El INE propone aplazar la elección judicial de 2027 a 2028. Detrás del número hay una pregunta que la ciudadanía merece comprender: ¿es esto sensatez institucional o simplemente el reconocimiento tardío de un diseño inoperante?
Hay momentos en que las instituciones entienden más tarde que temprano, que han prometido más de lo que sus mandíbulas pueden masticar. Guadalupe Taddei, consejera presidente del INE, acaba de entregar a la Cámara de Diputados un diagnóstico que combina la frialdad de Neeskens al ejecutar un penalty con la urgencia de un bombero: celebrar la elección judicial y las federales ordinarias en el mismo domingo de junio de 2027 es técnicamente posible del mismo modo en que también es técnicamente posible preparar unas enchiladas mineras para diez mil comensales en una cocina de dos metros cuadrados. Posible, sí. Aconsejable, no.
La propuesta de Tadei es mover la cita con jueces, magistrados y ministros al primer domingo de junio de 2028. El argumento central ya no es ideológico sino logístico, y por eso resulta, paradójicamente, tan difícil de ignorar. Hablar de 980 millones de boletas, 350 mil casillas —el doble de las habituales— y 100 mil capacitadores adicionales no es retórica. Es aritmética. Una aritmética que, además, tiene precio: la concurrencia costaría 21 mil millones de pesos; la separación, 19 mil. Dos mil millones de diferencia, el equivalente a la hospitalidad presupuestal que la república raramente se concede a sí misma.
Recordemos que es un escenario de elecciones intermedias donde el ciudadano votaría en una casilla ordinaria y luego —si sus piernas, su tiempo y su paciencia lo permiten— se desplazaría a otra casilla distinta para la elección judicial. No necesariamente cercana. El abstencionismo, ese viejo conocido, sonríe desde la distancia.
El punto pedagógico más honesto que puede ofrecerse aquí es éste: la doble casilla no es un capricho burocrático. La legislación vigente no permite fusionar ambos procesos en la misma urna porque son elecciones de naturaleza jurídica distinta, con padrones, boletas y procedimientos de cómputo diferenciados. Explicar esto a quien nunca tuvo que gestionar tantas mil candidaturas simultáneas requiere algo de misericordia intelectual, pero también algo de franqueza: el diseño original de la reforma fue aprobado con el entusiasmo de quien construye un puente sin haber encargado los cálculos de carga.
Ricardo Monreal, presidente de la junta de coordinación política de la Cámara de diputados, aplaudió con el comedimiento de quien sabe que aplaudir más fuerte implicaría admitir que el problema fue anunciado con meses de anticipación. Añadió, con la generosidad del legislador en modo reformista, que el aplazamiento permitiría revisar las reglas sobre los llamados "acordeones" (esas guías de votación que deberían llamarse lo que son: Manual de instrucciones para votar a quien ya decidieron que votaras), y elevar los requisitos de los candidatos. Pequeñas enmiendas a una reforma que llegó al mundo, digamos, con alguna prisa, solo comparable con la del anuncio de Mario Delgado y su modificación al calendario escolar.
Preciso: lo que está verdaderamente en juego no es un año de calendario. Es la calidad del sufragio en una modalidad electoral cuyo precedente es negativo. Una elección popular del poder judicial se convierte nuevamente en un experimento constitucional; y quienes asistimos a la secundaria aprendimos que los experimentos merecen, al menos, condiciones de laboratorio razonables. El tiempo fatal legislativo es el 3 de junio de 2026, un par de semanas y la voluntad política correspondiente. La cuenta regresiva, como suele ocurrir en estos asuntos, ya empezó antes de que la mayoría se enterara de que existía.
La democracia, dicen los que saben, no se mide por el número de votos sino por la calidad de las condiciones en que se emiten. Dos mil millones de pesos y doce meses adicionales de preparación pueden parecer, para el cinismo acostumbrado a los grandes números del gasto público, una nimiedad. Para el ciudadano que deberá caminar de una casilla a otra bajo el sol de junio, buscando a quién votar entre cientos de candidatos que no conoce, son exactamente la diferencia entre un ejercicio democrático y una prueba de resistencia física.
Finalmente, permítaseme la metáfora futbolera, cabe imaginar al Consejo General del INE como ese portero que durante varios encuentros dejó pasar los balones con una ecuanimidad que bien podría confundirse con indiferencia, quizás confiando en que el marcador no importaría demasiado o en que alguien lo manejaría convenientemente. Cuando el resultado amenaza con volverse definitivamente irremediable —y con él, el ridículo institucional— el portero reacciona: se lanza, estira los brazos, levanta una nube de polvo y detiene lo que queda por detener. El gesto tiene su mérito. Lo que no tiene es… ningún mérito adicional por haberse acordado, tan oportunamente, de que el partido nunca debió llegar a ese minuto.
