La Auditoría Superior de la Federación presentó este martes su análisis del último año del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, en el que detectó “montos por aclarar” por 65.000 millones de pesos, sobre 3.800 millones de dólares al cambio actual. La cifra que da la agencia encargada de vigilar cómo se gasta el dinero público en México es el consolidado de todo 2024 y son asignaciones sobre las que, cuando cerraron los informes, las entidades fiscalizadas no habían entregado los documentos que demuestran que se ejercieron de forma correcta. Esta podría ser la última entrega de David Colmenares como cabeza de la institución, ya que en pocos días arranca el proceso para elegir a un nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación y la Comisión de Vigilancia.
Durante la presentación de este informe en la Cámara de Diputados, el auditor Colmenares presumió que las 2.264 auditorías realizadas para 2024 son la cifra más alta en la historia de la institución. Su gestión ha sido criticada desde la oposición y organizaciones de la sociedad civil, que señalan su cercanía con Morena, y aportan como evidencia la caída en la presentación de denuncias de la Auditoría ante las fiscalías por los desfalcos de recursos. Las instituciones que han recibido observaciones tienen ahora un mes para presentar la información correspondiente y, en otros cuatro meses, la Auditoría deberá emitir un dictamen sobre si sí han logrado—o no— demostrar que el dinero se ejecutó de forma correcta.
En la Cuenta Pública 2024, el Gobierno tiene unos 673 millones de pesos por aclarar, concentrado en el Consejo de la Judicatura Federal, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional Electoral. En el Consejo, los 272 millones sin destino claro son debidos a la falta de documentación en los servicios de comedor, de seguridad, limpieza y tecnologías de la información. En este último rubro se pagaron 92 millones de pesos a una empresa de impresión sin registro electrónico de copias, además de tener un litigio por la compra de casi 9.000 equipos.
En el caso de la Secretaría de Marina, se detectaron 108 millones de obras ya pagadas pero en los que “se constató que estos trabajos no se encontraban ejecutados” para la “Construcción del Sector Naval y Batallón de Infantería de Marina número 34” en las instalaciones de Boca de Chila en Nayarit. Lo mismo ocurrió con otros 80 millones de pesos en las instalaciones navales en Puerto Libertad, Sonora.
Para la categoría de Desarrollo Económico, que son las instituciones y proyectos federales para la actividad productiva, la infraestructura y los sectores estratégicos, hay 3.700 millones de pesos sin justificar, concentrados en Pemex con 1.700 millones, y el sector de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes con 1.200 millones. En Pemex, la mayoría se centra en los campos petroleros como Quesqui, en Tabasco, donde se pagaron 1.200 millones de pesos de más en supuestos trabajos de perforación no comprobados; y en el sector de infraestructura son diversos proyectos por toda la república. Además, en Desarrollo Social, hay más de 1.400 millones para aclarar, concentrados en hallazgos en salud, educación, y medio ambiente y recursos naturales.
Pero la parte del león de los pendientes se dio en el gasto federalizado, es decir, los recursos que se otorgan a Estados y municipios para campos como educación, salud o infraestructura. Ahí hay dudas con 59.000 millones de pesos, repartidos entre municipios, alcaldías, universidades, fiscalías locales y otros entes. Destaca Estado de México con más de 13.000 millones de pesos, donde casi todo es atribuible a municipios, e incluyen a Valle de Chalco, que ese año sufrió una inundación de meses.
