No permitiremos que ningún funcionario, de cualquier nivel o partido, incurra en cobros ilícitos, afirmó el diputado Alejandro Arias

El Pleno de la LXVI Legislatura aprobó el dictamen de dos iniciativas que dieron lugar a una reforma al Código Penal que “cierra la puerta” a la cobranza extrajudicial ilícita de préstamos “gota a gota”, apoyada en prácticas de hostigamiento, intimidación y uso de la fuerza “que ningún guanajuatense merece”, afirmó el diputado Alejandro Arias.

Resaltó que hablar de cobranza extrajudicial ilícita es hablar de personas, de familias enteras que viven con miedo, de comerciantes que abren su negocio sin saber si ese día les tocará ser amenazados, y de mujeres, adultos mayores y jóvenes que viven bajo la presión de prácticas ilegales disfrazadas de deudas.

Prácticas ilegales que “terminan destruyendo el tejido social, porque ahí afuera, en las colonias, en los mercados y en los comercios, hay personas que están siendo víctimas de prácticas que ningún guanajuatense merece”, agregó el coordinador del GPPRI.

Arias Ávila subió a tribuna para hablar a favor del dictamen que se puso a consideración de diputadas y diputados, y destacó de su contenido una definición de cobranza extrajudicial cuya redacción, dijo, “reconoce lo que está pasando allá afuera”: 

“La cobranza extrajudicial ilícita es el uso de violencia o intimidación, personalmente o por cualquier medio, no sólo contra el deudor, sino también contra sus familiares, amistades o referencias, para obligarlo a pagar una deuda”.

“Pero quizá la pieza más importante es la que el PRI impulsó desde el inicio: la agravante por intervención de servidores públicos”, anotó enseguida, en alusión al objetivo fundamental de una iniciativa de su autoría, plasmado en el dictamen suscrito por la Comisión de Justicia.

Explicó que, en ese aspecto, en el dictamen se establece que, si en la comisión de ese delito intervienen funcionarios públicos, la pena se incrementará de dos tercios del mínimo a dos tercios del máximo, con lo que la penalidad pasaría de1 año a 1 año 6 meses, y de 4 años a 6 años 6 meses, respectivamente, además de que en esos casos se impondría destitución e inhabilitación para ocupar cargos públicos por un tiempo igual al de la pena.

Para resaltar la importancia de considerar esa agravante, manifestó que el propósito es no permitir que “ningún funcionario, de ningún nivel y de ningún partido, utilice su investidura para intimidar, cobrar ilegalmente o extorsionar a las personas”.

“En el PRI estamos absolutamente en contra de la cobranza ilícita, venga de donde venga y la ejecute quien la ejecute, en contra de quienes amenazan, de quienes intimidan, de quienes usan la violencia para cobrar, de quienes lucran con la necesidad de la gente y convierten una deuda en un instrumento de sometimiento”, remarcó al final de su intervención.