
Más de 28 mil menores de edad han sido asesinados en México durante los últimos 11 años; se registran siete casos al día

En México, en promedio siete niñas, niños y adolescentes son asesinados cada día (7.05) y 85 más son víctimas de crímenes sexuales diariamente, a la par que en los últimos 11 años 28 mil 340 menores de edad han sido asesinados. A esto se suma que cada semana se registra al menos un caso de trata con fines de explotación sexual infantil, de acuerdo con datos presentados por organizaciones civiles.
“Estamos frente a violencias sistemáticas que siguen sin ser plenamente reconocidas en las estadísticas oficiales”, advirtieron organizaciones como Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos (Seiinac) y la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM).
En la conferencia “Infancias en datos”, realizada en el Centro de Cultura Digital, hicieron hincapíe en que, a pesar de la gravedad, solo 11.87% de los asesinatos de niñas y adolescentes se investigan como feminicidio, lo que evidencia fallas estructurales en la procuración de justicia.
Durante la presentación, realizada en el marco del 5º Hackatón por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, también se documentó que en Chiapas se han registrado 570 desapariciones entre 2025 y el primer trimestre de 2026, de las cuales 55% corresponden a población indígena y 60% a adolescentes mujeres.
Además, se identificaron 126 casos de desapariciones múltiples, así como 47 casos de madres jóvenes desaparecidas con sus hijas e hijos y 14 desapariciones en casas hogar y albergues.
Las organizaciones Melel Xojobal, REDIAS y Vientos Culturales alertaron que estas violencias se combinan con otros problemas persistentes: la violencia física y verbal afecta a cerca del 50% de niñas, niños y adolescentes, mientras que la violencia sexual alcanza entre 10% y 13%, de manera principal en mujeres adolescentes.
En materia de salud mental, advirtieron que, aunque los intentos de suicidio disminuyeron de 24% en 2022 a 16% en 2025, las autolesiones se mantienen en 28%, con mayor incidencia en mujeres.
En contexto de movilidad humana, el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi) aseguró que se han vulnerado derechos clave como la reunificación familiar, la cual se detuvo abruptamente hacia finales de 2024, en medio de cambios en políticas migratorias.
Alertó acerca de obstáculos crecientes con la intención de acceder a documentos de identidad, especialmente en niñas y niños con doble nacionalidad, principalmente de origen venezolano.
Por su parte, la organización Junto con los Niños (Juconi), indicó que casi la mitad de las niñas y niños en primera infancia presentan rezagos en su desarrollo, de modo particular en contextos de pobreza y violencia familiar.
De 166 menores evaluados, 47% se localizó debajo del nivel esperado, pese a que el acompañamiento integral mostró mejoras en más de la mitad de los casos.
En el entorno escolar, El Poder del Consumidor reportó contrastes: 7 de cada 10 escuelas ofrecen frutas y verduras, pero 3 de cada 10 aún venden productos ultraprocesados y bebidas azucaradas, además de que persisten limitaciones en el acceso a agua potable.
Las organizaciones no gubernamentales coincidieron en que dichas violaciones son prevenibles, pero requieren políticas públicas integrales con enfoque de derechos, género, interculturalidad y movilidad humana, así como el fortalecimiento de sistemas de información y la incorporación de datos generados desde la sociedad civil.
Durante el evento, niñas, niños y adolescentes también alzaron la voz. Ximena Sarahí, integrante del grupo de participación de REDIM, advirtió que, aunque existen avances, las infancias siguen siendo invisibilizadas en problemáticas como la desaparición, la trata y el reclutamiento, pese a que deberían ser escuchadas en las decisiones que les afectan.
Los datos fueron presentados como parte del 5º Hackatón por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia y el 1er Festival de Datos sobre Niñez y Adolescencia, que se desarrollarán del 17 de abril al 17 de mayo con el fin de impulsar el empleo de información para incidir en políticas públicas y colocar a las infancias en el centro de la agenda.


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