Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Político-Electoral, de la Cámara de Diputados aprobaron esta noche el dictamen de la minuta del llamado “plan B” en materia electoral enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum, que fue aprobada hace dos semanas en el Senado de la República.
Luego de una sesión que se desahogó en poco más de dos horas, con sólo 24 oradores en intervenciones de tres minutos cada uno, el documento fue avalado por 33 votos en favor y 7 en contra de los integrantes de Puntos Constitucionales, y 27 en pro y 6 en contra, para un total de 60 en favor –de Morena y sus aliados, además de MC-- y 13 en contra–del PRI y el PAN--.
El dictamen será discutido y votado este miércoles en el pleno de San Lázaro, donde se desahogarán las reservas y votos particulares.
En defensa de la iniciativa presidencial, Lilia Aguilar Gil (PT) señaló que tiene un “enfoque de fin de los privilegios y del gasto excesivo”, al llevar a la práctica la disposición de austeridad de que ningún servidor público –en este caso, los consejeros electorales y magistrados electorales— tengan percepciones más altas a las de la presidenta de la República.
“Daba la impresión de que, desde el Olimpo de los dioses electorales, no sólo había sueldos extraordinarios, sino también prestaciones extraordinarias” que fueron promovidas por los partidos que ejercieron el poder antes de 2018, resaltó.
Los consejeros del INE, insistió, actualmente ganan 262 mil pesos mensuales y tienen seguros por 39 mil pesos, por lo que debe exigirse que quienes ejercen el servicio público se guíen por los principios de la austeridad, lo que además permitirá generar ahorros.
En el mismo sentido, Carmen Bautista (Morena) consideró que la iniciativa presidencial “resulta incómoda porque revisa prácticas que se defendieron como normales, aunque implicaran un uso poco responsable de los recursos”.
Según la legisladora, al limitar los gastos en los organismos electorales y en los gobiernos municipales, el “plan B” permitirá ahorros por más de 4 mil millones de pesos, los cuales podrán destinarse a fortalecer la infraestructura municipal y a cubrir diversas necesidades de la población.
La iniciativa, recalcó Bautista, significa “pasar de un modelo de privilegios, a uno de responsabilidad, de integración más racional de los ayuntamientos, con estructuras infladas que no necesariamente generan mejores resultados. El fondo es si se mantiene el dinero en estructuras ineficientes, o se destina al bienestar de la gente”.
Su compañero de bancada Humberto Aldana apuntó que la reforma “le arde a los que, poco a poco, han ido perdiendo los privilegios que tenían”, pues busca consolidar un esquema de “austeridad republicana, no de ostentación”.
Según el diputado, la enmienda propuesta por el Ejecutivo hará más eficiente el gasto público y lo alineará con estándares internacionales de disciplina fiscal, para destinarle esos fondos a la realización de obras públicas en los municipios.
“Se debilitan contrapesos”, alerta la oposición
En contraposición, César Domínguez (PRI) denunció que, aunque la propuesta de Sheinbaum mantiene la “narrativa” de la austeridad, la representación democrática y el diseño institucional de la democracia mexicana, en realidad se trata de una “cortina de humo” para ocultar los problemas financieros y de inseguridad que aquejan al país.
En ese sentido, cuestionó si hay estudios de impacto presupuestal que cuantifiquen los ahorros que realmente se obtendrían, si el gobierno puede demostrar si la disminución del número de regidores funciona, y si es justificable imponer límites “uniformes” en ese tema en municipios con características diversas.
Asimismo, se preguntó si hay evidencia que los municipios con gobiernos más pequeños son más eficientes, si hay análisis sobre los posibles riesgos constitucionales de reducir los ayuntamientos, y si se ha estudiado si la austeridad busca “debilitar los contrapesos democráticos e institucionales”.
El también priísta Emilio Suárez Licona alertó que el “plan B” significa un “nuevo intento por desmontar la arquitectura institucional, bajo la narrativa simplista del combate a los privilegios”, pues “vulnera al federalismo al pretender definir desde el centro un límite al gasto de los congresos locales, haciendo caso omiso de su autonomía”.
Además, dijo, promover la “austeridad” dentro del INE “es un pretexto para debilitar a las instituciones que garantizan elecciones libres y confiables, y parte de la premisa equivocada de que la actividad electoral se puede tratar como cualquier otra tarea administrativa” cuando no lo es, porque los comicios implican un trabajo de alta especialización, con plazos improrrogables, y del cual depende la “certeza democrática” en México.
En ese tono, el legislador señaló que el actual gobierno sostiene el discurso de la lucha contra el despilfarro, al mismo tiempo que los proyectos del Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles”, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya significan –sostuvo- un “sobrecosto” conjunto de 800 mil millones de pesos, equivalentes a 300 años de organización de elecciones.
La vicecoordinadora de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), Noemí Luna, coincidió en que el “plan B”, además de tener errores de redacción, no implica ahorros verdaderos, pues actualmente la mitad de las entidades federativas no les destinan más del 0.7 por ciento de sus presupuestos a sus congresos, y de los 2 mil 478 municipios del país, sólo 60 tienen más de 15 regidores.
MC cuestionó la reforma, pero al final votó en favor del dictamen.
