Palacio Nacional afina su reforma electoral sin el Verde y el PT

La presidenta Claudia Sheinbaum se cansó de esperar el consenso en la coalición oficialista sobre la iniciativa de reforma electoral y el próximo martes presentará su proyecto aún sin el acuerdo del Partido Verde y el Partido del Trabajo, aliados de Morena que han condicionado su apoyo a no perder prerrogativas ni diputados plurinominales. “No tiene caso una reforma electoral totalmente desdibujada. Hay temas que ha planteado la gente y que vamos a presentar”, ha dicho este jueves en la conferencia matutina. Según funcionarios que han participado en las reuniones, la decisión es mandar la iniciativa al Congreso, sin “descafeinar” la propuesta original, y que cada partido se haga responsable de su voto en el Congreso.

En las últimas horas, la presidenta ha pedido a la comisión de reforma electoral que afine la iniciativa para mantener los objetivos originales que planteó desde el año pasado: disminuir el costo del sistema electoral, bajar el financiamiento público de los partidos políticos hasta en un 25%; reducir el Senado de 128 a 96 escaños, eliminando la lista nacional, y replantear la manera en la que se deciden las 200 diputaciones de Representación Proporcional, quitándole a las dirigencias partidistas la facultad de ordenar listas cerradas y otorgando a la ciudadanía la posibilidad de votar en listas abiertas.

Los aliados de Morena han condicionado una y otra vez su respaldo a la iniciativa presidencial a que no pasen algunos de esos puntos que ahora Sheinbaum decide retomar en una suerte de ultimátum. Un escenario que ya había sido previsto por el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, quien este jueves ha puesto a consideración de su bancada un acuerdo para respaldar la decisión de la mandataria. Fue aprobado por unanimidad. El diputado ha reconocido que será difícil construir la mayoría calificada de dos terceras partes, necesaria para aprobar reformas constitucionales, pero ha pedido no anticipar cómo votarán los aliados una iniciativa que aún no se presenta. “Hay que hacer un esfuerzo para convencerlos, la política es eso”, ha dicho. El Verde y el PT tienen los diputados y senadores que necesita Morena para alcanzar la mayoría de 334 votos en la Cámara y 85 en el Senado y, por la conformación actual de las bancadas, se requiere que los dos partidos aporten sus legisladores para lograrla, especialmente en el Senado, donde el oficialismo cuenta con 86 escaños.

Las negociaciones entre las dirigencias partidistas iniciaron el pasado 16 de enero en el despacho de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien desde entonces ha encabezado más de 20 reuniones con dirigentes y legisladores. Durante un mes de conversaciones, los enviados del PVEM y PT han mantenido su rechazo en los temas de prerrogativas y representación proporcional, e incluso llegaron a hacer públicas sus posturas, cuestionando la necesidad de la reforma. A su vez, la dirigente de Morena, Luisa María Alcalde, se ha mostrado reacia a ceder en las posturas originales que la presidenta Sheinbaum hizo públicas desde su discurso de toma de protesta.

Luego de una larga serie de desencuentros, la presidenta ha ordenado concluir ya la iniciativa con base en sus planteamientos originales y en los resultados de los foros de consulta que se hicieron el año pasado desde la comisión presidencial de reforma electoral y a partir de una encuesta que Sheinbaum ordenó levantar para orientar su propuesta. Según dicha encuesta, más del 70% de la ciudadanía está a favor de bajar los costos de las elecciones, reducir las plurinominales y disminuir el financiamiento público de los partidos.

Cómo quedarían las Cámaras, las prerrogativas y el INE

Para Sheinbaum, es vital que su propuesta de reforma electoral atienda esos reclamos ciudadanos, y así lo ha dejado ver en sus declaraciones de este jueves y en las reuniones con su equipo. Su iniciativa plantearía mantener las 500 diputaciones federales, pero con un sistema de votación para decidir a los 200 de Representación Proporcional mediante el sistema de listas abiertas estatales, incluyendo entre ellos ocho diputaciones migrantes. Es decir, las listas que actualmente se confeccionan por las cúpulas partidistas, se ordenarían a partir de las candidaturas más votadas por el electorado. El Senado se reduciría de 128 a 96 escaños, eliminando los 32 de RP que actualmente surgen de una lista nacional postulada por los partidos políticos, en la que dirigentes partidistas como Marko Cortés, del PAN, o Alejandro Moreno del PRI, se colocaron en primer lugar en las elecciones de 2024 para garantizarse una senaduría.

El financiamiento público a los partidos se reduciría en un 25%, al modificar la fórmula mediante la que se decide actualmente el monto, y que consiste en multiplicar el número de ciudadanos registrados en el padrón electoral por el 65% del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Con base en esa fórmula, para 2026 la bolsa de prerrogativas para el gasto anual ordinario de los seis partidos con registro nacional alcanzó los 7.737 millones de pesos, un exceso en un año sin elecciones federales. Según la propuesta de la comisión, el factor para multiplicar la UMA se bajaría al 48,5%, y de esa manera se lograría un ahorro de casi 2.000 millones de pesos cada año. Hasta el momento, no se ha definido si cambiaría también la fórmula de distribución de esos recursos, que actualmente es: 30% equitativo y 70% de forma proporcional a la votación de cada partido en la elección federal. PT y PVEM han pedido que se modifique a un esquema 50-50 para compensar los recursos que perderían los partidos menos votados.

Otra propuesta que busca generar ahorros es la reestructuración del Instituto Nacional Electoral, que ya no tendría 300 Juntas Distritales permanentes, sino temporales, y que fusionaría áreas como la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral. La educación cívica ya no sería facultad del INE, y así se eliminarían proyectos como la ENCÍVICA, a la que el INE le destina millones de pesos anualmente. Los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) se mantienen, pero se reducen de siete a cinco sus consejeros, que ya no serían designados desde el INE, sino desde el Senado de la República. Los tribunales electorales de los estados también permanecen, pero sus magistrados serían electos en la elección judicial de sus entidades.

La iniciativa busca endurecer la fiscalización de los recursos que ejercen los partidos y candidatos, para tratar de frenar el financiamiento ilegal de campañas, y se mantendría como facultad exclusiva del INE. También se planteará facilitar los mecanismos de democracia participativa, unificando la fecha de las consultas populares con las jornadas electorales. Y se buscará garantizar el derecho de la “diáspora mexicana” a votar y ser votados y participar en las consultas de revocación de mandato.