El 1 de abril, de acuerdo con lo que fija la ley, la Secretaría de Hacienda entregó al Congreso los llamados Precriterios de Política Económica para 2027. Se trata del primer documento oficial que establece la visión del gobierno respecto a cómo estarán la economía y las finanzas públicas el próximo año.
Los Precriterios cuentan una historia que, a primera vista, parece tranquilizar.
Hacienda traza una ruta donde los Requerimientos Financieros del Sector Público bajan de 4.9 por ciento del PIB para este año a 3.5 por ciento en 2027 y con un balance primario que pasa a terreno positivo.
La deuda pública amplia se movería de 54.7 a 55.0 por ciento del PIB, entre 2026 y 2027, una trayectoria que Hacienda presenta como compatible con la estabilidad fiscal.
Pero el verdadero tema no es si hay una trayectoria descendente del déficit, sino si basta para garantizar sustentabilidad fiscal en un entorno de bajo crecimiento, tasas todavía relativamente altas, y crecientes presiones de gasto.
Ahí empiezan las dudas.
Hacienda mantiene para 2026 un rango de crecimiento de entre 1.8 y 2.8 por ciento, y lo eleva a entre 1.9 y 2.9 por ciento para 2027.
Fuera del gobierno, el escepticismo es evidente. La OCDE proyecta apenas 1.3 por ciento en 2026 y 1.7 por ciento en 2027, y además elevó su previsión de inflación a 3.8 por ciento para este año, cinco décimas más de lo que estimaba en diciembre.
El estimado de crecimiento más reciente de Banxico es de 1.6 por ciento para este año y de 2.0 por ciento para 2027, una visión más cautelosa que la de Hacienda.
Si el crecimiento real termina más cerca del consenso privado que del rango oficial, el ajuste fiscal se volverá más difícil. No sólo porque la recaudación crecería menos, sino porque aumentaría la tentación de compensar la debilidad económica con más gasto o con apoyos extraordinarios.
Y hoy México no tiene un gran colchón de crecimiento: la propia OCDE señala que preservar la estabilidad macroeconómica exige medidas creíbles tanto por el lado del gasto como por el de los ingresos.
Hay un segundo elemento delicado. La reducción del déficit en 2027 descansa, en buena medida, en un recorte fuerte del gasto programable: una caída de 259 mil 500 millones de pesos, equivalente a 6.8 por ciento en términos reales respecto a 2026.
El ajuste futuro no ocurrirá porque desaparezcan las presiones inerciales —el gasto no programable sigue subiendo por costo financiero y participaciones a estados—, sino porque la variable de ajuste volverá a ser el gasto sujeto a decisión presupuestal, donde conviven inversión, operación gubernamental y capacidad de ejecución del Estado.
Hacienda sostiene que la inversión estratégica será protegida. Ese es, sin duda, el argumento más importante a favor del plan. Si de verdad se resguardan los proyectos de infraestructura, agua, energía y vivienda, el ajuste tendría un sesgo menos recesivo.
Pero una cosa es la intención y otra la aritmética. Cuando el espacio se estrecha, suele aparecer un deterioro menos visible pero muy costoso: mantenimiento insuficiente, menor capacidad administrativa, retrasos en compras públicas y servicios más débiles.
Además, persiste la sombra de Pemex. Los Precriterios presumen ahorros por amortización de deuda, pero esos ahorros son circunstanciales. Pemex sigue siendo un factor estructural de fragilidad fiscal.
El FMI fue claro desde su revisión de 2025: la senda oficial de consolidación no bastaría para poner la deuda en una ruta descendente firme y podría llevarla a 61.5 por ciento del PIB hacia 2030. Por eso recomendó un déficit de 2.5 por ciento del PIB para 2027, además de fortalecer ingresos permanentes y sanear a las empresas públicas.
Incluso, al renovar la Línea de Crédito Flexible por 24 mil millones de dólares, el propio Fondo reconoció la resiliencia de México, pero insistió en que hace falta mayor alcance fiscal.
No quiere decir que México esté al borde de una crisis fiscal. No es el caso.
El país mantiene fortalezas relevantes: deuda predominantemente en moneda nacional, a tasa fija y con vencimientos largos; acceso a mercados; y una historia de disciplina macroeconómica que pesa a su favor. Pero esos factores ya no bastan por sí solos.
Los Precriterios, en ese sentido, son más una promesa de equilibrio que una prueba concluyente de sustentabilidad.
La buena noticia es que Hacienda no renuncia a la consolidación fiscal. La mala es que apuesta a lograrla en un entorno donde casi todo juega en contra: bajo crecimiento, riesgos externos, presiones inflacionarias y obligaciones crecientes.
La pregunta no es si el ajuste puede hacerse. La pregunta es si puede hacerse sin lastimar más a una economía que, por ahora, sigue creciendo demasiado despacio.
