En sesión del Pleno de la LXVI Legislatura, el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, diputado Alejandro Arias, afirmó que el llamado Plan B electoral es “resultado y producto de la improvisación y falta de estudios técnicos puntuales y precisos, respecto de lo que implica la organización política, tanto de estados como de municipios”.
Para respaldar su afirmación expuso una serie de números relacionados con la conformación de Ayuntamientos que reflejan la improvisación en dicha reforma constitucional en materia político-electoral.
Sostuvo que en el país existen 180 municipios que tendrían que reducir a 1 la sindicatura de sus ayuntamientos en 14 estados, menos de la mitad de las entidades federativas que se requieren para la aprobación de una reforma constitucional.
Y añadió que, de los 2 mil 478 municipios que existen, mil 85 tienen hoy menos de 7 regidores y que, de acuerdo con el Plan B ya aprobado, eso “abre la posibilidad de crear 2 mil 979 nuevos cargos de regidor, frente a sólo 205 regidurías a eliminar en 59 municipios que tendrían más de 15” actualmente en sus respectivos cabildos.
Por ello es falso el argumento de austeridad que prácticamente obliga a crear casi tres mil nuevos cargos. En realidad, a pesar del discurso de la austeridad, en este caso es sólo un sofisma. Es en realidad una simulación”, concluyó.
Subió a tribuna para hablar a favor del dictamen de la Minuta Proyecto de Decreto de reforma constitucional en materia político electoral que emitió la Comisión de Gobernación en sentido negativo, para “dejar patente nuestro rechazo a la vulneración del pacto federal y a la libertad de las entidades federativas a la libre configuración del marco jurídico que ha de ordenar su vida social”.
Al respecto, afirmó que la SCJN ha señalado en reiterados criterios que el sentido del federalismo implica, además de una distribución de atribuciones entre los distintos órdenes de gobierno, un franco reconocimiento de un espacio de libre configuración normativa que permite a las entidades federativas realizar el diseño de sus instituciones”.
Dijo que las reformas constitucionales que se aprobaron se apartan del respeto a los principios del federalismo, al imponer a los estados formas de gobierno no consensuadas.
Al imponer reglas específicas de aplicación uniforme que trascienden en su organización y la de los municipios, así como en su autonomía presupuestaria bajo el falso argumento de la eliminación de los privilegios, abundó.
