Con los actos de violencia extrema registrados a raíz del abatimiento del líder del CJNG como antecedente más reciente de ese tipo de acciones, el diputado Alejandro Arias propuso una iniciativa para que se sancione con 15 a 40 años de prisión a quien financié actos considerados como terrorismo, pero también a quien recluta, capacita, entrena o adiestra personas para que los lleven a cabo.
ue la pena de prisión, y la de 150 a mil días de multa se aplique por igual a quienes financian con recursos materiales o económicos acciones terroristas, y a quienes adiestran personal para que las cometan, es el propósito de su propuesta.
En el apoyo que se brinda a actos que generan miedo y temor entre la población y pueden llegar a paralizar la actividad económica, social, comercial, turística y hasta gubernamental, sancionable en esos términos, “quedan incluidos todos aquellos sujetos que, incluso, vienen de otros países a entrenar sicarios”, precisó el legislador.
La delincuencia organizada recluta jóvenes para ser sicarios; pero, además, entrenarlos en la realización de acciones que constituyen terrorismo, como es el manejo de explosivos, armas de alta letalidad, el robo y quema de vehículos, quema de negocios o viviendas, así como la obstrucción a las vías de comunicación estatal o municipal en nuestra entidad”, afirmó.
Al detallar las motivaciones de su propuesta de incorporar un artículo al Código Penal para sancionar el apoyo a actos terroristas, reiteró que entrenar personas para que los cometan constituye “un apoyo específico que debe ser sancionada con una pena igual a la establecida para el autor material”.
Su iniciativa va en la ruta de fortalecer el tipo penal de terrorismo, a la que anteceden dos previamente presentadas por el coordinador del GPPRI y actualmente en análisis en la Comisión de Justicia para su dictaminación, para que no se limite a acciones delictivas que tengan origen en las cuestiones políticas o religiosas.
Se presenta a la luz de la violenta reacción por el abatimiento de El Mencho, la cual incluyó quema de autobuses y vehículos particulares, incendios en establecimientos comerciales, robo y posterior incineración de automóviles para bloquear vialidades, así como acciones encaminadas a obstaculizar la respuesta de la autoridad y generar un clima de temor en la población.
“Estos acontecimientos ponen de manifiesto la necesidad urgente de fortalecer el marco jurídico penal, a fin de sancionar no sólo a quienes ejecutan directamente estos actos, sino también a quienes, desde etapas previas, contribuyen a su materialización mediante la provisión de recursos, incluidos los humanos, remarcó.
