La diputada Rocío Cervantes destacó que, por su relevancia social y económica y por su vulnerabilidad ante las inclemencias y fenómenos climatológicos, el agroalimentario es uno de los sectores estratégicos que requieren ser atendidos con carácter prioritario con apoyos y programas públicos.
Particularmente a pequeños productores que dependen directamente del trabajo en el campo como principal medio de subsistencia y como fuente para garantizar condiciones de vida digna para sus familias, precisó.
“Priorizar a las y los pequeños productores no solo atiende un principio de justicia social, sino que contribuye a preservar la producción nacional de alimentos, a reducir la desigualdad territorial y a garantizar el desarrollo sostenible de las comunidades rurales”, abundó.
Se refirió concretamente a la “necesidad urgente de productores que se han visto afectados por las inclemencias del clima, y que desafortunadamente a la fecha no han podido recuperase de las pérdidas que sufrieron” en áreas de cultivo de los municipios de Manuel Doblado, Cuerámaro, Abasolo, Pénjamo, Ocampo y Xichú.
Cervantes Barba, presidenta de la Comisión de Desarrollo, presentó ante el Pleno el dictamen de un Punto de Acuerdo de su autoría para que se establezcan un fondo de contingencia que permita aumentar la cobertura en eventos extremos y un esquema escalonado de indemnización agrícola para que el seguro catastrófico agrícola sea más justo, proporcional y técnico considerando diferencias entre cultivos, costos productivos y vulnerabilidad climática.
Ese Punto de Acuerdo, que contempla exhortos a la gobernadora y a la secretaria del Campo para que actúen en consecuencia, “fue justo para dar voz a esas personas que requieren ser escuchadas y visibilizadas”, dijo.
Recordó que sequías prolongadas, heladas atípicas, lluvias torrenciales e inundaciones afectan el ingreso de quienes trabajan la tierra, pero también la seguridad alimentaria de la población, para luego anotar que destinar recursos al campo “no debe concebirse como un gasto, sino como una inversión estratégica para el bienestar presente y futuro de nuestro estado y del país”.
“Y debo señalar, que, si se suman esfuerzos por parte de los 3 niveles de gobierno, en base a sus capacidades y atribuciones, podremos estar en la posibilidad de atender las necesidades tan urgentes que hoy tiene el campo guanajuatense”, agregó.
En ese tenor, la legisladora comentó que “bajo el principio de incertidumbre que caracteriza a la actividad agrícola, resulta prioritario que el gobierno implemente políticas públicas subsidiarias que, al menos, garanticen la recuperación de los costos de producción”.
Su propuesta de Punto de Acuerdo fue aprobada por unanimidad por el Pleno de la LXVI Legislatura local.
