La relación entre los carteles de la droga mexicanos y banqueros y empresarios de nuestro país, quedó evidenciada abiertamente cuando el departamento del Tesoro, a través de su brazo ejecutor, el temido FinCen, anunció que impondría sanciones a dos bancos nacionales (CI Banco e Intercam) y a una casa de Bolsa (Vector) en razón de contar con suficientes elementos para considerar a esas instituciones financieras funcionaban como agentes lavadores de dinero del crimen organizado.
Posteriormente vinieron una serie de advertencias de las agencias de seguridad norteamericanas, y del propio presidente Donald Trump, en el sentido de que, si en México no se tomaban en serio los acuerdos bilaterales para combatir a los carteles mexicanos, ya considerados como organizaciones terroristas, con todo lo que ello implica para permitir intervenciones directas contra esas organizaciones dentro del propio territorio nacional, “ellos tendrían que venir a hacer esa tarea”.
La presión de Estados Unidos alcanzó tal nivel que a México no le quedó más alternativa que ponerse a realizar acciones convincentes de su decisión de combatir el tráfico de fentanilo y de atender lo que fue el señalamiento cimero de las autoridades del vecino país, cuando se anunció que solicitaban la detención con fines de extradición de Rubén Rocha Moya y 8 de sus más allegados integrantes de su círculo más cercano, entre ellos el alcalde de Culiacán y el desaparecido senador Enrique Inzunza Cázarez.
Rocha Moya pidió licencia como gobernador de Sinaloa, el senador Inzunza está desaparecido y los otros colaboradores señalados están a la espera de una señal para proceder a instrumentar su huida o para pactar su entrega.
Pero el pasado lunes Estados Unidos tomó una decisión colegiada en la que el eje del combate a los líderes de los carteles mexicanos y a los políticos que los protegen, será nada menos que el Pentágono.
El comandante en jefe del Pentágono es el presidente de los Estados Unidos.
Sin embargo, el secretario de Defensa dirige el Departamento de Defensa y supervisa operaciones diarias, reportando directamente al presidente. En la actualidad, el secretario de Defensa es Lloyd Austin.
El Péntagono ha recibido las informaciones de la DEA y de la CIA, para proceder a la instrumentación de un plan de ataque frontal tanto a líderes de carteles como a políticos ligados a ellos.
De la misma manera tienen los expedientes que les ha entregado el Departamento del Tesoto como el FinCen sobre empresarios y banqueros que estén señalados como posibles instrumentos del crimen organizado para lavar dinero.
Ayer enfatizamos en la relevancia que tiene el anuncio de la FGR, a cargo de Ernestina Godoy, de que se abrieron las carpetas de investigación sobre la elección de Rubén Rocha Moya para gobernador y la del asesinato del diputado federal en funciones y ex rector de la UAS, Héctor Melesio Cuén Ojeda, ocurrido la misma noche en que el hijo del Chapo Guzmán, con la presumuble complicidad de Rubèn Rocha Moya, entregó a Ismael, el Mayo, Zambada, a las autoridades norteamericanas para que lo trasladaran a un lugar de aquel país, consumándose una traición entre políticos y narcos mexicanos que ahora revienta con los presuntos informes del Mayo Zambada que tienen en un hilo a una lista de polìticos de nuestro país que, en cualquier momento, pueden ser trasladados a Estados Unidos para ser juzgados por graves delitos que los pueden llevar a condenas como las que ahora compurgan el Chspo Guzmán Y Genaro García Luna.
La intervención del Pentágono, encabezado por el presidente Trump, marca el inicio de una operación que difícilmente tendría un punto de retorno.
