que se menosprecia al suponerla analfabeta emocional, tiene la obligación de exigirle más que un espectáculo de feria. Porque la política no es un juego de "yo soy más bravo que tú". La política es el arte de hacer posible la vida en común, y eso no se logra con un niño como altavoz, sino con adultos que sepan estar a la altura de su investidura. Al usar a un menor como escudo para su ocurrencia, no demostró su "autenticidad"; demostró que ser gobernante es un oficio que no todos entienden, y que algunos, como usted, confunden con un show tiktokero y los “likes” y el aplauso fácil.

No se conforme el lector, con quejarse en redes. Exija cuentas. Preguntémosle a la Procuraduría de Derechos Humanos de Guanajuato o al DIF, si tienen opinión. Vamos preguntándole al IEEG y a la Junta Local del INE si esto lo permite la normatividad. Y, sobre todo, mas nos vale recordar que un voto no es un aplauso para el más gritón; es un mandato para el ciudadano sensato. Esa es la única vacuna contra esta vulgaridad institucional. Ni un niño más como escudo, ni una grosería más como bandera. La dignidad no se negocia. Y la infancia, mucho menos.

Y si usted, duda de que esto pueda tener consecuencias, recordemos que la Sala Regional del TEPJF ya ha sancionado a actores políticos por vulnerar el artículo 4° Constitucional y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, al usar su imagen sin el consentimiento informado que exige la ley. La norma existe. Falta que las autoridades locales, incluida la Secretaría de Derechos Humanos que encabeza Liz Esparza, dejen de mirar hacia otro lado.