La reforma electoral que propone Claudia Sheinbaum nace —si atendemos al contexto político— como una criatura que llegan al mundo con acta de defunción bajo el brazo. No porque carezca de ambición, sino porque su viabilidad depende de una aritmética legislativa que hoy no existe. Y en política, como en la guerra uno no carga el mosquete sin pólvora, diría aquel viejo escritor español narrador de batallas interminables.
El impacto político inmediato no está tanto en el texto de la reforma que fue enviado al legislativo el miércoles 4 de marzo, sino en el gesto. En presentarla aun sabiendo que requiere mayoría calificada —y que los aliados no están completamente alineados— es un movimiento que preocupa y tensiona a la coalición oficialista. En términos prácticos, obliga a Morena a definirse: o disciplina a sus socios o aprende a caminar sin el bastón verde y la muleta roja. El mensaje implícito es que la lealtad ya no se presume, se prueba. AMLO solía decir, palabras mas, palabras menos, 10% eficiencia y 90% lealtad. Y eso, en un sistema acostumbrado a la suma pragmática, es dinamita pura.
El segundo efecto, como lo hemos comentado en anteriores entregas, es más delicado: la discusión sobre representación. Modificar o eliminar mecanismos de representación proporcional altera, inevitablemente, el equilibrio entre mayorías y minorías. La promesa de “simplificar” o “abaratar” el sistema puede sonar virtuosa; pero en política, y más en lo electoral, lo barato suele salir caro, y lo simple rara vez es inocente. Si el rediseño favorece a quien ya es fuerte, el pluralismo podría adelgazar hasta volverse solo testimonial. No olvidemos que la democracia mexicana siempre ha sido generosa en ornamentos y tacaña en coherencias.
Un ejemplo práctico ilustra el riesgo: imaginemos un estado donde un partido obtiene 42% de los votos, otro 35% y el resto se dispersa. Con representación proporcional robusta, el Congreso local refleja esa diversidad. Sin ella, el partido más votado podría traducir esa pluralidad en hegemonía legislativa. Legal, sí. Representativo, discutible… bastante discutible.
Un tercer impacto es estratégico rumbo a 2027. Si la reforma no avanza, la presidente Sheimbaum conserva la bandera simbólica de “haberlo intentado” y desplaza el costo político hacia quienes no acompañaron. Si avanza parcialmente, habrá que negociar artículo por artículo, diputado por diputado: política en estado puro, sin épica y sin absoluciones. (Remember la cooptación de personajes jurídicamente vulnerables que le dio la mayoría en el senado a Morena, para la aprobación de la reforma al poder judicial, en septiembre de 2024).
Desde esta perspectiva, más que un parteaguas jurídico inmediato, la iniciativa se ha planteado como prueba de fuerza. Por el momento no redefine aún las reglas del juego, pero sí obliga a los jugadores a mostrar sus cartas. Y en México, cuando alguien muestra las cartas, no siempre es porque confíe en la suerte; a veces es porque quiere que los demás sepan a qué está dispuesto.
Mientras tanto en Guanajuato… lo que aquí tenemos es el estreno de una nueva vocal ejecutiva del INE en Guanajuato, Ana Lilia de nombre, Pérez Mendoza de apellidos, que tomó protesta el lunes 2 de marzo con el mismo guion de siempre: los distritales convocados como comparsa, el aplauso fácil y esa cosa tan nuestra de solemnizar lo que debiera ser trámite. Nada nuevo bajo el sol, vaya.
